Cpccs: la herencia de un problema y no de una solución a la democracia de poderes

Creada mediante la Constitución del 2008, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), es una entidad que fue presentada como la solución a la autonomía, entiéndase política, en sus funciones que buscaban promover el ejercicio de los derechos de participación ciudadana en el control de lo público.

Argumentada dentro de los parámetros de la democracia participativa, sus primeros miembros fueron siete consejeros y consejeras principales y siete suplentes que habían sido seleccionados de entre representantes de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a través de un concurso público de méritos y oposición.

Pero esta fórmula, única en el mundo, fracasó, y Ecuador descubrió que había heredado un problema y no una solución a la tan anhelada democracia de poderes.

LEA: El CPCCS tiene 14 años de vigencia y nueve ha estado bajo el control del correísmo

Justo antes de cumplir sus primeros 10 años de existencia, el CPCCS fue reestructurado. En febrero de 2018 el expresidente Lenín Moreno convocó un referéndum y consulta popular que incluía entre sus preguntas dar por terminado el periodo de los consejeros principales y suplentes, para mediante una terna que era escogida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) enviar a la Asamblea Nacional para la designación de los consejeros.

Fue así que a partir de la aprobación del Referéndum efectuado el 4 de febrero de 2018, las consejeras y consejeros pasaron a ser escogidos mediante votación popular, sin auspicio político alguno.

La pregunta que consultaba a los ecuatorianos sobre esta decisión, ganó con 63,08% de votos, y a partir de ahí los vocales permanentes del CPCCS deben ser elegidos en las urnas y no como se estableció en la Constitución de Montecristi, de donde también salió la figura de muerte cruzada, y otras normas jurídicas que le permitieron al gobierno de Rafael Correa ejercer su mandato durante una década con total impunidad.

LEA: Muerte cruzada en Ecuador: el blindaje presidencial que creó el correísmo y salvó a Lasso de un juicio político

Pero vamos desde el inicio. Se creó el CPCCS para, entre otras tantas funciones, la designación de autoridades de control. Esto en un intento de despolitizar las instituciones y escoger a los más idóneos. Claro, como debe ser todo proceso público, mediante concurso de oposición y méritos, con veedurías e impugnaciones de los nombres que se presenten.

Al final, lo que se creó fue una institución que se llenó de poder, posturas políticas, enfrentamientos, polémicas y otros líos que generaron la destitución de todos sus consejeros de parte de la Corte Constitucional, estancando la principal función, designar las autoridades de control.

Lo que ocurrió con la creación del CPCCS fue quitarle esa responsabilidad de designaciones al legislativo, que históricamente había cumplido con esa función. Y en principio no fue mal visto, pero sus miembros no han estado a la altura de la situación.

Solo para dar algunos ejemplos, su primer presidente, ya en el periodo de elección popular, José Carlos Tuarez, fue destituido por la Asamblea Nacional a los pocos meses de ser posesionado. Posteriormente, Tuárez, un exsacerdote, fue procesado por asociación ilícita, tras ofertar cargos públicos a cambio de dinero, siendo sentenciado a cinco años de prisión en agosto del 2020.

Su sucesor fue el consejero Christian Cruz, quien también fue acusado, pero esta vez de haber accedido indebidamente a un carné de discapacidad, para acceder a beneficios tributarios y aduaneros, lo que ocasionó que sea destituido por la Asamblea, en octubre del 2020.

Llegado Guillermo Lasso al poder, ofreció la eliminación del Cpccs, de hecho, lo repetía constantemente durante la campaña, pero ya en funciones no cumplió pesé a que planteó mediante un consulta popular, en la que le fue muy mal, quitarle el poder más importante, la designación de autoridades, no eliminarlo.

Tras las últimas elecciones, del 5 de febrero del 2023, tres de los siete nuevos consejeros del Cpccs están ligados al correísmo. Augusto Verduga, Yadira Saltos, y Alembert Vera son afines al expresidente Rafael Correa. El último, incluso fue abogado del expresidente en el caso El Universo y ahora ocupa la presidencia de la institución.

Esto, ha dado paso en la ultima semana a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se plantee conformar una veeduría para evaluar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, es decir, el que estuvo encabezado por Julio César Trujillo, y que designó las nuevas autoridades que iniciaron las investigaciones contra actos de corrupción del gobierno de Correa.

La decisión se toma a partir de que un juez de Montecristi ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que conforme una veeduría para "diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional", por parte del Cpccs transitorio de 2018.

Las autoridades que estarán al frente del Cpccs hasta mayo del 2027, a través de su presidente Alembert Vera, confirmó que atenderá el pedido y conformará la veeduría por "orden judicial".

La decisión del juez nace de una acción de protección concedida a favor de Betty Marcillo Moreira, quien acudió a la justicia luego de que pidiera la conformación de esa veeduría al Cpccs presidido por Gina Aguilar y se le negara la solicitud.

LE PODRÍA INTERESAR: Resultados elecciones Ecuador 2023: impuestos, patrimonio y pasado político de nuevos vocales del Cpccs

Pero ¿cuáles son las funciones que cumplen estos consejeros y qué hace el Cpccs? Tiene doce atribuciones constitucionales, pero en resumen se podría decir que este organismo existe para seleccionar autoridades que van desde la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, varias superintendencias y hasta los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.

Hay más, porque aunque lo más importante sería la designación de estos funcionarios en organismos de control, también deben cumplir con la Función de Transparencia y Control Social, así como promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana e impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público.

En el ámbito de los deberes y obligaciones, el Cpccs debe estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Adicionalmente establece mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.

Otra de las funciones importantes es investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. También, la institución debe emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

Con dichos informes, la Fiscalía puede de oficio abrir una investigación y tiene el Cpccs que actuar como parte procesal en las causas que se instauran como consecuencia de sus investigaciones. Finalmente, se pueden citar otras funciones que van desde coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos, organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.

LE PODRÍA INTERESAR: Segunda vuelta elecciones Ecuador 2023: de ganar, Luisa González llamará a una re-constituyente y Daniel Noboa a una consulta popular