Caso Las Malvinas, un año después: los familiares esperan justicia y los militares sentencia

En las audiencias de juicio por el caso Las Malvinas, la mirada de Luis Arroyo se mantiene fija pese a la tristeza ante las declaraciones de los 17 militares de la FAE sobre lo ocurrido con sus hijos Josué e Ismael, y los amigos de éstos; Nehemías y Steven. Un año después de la aprehensión de los cuatro menores, los uniformados implicados están procesados y rindieron su testimonio bajo juramento ante un Tribunal Penal.

Justamente este lunes - 8 de diciembre de 2025- se reinstala la audiencia de juicio. La Fiscalía dará su resolución final contra los procesados por desaparición forzada. En esta etapa, el fiscal del caso emite sus acusaciones y solicita la sentencia y reparación al Tribunal Penal que deberá deliberar las pruebas presentadas y emitir sentencia.

Ecuavisa.com ha documentado cada etapa del caso, desde la denuncia presentada por los padres de los menores de 11, 14 y 15 años. Así como el hallazgo de sus restos, la detención de los militares, reconstrucciones de hechos y más. A continuación, lo que ha trascendido en un año del caso Las Malvinas, que marca un antes y después en Ecuador.

Josué, Ismael, Nehemías y Steven salieron a jugar pelota con sus amigos en el sur de Guayaquil. Era domingo y luego del partido, las cámaras de vigilancia de la ciudad los graba bajo un puente en la transitada avenida 25 de Julio.

Pero esa noche del 8 de diciembre de 2024, tras una supuesta alerta de robo, militares se bajaron de dos camionetas y aprehendieron a tres de ellos. El cuarto menor fue entregado por la ciudadanía. A todos los embarcaron en los vehículos y se los llevaron.

Otros menores que estaban con ellos corrieron y alertaron a sus padres. Ocurrió alrededor de las 20:33 y luego de un par de horas, Luis Arroyo recibió una llamada: era uno de sus hijos pidiendo ayuda, contándole que fueron detenidos por los militares que los dejaron botados, desnudos y golpeados.

El hombre que prestó su celular es Luis T., quien avisó a los familiares que vayan rápido porque la zona era peligrosa y "la mafia se los podía llevar". Desde entonces, el paradero de los menores fue desconocido.

Mira: La inquietante foto de un hombre con uniforme y fusil, en el celular de alias Momo.

Las familias pusieron una denuncia ante la Fiscalía. El hombre que prestó el celular, reclamó por avisar a la Policía esa noche y que "la mafia se los había llevado".

De acuerdo a las investigaciones, los militares custodiaban un camión con mercadería ilícita cerca de la Base Área de Taura que iba hacia la Aduana en el sur de Guayaquil. Al regresar, habrían recibido la supuesta alerta de robo, detuvieron a los menores y los iban a llevar hasta la Unidad Policial de la parroquia Virgen de Fátima, en el kilómetro 26, que está en la misma ruta de esa base militar, pasando Durán, hacia Yaguachi.

Pero en el trayecto, según sus versiones, hicieron un operativo. Tuvieron la alerta de desmanes cerca de un prostíbulo en la vía Durán - Tambo, ya no fueron hacia la UPC y tomaron un camino de segundo orden donde un tronco obstruía el paso. Luego que los menores ayudaron a mover el árbol, los dejaron en esa zona oscura "sanos y salvos".

Con el paso de los días, la angustia y desesperación de los padres aumentó. El 16 de diciembre de 2024, los militares fueron llamados a rendir versión ante la Fiscalía. Días después, organismos como el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) asumieron la defensa de las familias para exigir respuestas y justicia en el caso que se denominó Las Malvinas.

En Guayaquil, Quito y Cuenca, cientos de personas salieron a las calles a protestar. Aún era desconocido el paradero de los menores y el grito colectivo fue "vivos se los llevaron, vivos los queremos".

La Policía allanó la Base de Taura el 23 de diciembre de ese año, incautó los teléfonos de los uniformados, documentos y otros equipos electrónicos, en el marco de la indagación previa que ya seguía la Fiscalía.

A la par, la CDH encabezó una demanda constitucional para que el caso se reconozca como desaparición forzada y se investigue bajo esa figura. El 24 de diciembre, hubo una resolución que dio luz verde a ese pedido.

En medio de un manglar, en el sector de Casas de Zinc de la parroquia Taura, se encontraron cuatro cadáveres carbonizados el 24 de diciembre de 2024. La Policía tenía la presunción que en ese sitio estaban los restos de Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

Se necesitó ayuda de grupos tácticos para hacer el levantamiento de los cuerpos. Una semana después, mientras se realizaba la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares, la Fiscalía confirmó que los restos eran de los cuatro menores.

