En 2025, los operativos contra minería ilegal se intensificaron en 11 provincias del país

En el cantón Paquisha, Zamora Chinchipe, se realizó uno de los más recientes operativos contra la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas decomisaron 960 cápsulas de dinamita, 845 tacos de nitrato de amonio, entre otros insumos para la actividad ilícita.

La intervención permitió detectar varios puntos de minería ilegal en esa provincia. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa, en 2025 los operativos se intensificaron en esa y otras nueve provincias del país.

Así mismo, se ha destruido maquinaria usada por los grupos delictivos: 41 dragas y 360 retroexcavadoras. Según el Ministerio de Defensa, 1 344 bocaminas inhabilitadas estaban conectadas a redes de financiamiento delictivo.

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De acuerdo al último balance oficial, el impacto económico contra las mafias se triplicó. En 2024, la afectación fue de más de USD 555 millones, mientras que en 2025, supera los USD 2 000 millones. (Ver cuadro)

La minería ilegal -según fuentes de Inteligencia- la encabezan Los Lobos, Comandos de la Frontera y el Frente Oliver Sinisterra. No obstante, hay otros grupos implicados como Los Choneros.

El viceministro de seguridad Pública, Luis Pérez, dijo durante el Encuentro Anual de Minería, que los tres grupos predominan en cinco provincias. Así mismo, que hay 36 puntos críticos en Ecuador.

Las operaciones contra la minería se han intensificado en Imbabura, Carchi, Azuay, El Oro, Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo, Bolívar y Esmeraldas. En esta última provincia, por ejemplo, a inicios de diciembre, el Ejército destruyó 30 campamentos ilegales.

El Bloque de seguridad se concentró en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde se ubicaban estas estructuras. Allí había maquinaria, armas artesanales y combustible robado. Solo esa operación representó USD 1,8 millones en pérdidas a las redes criminales.

En el caso de la provincia de Bolívar, el cantón Las Naves fue incluido en los estados de excepción decretados desde agosto. La justificación era precisamente que las organizaciones delictivas aprovechan esa zona como refugio. Además que se han detectado puntos de extracción mineral ilegal.

Esto ha derivado en el aumento de las muertes violentas en Bolívar. La cifra pasó de 28 en 2024 a 34 hasta noviembre de 2025, según la Policía Nacional.

Las operaciones más grandes contra la minería ilegal en 2025 fueron la de Buenos Aires, en Imbabura. Dicha zona era controlada por Los Lobos donde se hacía extracción minera a gran escala. También en el norte del país, en Carchi, las Fuerzas Armadas impidieron asentamientos de nuevos campamentos ilegales y cerraron rutas emergentes usadas en la frontera para transportar el material aurífero de contrabando.

Sucumbíos ha sido también otro punto crítico de la minería ilegal. El viernes 12 de diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en Putumayo, en el sector de Nuevo Paraíso. Allí inhabilitaron dos campamentos clandestinos. Destruyeron una draga artesanal, dos bombas de succión, y decomisaron 180 galones de combustible.

En Orellana ocurrió la emboscada y asesinato de 11 militares por parte de la mafia durante un operativo contra la minería ilegal. Ocurrió en mayo y las autoridades atribuyeron el ataque a los Comandos de la Frontera.

En el sur del país en cambio, las operaciones anti minería se han enfocado en Azuay y en El Oro. Según Defensa, esto ha permitido cortar redes de contrabando fronterizo y lavado de activos.

Durante el 2025 se ha evidenciando la expansión de la minería ilegal. El precio de la onza de oro superó los USD 4 000. Por eso, en durante la Asamblea del Consejo Empresarial de América, el presidente Daniel Noboa sostuvo que este delito se está volviendo igual de rentable que el narcotráfico.

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Hasta noviembre, colectivos ambientalistas denunciaron la destrucción de unas 2 000 hectáreas de bosque en zonas protegidas de Napo, Zamora, Sucumbíos y Orellana, a causa de la minería ilegal.

Un ejemplo está en la confluencia de los ríos Nangaritza y Zamora, donde operaban alrededor de 45 excavadoras. Pero la destrucción de las zonas amazónicas no es lo único. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Ecuador) expuso en septiembre que 17 especies que se consumen y comercializan en El Coca (Orellana) superaban los límites de arsénico, mercurio y plomo.

La explotación intensiva de recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana está generando crecientes preocupaciones en torno a la salud de las comunidades locales y la integridad de los ecosistemas de agua dulce, señaló WWT tras un estudio liderado por la entidad, en alianza con la Universidad de las Américas (UDLA), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y la Universidad San Francisco de Quito.

La investigación evaluó la calidad del agua, sedimentos y peces en ríos clave de la Amazonía ecuatoriana como el Napo, Aguarico, Payamino, Putumayo y Pastaza. Así mismo, se analizaron 17 especies que se venden en el mercado. Los resultados demostraron que el 100 % superan los límites recomendados de arsénico, mercurio y plomo, y una de ellas también sobrepasó los niveles permitidos de aluminio.

Entre tanto, las estrategias por parte de la fuerza pública para combatir el crimen organizado es la intensificación de los operativos y la destrucción de las estructuras y maquinarias halladas al pie de ríos o cerros.

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