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La movilizaciones anunciadas por indígenas de Azuay no se suspenderán pese a la ratificación del gobierno de no ejecutar minería en Quimsacocha
el Presidente insiste que la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de Azuay serán responsables de las consecuencias de suspender el proyecto minero Loma Larga.
El Estado ecuatoriano no continuará con la ejecución del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, Azuay. Así lo ratificó la Presidencia mediante un comunicado la noche del jueves.
El pronunciamiento se dio dos días después de la multitudinaria marcha por el agua y la vida que se realizó en Cuenca y en la que miles de personas pidieron que se suspenda el proyecto minero por el riesgo de contaminación que, aseguran, tendrá el agua que fluye desde el páramo azuayo.
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El comunicado gubernamental también señala que están a la espera de que el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay entreguen informes técnicos que demuestren que habrá dicha contaminación y se insistió que la responsabilidad de suspender la minería en Quimsacocha recaerá en esas autoridades.
Yaku Pérez, coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay, FOA, aseguró que no se suspenderán las movilizaciones anunciadas por ese gremio el 23 de septiembre
"Mientras no tengamos en nuestras manos un decreto ejecutivo que cancele las concesiones mineras y revoque la licencia ambiental, ya no le creemos". según, Yaku Pérez
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El Prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, señaló a Televistazo que ya se han entregado documentos técnicos al Gobierno demostrando las afectaciones, pero si es necesario lo volverán a hacer, aunque no han recibido una solicitud formal y que es el Estado el que debe asumir la responsabilidad,
"Quien emite los actos administrativos, en este caso el Ministerio del Ambiente, debe llevar adelante la revocatoria de esa licencia ambiental... Y asumir las consecuecias que tendrán o se podrían derivar", según Juan Cristóbal Lloret
La Alcaldía de Cuenca aún no se pronuncia, al igual que la empresa canadiense Dundee Precious Metals, que tiene la concesión del proyecto minero Loma Larga y que en 2023 firmó un contrato de inversión con el Estado.
El documento señala que la empresa puede acudir a arbitraje internacional en Nueva York en caso de existir una disputa en relación al proyecto. Eso implica que la empresa y el Estado resuelvan el impase ante un tribunal de expertos en el extranjero, generalmente bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje y en caso de que Ecuador pierda, podría derivar en una millonaria indemnización como ocurrió en el caso Chevron.
"La gran pregunta que debe hacerse el Gobierno ecuatoriano y el Estado como tal es qué medidas seguir adoptando que puedan ser presentadas ante un tribunal internacional como medidas que tuvieron en cuenta la protección de un bien superior como el medio ambiente, sin perjuicio de haber afectdo un interés particular de una compañía que operaba en esa zona", según Álvaro Galindo, abogado y árbitro internacional.
Según el abogado, será determinante qué establece el contrato para definir las vías que tendrá el Estado para defenderse, sin embargo, antes de llegar a la instancia internacional, la empresa tiene la opción de presentar acciones ante la justicia ecuatoriana.
Hasta ahora, el Ministerio de Ambiente no ha confirmado si revocó o no la licencia ambiental de la empresa minera.
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