Como parte de las investigaciones, se realizaron exámenes antropológicos, genéticos y forenses a los cuerpos. Los análisis concluyeron que los cuatro cuerpos tuvieron una muerte violenta.

Estaban maniatados, tenían fracturas, huellas de hematomas, fracturas en los huesos y señales de disparos en el cráneo. La incineración de los restos ocurrió días después de su muerte, pues los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición.

En sus versiones iniciales, los militares admitieron que aprehendieron a los menores tras la alerta de un robo y que los llevaron a Taura. La Fiscalía analizó los teléfonos de los uniformados incautados donde se descubrió un chat grupal para asesoría legal.

La conversación reveló que acordaron reunirse por zoom para unificar su versión y contratar un abogado. También que en los informes nadie había puesto que el subteniente John Z. disparó. Esa información es parte de las 50 carpetas con más de 5 000 páginas que acumuló la Fiscalía en un año de investigación.

Las autoridades además recopilaron los videos de las cámaras de seguridad del trayecto que siguió la patrulla Tango Charlie con los menores y dos grabaciones clave: una de dos chicos en el balde de una camioneta donde un militar dijo "agradece que no te disparo", y otro de los menores tirados en el piso, en Taura, al pie de los militares.

En medio de la etapa de instrucción fiscal, el teniente coronel Juan Francisco I. fue vinculado al proceso. Se lo procesó por liderar un operativo cuatro días después de la aprehensión de los menores en Taura y recopilar ropa quemada hallada en la zona.

La Fiscalía realizó dos reconstrucciones de hechos. Una fue en marzo, donde los 16 militares describieron cómo fue la aprehensión de los chicos y su traslado hasta Taura. Poco después, cinco de los implicados se acogieron a la figura de cooperación eficaz.

Ampliaron su testimonio y por eso se realizó una segunda diligencia. Criminalística fotografió cada escena recreada por los militares donde hubo golpes y más contra los menores. Se llegó hasta el segundo camino de segundo orden en Taura, en medio de la oscuridad, donde Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron dejados sin ropa.

Luego de cinco audiencias fallidas, un juez llamó a juicio a los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). El juicio inició el 5 de noviembre de 2025 y llegó a su etapa clave: los alegatos finales de la Fiscalía y el pedido de sentencia.

El fiscal del caso presentó 26 pruebas testimoniales y periciales, además de 180 documentales. Los militares acusados testificaron en la audiencia y presentaron su defensa.

Los cinco cooperadores eficaces revelaron insultos y amenazas contra los menores como "agradece que no te pego un tiro", golpes con la trompetilla del fusil, correazos, patadas y hasta un disparo a unos 80 centímetros del más pequeño de los cuatro.

Entre los testimonios rendidos bajo juramento, los cooperadores acusaron al subteniente John Z., de ordenar la captura de los chicos. Lo señalaron de ser el que los grabó en Taura mientras los golpeaba y los obligó a desnudarse para lanzar su ropa a un costado del camino de segundo orden.

Así mismo, se reveló que luego de lo sucedido, el subteniente ordenó borrar los videos. Sin embargo, uno de los uniformados envió la grabación a su hermana y posteriormente, lo entregó a las autoridades. Las imágenes fueron reproducidas en la audiencia, al igual que unos audios sobre lo sucedido.

El peritaje de la Policía permitió también recuperar un video en el teléfono del subteniente John Z. En esa grabación estaban los cuatro menores de edad en el piso de tierra, uno parecía maniatado.

El teniente coronel Juan Francisco I. negó ser cómplice ante lo ocurrido la noche del 8 de diciembre. Sostuvo que las entrevistas realizadas a la patrulla Tango Charlie fueron parte de labores de Inteligencia luego de recibir un video sobre la aprehensión de los menores en la avenida 25 de Julio.

Y sobre la ropa, alegó que estaba en una hoguera, aún caliente, y debido a la peligrosidad de la zona y el paso de motos, ordenó recogerla y posteriormente la entregó a la Policía.

Los otros uniformados procesados rechazaron las versiones de los cinco cooperadores eficaces. Su testimonio -excepto el del subteniente John Z.,- fue breve y se limitaron a repetir que tuvieron la alerta de robo, aprehendieron a los menores y los llevaron a Taura.

El suboficial fue el último en testificar y acusó a los cooperadores de mentir en sus versiones. "Los abogados vinieron aquí al centro carcelario a pedir que nos sumemos a su relato. Consistía en mentir y obtener supuestamente una reducción del 90 % de la pena", detalló.

Según él, uno de los menores le rogó que los dejaran libres en Taura, luego de mover el árbol que bloqueaba el camino. A la tercera insistencia, dijo, aceptó y los dejó en esa zona.

