Fenómeno de El Niño en Ecuador: las lecciones que no aprendimos luego de 25 años

En Ecuador las alertas están encendidas nuevamente. Los expertos han indicado, desde abril de este año, que un nuevo fenómeno de El Niño se podría manifestar en el segundo semestre de 2023.

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Pero este es un escenario que causa terror a miles de familias en el Litoral ecuatoriano donde, por ahora, el implacable invierno ya deja alrededor de 96.900 personas afectadas, de acuerdo con las estadísticas que hace diariamente la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), el organismo estatal que toma las acciones ante las emergencias, pero que también debe intentar prevenirlas.

De ese último reporte, publicado el lunes 29 de mayo, se especifica que hasta ahora hay 36 fallecidos y 1084 personas están damnificadas. Esto, no considera el deslave en Alausí, provincia de Cotopaxi, donde el pasado 26 de marzo de 2023, un devastador alud afectó a 220 viviendas en la zona, cobrando la vida de 61 personas. Además, 44 personas resultaron heridas y 1,034 fueron damnificadas, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos emitido el 31 de mayo, y donde quedan todavía por encontrar 14 personas desaparecidas.

Pero regresemos al invierno, que en Ecuador ya tiene a 191 cantones golpeados por casi 2203 eventos peligrosos causados por la intensidad de las lluvias, otra de las cifras que maneja la SGR desde el 1 de enero de 2023 hasta el momento en que se publica este reportaje.

Y hay más. Porque 76 kilómetros de vías tienen daños, 172 viviendas están destruidas y 1108 unidades educativas, más 21.150 viviendas presentan algún tipo de impacto.

Junio empezó, y el invierno ya debería haberse ido, según el comportamiento habitual de la naturaleza en esa transición hacía el verano costero, los indicadores de temperatura diagnostican un océano más caliente de lo habitual, ¿y eso qué significa?

Franklin Ormaza, experto oceanógrafo y docente investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, dice que primero hay que diferenciar lo que ocurre con las altas temperaturas, ya que se trata de un aumento de calor que se genera a 8.000 kilómetros de las costas ecuatorianas, pero que las condiciones meteorológicas para la presencia de El Niño son un hecho al momento de realizar esta entrevista.

Sin embargo, precisa que faltan aún las condiciones oceanográficas. Eso significa que la temperatura del mar aumente, en promedio, por encima de 0,5 grados centígrados durante tres meses seguidos. Si eso ocurre, el fenómeno El Niño se da, pero a partir de agosto.

Sobre la intensidad, magnitud o lo grave de los efectos, el investigador resalta la lectura de dos modelos; los estadísticos, y los dinámicos.

Los modelos estadísticos apuntan a que sí va a ocurrir, pero de forma corta y débil. Los dinámicos hablan de intensidades entre débil y moderado, llegando al umbral de fuerte. Pero son análisis que pueden fluctuar, es decir, variar en sus mediciones.

Pero eso no es todo, Franklin Ormaza habla de fechas para sentir el impacto, tomando en cuenta el viaje de las ondas térmicas a nuestras costas que tarda entre 10 y 12 semanas. Lo que implica que se podrá sentir el efecto Niño recién en diciembre de 2023.

Lo que más le preocupa a este oceanógrafo de la Espol, es que, finalmente, si llega El Niño, que se puede resumir o explicar como la presencia de más lluvias en el litoral del país, se tendrán que soportar precipitaciones dos o tres veces más intensas y seguidas que las que se han vivido durante los meses de invierno en este año.

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Para los cálculos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), este fenómeno tiene una probabilidad del 82% de ocurrir en el Pacífico Oriental, en donde están las costas ecuatorianas.

Los expertos consultados en este reportaje, coinciden en que es importante tener en cuenta que el clima no es estático, y una proyección es solo eso, proyección.

Sin embargo, lo que más resaltan es que hay que estar preparados para un escenario complejo en el que se diga de parte de las autoridades que hay certezas de que esto puede ocurrir.

Ahora, lo más importante es ganar tiempo ante la posible presencia del fenómeno climático que, seguramente como ya lo hace el invierno, genera afectaciones en las zonas vulnerables que tiene el país.

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De acuerdo a un informe presentado por Corporación andina de Fomento (CAF), en el año 2000, existe documentación acerca de daños causados por El Niño en episodios que se remontan al siglo XVI y se han encontrado pruebas geológicas de sus efectos que datan de hace miles de años.

Una de las más graves presencias de El Niño que se conocen y que fue documentada en imágenes por Ecuavisa, ocurrió entre los años 1997 y 1998. Antes de eso, entre 1982 y 1983 también hubo una marcada afectación en el país por este fenómeno que se mantiene presente en la memoria ciudadana.

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En esos años, se produjo el trágico saldo de cientos de personas muertas en diferentes países e inundaciones que arrasaron con poblados. También hubo sequías, incendios forestales, entre otras causas que finalmente generaron enfermedades, enormes pérdidas económicas en el agro y la producción animal. Pero además, esto dejó severos trastornos en los patrones climáticos a nivel mundial que con el paso de los años se fueron detectando.

