Fenómeno de El Niño en Ecuador: Corpecuador, la institución que debía reconstruir el país después de 1998, pero no cumplió

Tras haber afrontado uno de los peores eventos de la naturaleza de los últimos años, el Ecuador de hace 25 años tenía que levantarse, sobre todo en las cinco provincias de la Costa que por ese entonces tenía el país.

Era agosto de 1998, y en orden de afectaciones, Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro fueron las provincias que reportaban pérdidas incuantificables para ese momento. A eso se sumaron unos pocos cantones de Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja.

Luego se supo que el país debía gastar la millonaria cifra de más de 2.800 millones de dólares para reconstruir todo lo que destruyó o dañó el fenómeno de El Niño entre 1997 y 1998. Eso, en promedio, significaba la mitad del PIB en un año. Y los cálculos hacían prever que se requerirían al menos cuatro años para solucionar los problemas.

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En ese mes, mediante la promulgación de la Ley 120 por parte del Congreso Nacional, se creó la Corporación Ejecutiva para la Rehabilitación y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño (Corpecuador), durante la administración del expresidente Jamil Mahuad.

Planificar, contratar y supervisar, sobre todo la inmediata rehabilitación vial destruida por dicho fenómeno, eran sus principales funciones, en conjunto con las municipalidades de las provincias destruidas.

El Directorio de Corpecuador se conformó de tres representantes del Presidente de la República, un delegado de las prefecturas provinciales de las regiones afectadas, un delegado de las cámaras de construcción del Litoral, un representante de las cámaras de comercio e industrias del Litoral, el Rector de la Escuela Politécnica del Litoral o su delegado, y un destacado ciudadano de la comunidad, designado por los miembros del Directorio.

Adicionalmente, se establecieron unidades o delegaciones ejecutoras en las ciudades de Portoviejo, Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Machala, Santo Domingo de los Colorados y Caluma como mecanismos de coordinación en la fiscalización y supervisión de obras en sus respectivas jurisdicciones.

A partir de ahí, las actividades de rehabilitación y reconstrucción pasaron legalmente a manos de esta institución que, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, recibía el financiamiento.

Por otra parte, hubo instituciones que continuaron trabajando en sus programas específicos normales, que en ciertos casos incluyeron temas relacionados con determinados aspectos de la prevención y gestión del riesgo del Fenómeno El Niño para futuros desastres.

En conclusión, una vez pasada la emergencia, dejó de existir un esquema institucional de carácter nacional para la gestión del riesgo como tal. La creación de esta nueva institución, por supuestas presiones políticas locales, entró en conflicto con otros entes de gobierno y con organismos centrales que se vieron relegados.

En la práctica, con la creación de Corpecuador se estableció otro mecanismo institucional que, a pesar de estar coordinado también bajo el paraguas del Ejecutivo, compitió por gestión y recursos financieros con otras instituciones, existiendo nuevamente confusión de roles.

Corpecuador, como ya lo dijimos, apareció como la solución a aquellos problemas que se presentaron en casi todo el Litoral ecuatoriano y otros cantones del país por los efectos que dejó aquel fenómeno de El Niño que inició a finales de 1997 y se extendió durante 5 meses del año siguiente.

En casi una década, apenas pudo ejecutar a medias su plan maestro, y varias de sus obras fueron cuestionadas en las zonas donde se levantaron.

En su momento, los directivos detrás del manejo de los recursos, justificaron que la entrega a destiempo de estos y la inestabilidad política del país que tuvo cinco presidentes durante esos años, generó el retraso y el cumplimiento total de las obras.

El presupuesto que este ente administró en el tiempo de planificación y ejecución de obras, se originaban de tres ingresos. El primero correspondía al 10 % que otorgaba el Estado por el volumen de la venta del petróleo que significaba más de 12 millones dólares al año para Corpecuador. Adicionalmente, el 25 % de la rentabilidad de un fondo bautizado como de Solidaridad, calculado en alrededor de 17 millones de dólares. Y finalmente de un 0.7 % de la aportación anual del valor de las exportaciones del banano, que representaba en dólares como ocho millones.