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El 19 de diciembre de 2024, la Fuerza Aérea Ecuatoriana recién se pronunció sobre la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas. Esto ante las solicitudes de información de Ecuavisa, cuyo equipo acudió ese día a la Base de Taura y la Infantería Aérea luego de que una fuente policial confirmara que eran miembros de la FAE los que aprehendieron a Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

Las autoridades militares no se refirieron al operativo e indicaron que sobre el caso realizaron tres acciones. Entre ellas, apoyar a la Unase en la búsqueda y brindar las facilidades a la Fiscalía.

El 21 de diciembre, el Bloque de Seguridad responsabilizó a grupos criminales del hecho. Al día siguiente, el domingo 22, el presidente Daniel Noboa escribió en redes sociales acerca del caso. Aseguró que no se encubrirá a nadie y que la gente necesita respuestas.

Para el 23 de diciembre, el ministro Gian Carlo Loffredo confirmó que los militares aprehendieron a los menores en un supuesto robo. Infirió que los uniformados los dejaron libres al no haber ocurrido un delito grave.

Algo que repitió en entrevistas radiales posteriores. Noboa en un enlace radial en cambio, indicó que sugirió a una comisión que "que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales". Un ofrecimiento del que nunca más hubo respuesta.

Por su parte, la Comisión de la Niñez y Adolescencia convocó a Loffredo y a los ​​comandantes de las Fuerzas Armadas y la FAE. Ninguno acudió a esa cita ni al Pleno de la Asamblea.

En la cita, Luis Arroyo, papá de los hermanos Ismael y Josué, rechazó los comentarios de que sus hijos y los otros dos menores serían miembros de alguna organización delictiva tras señalamientos del Ministro de Defensa. "Mi hijo mayor es futbolista federado, entonces no entiendo por qué han hecho este daño a estas tres familias", recalcó.

En la resolución de habeas corpus, una juez dispuso que el Ministerio de Defensa se disculpe públicamente con las familias de los cuatro menores. En cadena nacional del 6 de enero de 2025, Loffredo y la cúpula militar cumplieron con lo dispuesto.

"Estoy aquí para decirles a la familia de Ismael, Josué, (Nehemías) Saúl y Steven: siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo, pero no solo ustedes, la sociedad entera que ha visto el horror, el terror y la máxima degradación posible en este caso. Hechos así no deben repetirse, lo lamento. Mis más sentidas disculpas", expresó Loffredo.

En el mismo enlace, calificó como absurdo e injusto la sentencia escrita por la magistrada, porque aseveró que no tenía las facultades de declarar la existencia de desaparición forzada.

A lo largo del año, se han realizado otras convocatorias en la Asamblea y en la Comisión. Incluso en organismos internacionales.

A la par de la investigación por desaparición forzada, se abrió una indagación previa por secuestro con muerte. Las investigaciones de la Fiscalía en el primer caso, han establecido lo que ocurrió con Josué, Ismael, Nehemías y Steven la noche del 8 de diciembre de 2024 desde que fueron aprehendidos por los militares hasta que los llevaron a Taura.

¿Qué sucedió después de que fueron dejados por los uniformados en el camino de segundo orden? ¿Quién los mató? ¿Por qué? siguen siendo aún las interrogantes que no tienen respuesta certera. Durante el juicio contra los uniformados, se mencionó la versión de Luiggi V. un hombre de Taura que supuestamente vio a los cuatro menores de edad esa noche.

En su testimonio, presentado por uno de los abogados de los militares, sostuvo que miembros de un grupo criminal se llevaron a los chicos en un bote hacia el manglar. Dijo que al día siguiente se enteró que alias Momo -cabecilla de Los Águilas- ordenó secuestrarlos, asesinaros e incinerarlos.

La indagación previa de esa hipótesis no ha avanzado. El caso de secuestro con muerte lo asumió la fiscal Marjorie E., luego pasó a la Unidad de Crimen Organizado en Quito. Pese a que el informe de la Policía detalla nombres y cédulas de alias Momo, dos familiares de él y otro sospechoso más, no han rendido versión.

Alias Momo estaba preso cuando desaparecieron los menores. Salió semanas después de acceder a un polémico y cuestionado habeas corpus. En marzo de 2025 fue capturado por tráfico de armas.

En ese proceso, nunca se mencionó su relación con Las Malvinas. Pero Ecuavisa.com accedió al informe de la explotación del celular de alias Momo. Él tenía mensajes referentes a las publicaciones sobre los cuatro menores y una foto inquietante de un hombre aparentemente con uniforme militar, fusil y una persona con las manos en la nuca.

Mientras tanto, familiares de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, esperan justicia. Falta poco para que el Tribunal Penal delibere y emita una sentencia sobre los militares procesados. Pero la justicia aún debe responder la interrogante sobre su atroz asesinato.

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