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La Corte Constitucional analiza el decreto-ley de inversiones, relacionado con zonas francas
La Corte Constitucional recibe en audiencia pública a representantes del Gobierno que defenderán el decreto-ley de inversiones.
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Julio José Prado es uno de los principales promotores del decreto-ley de inversiones.( )
La Corte Constitucional sesiona este jueves 8 de junio de 2023 para recibir en audiencia a representantes del Gobierno con el fin de que justifiquen la urgencia económica del decreto ley de inversiones.
Se constató la presencia de funcionarios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia; el ministro de Economía, Pablo Arosemena, y su equipo; el ministro de la Producción, Julio José Prado, y su equipo; y una subdirectora de la Procuraduría.
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Minuto a minuto de la audiencia
Karla Andrade Quevedo, jueza sustanciadora, dio inicio a la audiencia pasadas las 10:00. Los jueces están conectados de manera telemática.
Los funcionarios tendrán 10 minutos para la exposición; mientras que los ocho representantes de los amicus curiae tendrán cinco minutos.
Los representantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia iniciaron las comparecencias. Argumentaron que el Gobierno tiene la facultad de determinar la urgencia de una propuesta en materia económica.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, se refirió a la urgencia económica de la propuesta, dijo que incentivará la inversión local y extranjera al reducir los impuestos.
El ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Julio José Prado, dijo que ya existe un precedente legislativo cuando, hace 14 meses, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), aprobó el proyecto que permitía el fortalecimiento de zonas francas en Ecuador, pero que posteriormente fue archivado.
Además, indica que de las 11 zonas francas existentes en Ecuador, la mitad está fuera de su funcionamiento. Con la aprobación de la propuesta, se incrementarían entre tres y cinco nuevas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
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Rafaela Uzcátegui, representante de la Procuraduría General del Estado, asegura que el decreto-ley del Presidente sobre el decreto de inversiones, no podrán resolver las principales problemáticas del país en tiempo récord. Sin embargo, las repercusiones a su favor se verán en un futuro inmediato para el siguiente Gobierno.
El primer 'amicus curiae', Vicente Albornoz, empieza su exposición sobre la importancia económica de los decretos-ley. "Nuestra economía no ha crecido, y eso nos ha traído muchos problemas sociales y políticos", dijo.
Desde el 2014 hasta el 2022, según el ponente, la economía ecuatoriana ha crecido 1.5%. No así, el aumento económico no corresponde con el promedio de habitantes que, en cambio, supera en un 12% de aumento.
El parlamentario andino, Virgilio Hernández, señala que el Ejecutivo necesita un contrapoder que impida acciones irresponsables. En este sentido, defiende la obligatoriedad del Presidente para fundamentar la urgencia económica en los decretos.
"El Gobierno necesita un control, no se puede incumplir lo que dice la propia Constitución y ellos violentan varios artículos", dijo Hernández.
El parlamentario andino llama a la Corte Constitucional para que no dé paso a la propuesta de ley. Así, explica que la siguiente Asamblea Nacional debería dialogarla con el nuevo gobierno.
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Ricardo Flores, representante del Servicio de Rentas Internas (SRI), dice que las actuales ZEDES no disponen de favorecimientos legales que "saquen provecho a la economía" del país.
Por ende, el Estado no goza de tiempo para esperar más, "es de urgencia económica este decreto, queda en manos de ustedes", alegó.
Como cuarto participante de los amicus curiae, el representante de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Francisco Acosta, dice que el decreto-ley de Guillermo Lasso afecta el fomento productivo en las empresas.
"La reforma propone únicamente desarrollos unilaterales, pero deberían ser de mutuo acuerdo primero en diálogo con los inversores".
Andrés Valarezo, de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), rechaza las modificaciones propuestas en el decreto de inversiones desde el Ejecutivo.
Alega que, con el régimen actual, se limita el derecho del inversionista para realizar adendas en los contratos con el Estado. Esto quiere decir, según explica, los inversionistas no podrían renegociar por eventos fortuitos o de carácter coyuntural.
Bárbara Terán, catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, expone que, si la Corte Constitucional brinda admisibilidad al decreto-ley, este estará vigente hasta que la siguiente Asamblea Nacional se reúna para, en última instancia, aprobar o derogar la reforma.
El ministro Prado pidió un punto de aclaración y aseguró que los representantes del gremio cacaotero y camaronero no están bien informados.
Rechazó que exista inseguridad jurídica o que se esté limitando algún contrato de inversión vigente.
La jueza Karla Andrade dio por terminada la sesión, luego de escuchar a todas las partes.
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