Corpecuador, en total manejaba anualmente entre 45 y 50 millones de dólares para los fines mencionados en el Acuerdo de Promulgación de su creación. Sin embargo, solo se ejecutaron alrededor de 300 de los 800 millones de dólares que fueron planificados.

Entre las obras más importantes realizadas, se destacan la reparación de vías y colocación de puentes, además de la reconstrucción de escuelas y centros de salud, y obras de prioridad sanitaria. Al final, Corpecuador cumplió sólo con el 35% de su trabajo en los casi diez años que administró los recursos para levantar a Ecuador de los estragos del fenómeno de El Niño.

Pero, los gerentes protestaron en más de una ocasión, por no recibir los aportes a tiempo, lo que se traducía en retrasos a los contratistas y por supuesto en la ejecución de obras. Y hay que precisar que aunque en agosto de 1998 fue creado Corpecuador, no empezó a ejecutar obras hasta el siguiente año.

En la lista de pendientes están sobre todo la reparación total de vías y puentes. Es lo más cuestionado, a pesar de que se cumplió con parte de esto, pero en todas las provincias afectadas hubo quejas por la limitada ejecución y algunos errores en las obras, con viaductos mal construidos.

También, los retrasos cambiaron en muchos cantones las prioridades y se modificaron los requerimientos. En algunos sectores se evidencio la falta de obras de mitigación o el análisis en la variación de las condiciones de las zonas perjudicadas que, en el futuro, aseguren la protección de sembríos y poblados. La versión de los pobladores fue la misma que ya se había evidenciado, que se priorizó en puentes y carreteras en lo que se destinó el mayor porcentaje de inversión.

Corpecuador contó con nueve presidentes e igual número de gerentes que debían repartir de acuerdo al grado de afectación los recursos.

Su fin llegó en 2009 cuando la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) asumió 91 obras para la posterior ejecución, tras su absorción.

La entonces secretaria de riesgos, María del Pilar Cornejo, anunció los detalles de la decisión que incluían la desaparición del ente y que otros organismos asumirán algunas de las funciones de Corpecuador, cerrando las siete delegaciones que habían sido creadas en 1998.

Parte del centenar de empleados de Corpecuador fueron puestos en otras unidades, dependiendo de sus destrezas. 40 estaban vinculados por contratos, de los cuales se prescindió.

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El problema de riesgos en Ecuador ha sido creciente. Las experiencias anteriores no fueron usadas correctamente para planificar un mejor futuro. Sin embargo, queda en la memoria colectiva los sucesos que marcaron al país en 1982 y 1983 con el primer fenómeno de El Niño que golpeó las costas causando desolación, y posteriormente lo que ocurrió hace 26 años, entre 1997 y 1998.

Según un informe que realizó un grupo de trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el monto total de los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño de esos años, se estimó en 2.869,3 millones de dólares.

Esos valores fueron desglosados así: 783,2 millones, es decir el 27%, correspondían a daños directos, y 2.086,1 millones, el 73%, a daños indirectos.

15 años atrás, el país también había soportado los embates que deja ‘El Niño’, para ese entonces, 1982 y 1983, se calculó en 640,6 millones de dólares el costo de las afectaciones. Pero ahí, el 83% de los costos fue por daños directos, lo que representaba 533,9 millones de dólares, y 106,7 millones, el 17%, fueron daños indirectos.

La comparación entre los dos eventos, por el costo de daños, resulta casi cuatro veces mayor, lo que obviamente responde a una mayor población e inversión en la zonas afectadas, la cual también fue más extensa.

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Lo cuestionable, al revisar la historia reciente, es que la implementación de obras y el fortalecimiento de medidas para mejorar la situación de vulnerabilidades preexistentes no se cumple. Atrás quedó el 2016 y un terremoto del que todavía no se recuperan en algunas zonas que fueron sacudidas por los cambios de la naturaleza, y donde tampoco sirvió de mucho la inversión de los entes que debían ejecutar la reconstrucción.

La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuánto le costará a Ecuador lo que se podría venir? Una interrogante sin respuesta, en la que no se puede profundizar porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. Lo que sí es clave preguntar, es si esta vez, la prevención estatal ayudará a que se pierda menos en daños materiales, pero sobre todo en vidas.

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