En dos años, cinco ministros de Daniel Noboa se han salvado de juicio político

En pocos días, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, resolvió el pedido de juicio político contra Jimmy Martin, exministro de Salud de Daniel Noboa. Tres asambleístas de la Revolución Ciudadana presentaron la solicitud. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la solicitud para trámite.

Dispuso que a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que remita a la Comisión de Fiscalización y Control Político la solicitud de juicio político. Fiscalización tomó su resolución el miércoles 10 de diciembre y decidió desestimar la solicitud.

Según el CAL, la solicitud cumplía con las firmas y pruebas documentales. Los tres asambleístas del correísmo señalaron a Martin por seis incumplimientos de funciones. Uno por la omisión de abastecimiento de medicinas, insumos y dispositivos médicos. También por la falta de pago a prestadores de servicios, clínicas privadas de diálisis y la falta de ejecución presupuestaria.

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Martín asumió el Ministerio de Salud en julio de 2025 y estuvo hasta noviembre. Aún no hay un titular en la entidad y Noboa encargó las funciones a la vicepresidenta María José Pinto.

Durante la gestión de Martin también ocurrió el deceso de 12 neonatos en el hospital Universitario de Guayaquil. Martin sostuvo que solo dos muertes fueron a causa de una bacteria. Dicho incidente develó la crisis en el sistema público de salud y denuncias de pacientes por la falta de medicinas e insumos.

Jimmy Martin no ha sido el único ministro en la administración de Noboa sobre el que recae un pedido de juicio político. Con él, son cinco funcionarios contra quienes se ha solicitado que rindan cuentas ante el legislativo.

Mónica Palencia, Gabriela Sommerfeld, Gian Carlo Loffredo e Inés Manzano han enfrentado pedido de juicio político en su contra. Por ejemplo, Manzano enfrentó dos solicitudes en su contra.

La última fue desestimada por el CAL el 4 de octubre de 2025. El CAL no admitió a trámite la solicitud contra la Ministra de Ambiente y Energía argumentando que de las 37 firmas presentadas, dos eran repetidas. Manzano fue acusada de incumplimiento funciones derivado del caso Progen, empresa que no pudo dotar de energía termoeléctrica al país.

Así mismo, en agosto, hubo otra solicitud contra Manzano que fue archivada por el CAL.

En el caso del ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, el 31 de diciembre de 2024 el entonces asambleísta del correísmo Héctor Valladares solicitó un juicio político por incumplimiento de funciones tras la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas.

Seis meses después, en junio de 2025, con el voto de seis asambleístas del oficialismo, la Comisión de Fiscalización no aprobó el pedido. Valladares sostuvo que había tres causales para su petición: la desaparición forzada de los chicos en manos de militares, la inasistencia de Loffredo ante el Pleno para comparecer sobre el caso y que las Fuerzas armadas impidieron que la exvicepresidenta Verónica Abad ingrese a ejercer su cargo.

La entonces asambleísta Nataly Morillo señaló que la solicitud no cumplía los requisitos y que en el caso de Las Malvinas, ya había un proceso penal en curso.

Contra la canciller Gabriela Sommerfeld y la exministra Mónica Palencia también hubo pedidos de juicio político por la irrupción de la Policía en la Embajada de México en Quito. En agosto de 2024 se archivó la solicitud contra Sommerfeld y en octubre de se año, Palencia se presentó ante el Pleno de la Asamblea.

Palencia se defendió ante los legisladores y con 77 votos, se decidió archivar el juicio político en su contra. Actualmente, tras los comicios de 2025, el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea y lidera la Comisión de Fiscalización. Además el CAL está presidido por Niels Olsen y otros legisladores de ADN.

Para el analista político Alfredo Espinosa, los juicios políticos no son entendidos como una rendición de cuentas. Explicó que en Ecuador pueden jugar como un mecanismo de venganza o persecución dependiendo de quién esté en el poder y el censurar o no a un funcionario se vuelve "un trofeo de guerra".

En el caso actual del Gobierno, Espinosa sostuvo que la Comisión de Fiscalización puede convertirse en una comisión de archivo, considerando la mayoría oficialista que existe.

Señaló que desde el Ejecutivo se ha entendido una narrativa de que la honestidad, del trabajo y de la eficiencia, se consiguen a través del espíritu de cuerpo y que hace falta ser críticos. "Es un gobierno ausente de autocrítica y en esa ausencia, la Comisión de Fiscalización se ha encargado de archivar y dejar inactivos muchos procesos, incluidos aquellos que han sido los más escandalosos", expresó.

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La Ley Orgánica de la Función Legislativa sostiene que un funcionario puede ser censurado en un juicio político si se tiene el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno. Una autoridad puede ser llevada a juicio por incumplimiento de funciones mientras esté en el cargo y hasta un año después de terminarlo.

Primero uno o varios asambleístas deben presentar una solicitud con al menos 35 firmas de los legisladores. El formulario debe ser presentado ante el Presidente del Legislativo, y debe declarar que las rúbricas son verdaderas, además de tener el anuncio total de la prueba contra el funcionario y evidencia documental preliminar.

Con el documento, el titular de la Asamblea notifica al CAL sobre la solicitud. El Consejo de Administración debe verificar el cumplimiento de los requisitos en un plazo de tres días.

Luego, los miembros del CAL votan para aprobar o negar el trámite. En caso de no calificar, se desestima y si es aceptado, sigue el curso y se envía el pedido de juicio político a la Comisión de Fiscalización.

El organismo tiene cinco días para conocer la solicitud y verificar que cumpla con lo establecido en la Constitución. De no tener lo requerido, se archiva. En caso de ser aceptado, se notifica al funcionario implicado sobre el inicio del juicio político, para que en 15 días, ejerza su derecho a la defensa ya sea de forma oral o escrita y presentar las pruebas de descargo.

Posteriormente, la Comisión notifica a los interpelantes de la solicitud para que en 15 días, presenten pruebas que sustenten sus afirmaciones. Luego, la Comisión deberá emitir un informe en máximo cinco días señalando por qué recomienda el juicio o por qué debe ser archivado.

Si el informe de la Comisión recomienda el juicio, el presidente de la Asamblea dispondrá la difusión del documento y en un plazo de 48 horas, se deberá incorporar en el orden del día para ser tratado en el Pleno.

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