El entonces Presidente Ejecutivo de la CAF, Enrique García, en aquel informe de hace 23 años, también afirmaba que por primera vez, los meteorólogos pudieron previamente predecir y dar detalles de la aparición del fenómeno en muchas regiones del planeta, lo que permitió que agricultores y pescadores aprovecharan sus efectos, dándonos un ejemplo de lo que se puede ganar con la prevención.

Hoy, luego de 25 años de la última vez que El Niño afectó gravemente nuestras costas, conversamos con dos profesionales manabitas que debieron enfrentarse a los sucesos de 1997 y 1998, uno de los peores embates de la naturaleza que ha soportado esa provincia.

A ellos les planteamos varias interrogantes sobre qué ha cambiado luego de dos décadas, y cómo fue enfrentar esos trágicos días.

Uno de ellos es Roque Mendoza, quien dirigió la Defensa Civil, un extinto organismo de servicio social que fue eliminado en 2008 mediante Decreto Ejecutivo y en su reemplazo se creó la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, hoy conocida como Secretaría de Gestión de Riesgo.

La Defensa Civil asumía las actividades mediante voluntarios -con apoyo gubernamental y de otros organismos multilaterales- de apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales.

Mendoza, actualmente de 72 años, regresa en el tiempo y recuerda cientos de detalles de aquellos días. Lo relata con voz quebrada, como si aún pudiera sentir el dolor que eso le causó.

Durante la entrevista telefónica, ha pedido que se tomen en cuenta recomendaciones que a veces no están sobre las mesas técnicas.

Cita ejemplos como el hecho de abastecerse de suficientes sueros antiofídicos, con el fin de atender los casos de mordeduras de serpientes que se presenten en las zonas afectadas.

Así lo hicieron en aquel 1998, y eso ayudó a salvar vidas en varios cantones donde el agua alcanzó niveles muy altos, ocasionando que ciertos animales silvestres se vieran obligados a dejar su habitad y mezclarse con la gente.

Al ex director de la Defensa Civil le preocupa la vulnerabilidad en su provincia. Vuelve a mirar atrás y recuerda que el 70 % de muertes fueron ocasionadas por deslizamientos de tierra, y eso, frente al escenario actual, duplica los riesgos, pero las inundaciones también aumentarán, dice.

Mendoza lamenta que no se haya aprendido la lección. Y lo demuestra con frustración porque en aquellos días se anticipó lo que estaba por ocurrir ante el evento climático, pero el tiempo no alcanzó para actuar a tiempo.

Él formó un equipo de 1016 voluntarios para que en cada cantón manabita se ayudará en la mitigación, pero sobre todo prevención.

Con la misma preocupación, Mauro Andino, ex técnico de la Secretaria de Gestión de Riesgos, ve el panorama actual. Siente que la lección no se aprende, ni en caso de invierno, ni frente a otro fenómeno natural.

Cuando Manabí debió enfrentar esta emergencia, él pudo retratar mucho de lo ocurrido siendo parte del equipo de comunicación de la Presidencia de la República. Andino, quien es periodista y docente universitario, conoce bien sobre lo que se ejecutó, pero también dice qué faltó.

En el último trimestre de 1997 y los primeros 5 meses de 1998, el Niño causó grandes estragos en Ecuador. En este periodo se registraron 286 muertes, 162 heridos, 36 desapariciones, y más de 29.000 personas evacuadas o llevados a albergues de emergencia, según recoge un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Luego de esto, en agosto de 1998, mediante la promulgación de la Ley 120 por parte del Congreso Nacional, se creó la Corporación Ejecutiva para la Rehabilitación y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño (Corpecuador), cuyas funciones principales incluían la realización de estudios y diseños técnicos, y la contratación y supervisión de la reconstrucción de carreteras, caminos vecinales y puentes destruidos, además de la ejecución, conjuntamente con las municipalidades.

Corpecuador atendió a las cinco provincias que en ese entonces tenía la Costa: Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro. Pero adicionalmente, se hicieron obras en los cantones de las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Santo Domingo y Chimborazo situados en las faldas occidentales de los Andes hasta la cota 1.000 metros.

En 2008, durante el primer mandato de Rafael Correa, la SNGR absorbió también a Corpecuador, como ya lo había hecho con la Defensa Civil, y con ello asumió 91 obras para su continuidad que tenían un presupuesto que superaba los 40 millones de dólares. Algunas no se culminaron.

Para Mauro Andino, lo que iba por buen camino era incluir en la Constitución de Montecristi, aprobada mediante mediante consulta popular en septiembre de 2008, los artículos 389 y 390.

En el primero se establece que es obligación del Estado, proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico. El segundo menciona que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico.

En palabras, lo incluido en la Carta Magna era lo correcto, pero no sirvió de nada porque la Asamblea Nacional a través de sus distintos miembros, en varios periodos, no ha podido aprobar la Ley Orgánica de la Gestión de Riesgos, el marco jurídico para amparar las acciones importantes en esa materia.

Finalmente, el ex funcionario de Riesgos reflexiona sobre el momento actual. Dice que hay que preocuparse, pero no por la presencia año a año de fenómenos naturales con los que debemos convivir. Lo que le preocupa, indica, es la poca acción estatal que tras varias décadas sigue carente, en un país donde constantemente nos veremos amenazados por los cambios a los que se somete el planeta.

¿Y qué nos espera? Como ya ocurrió antes, y cómo ocurre ahora, hay que esperar que la naturaleza sea algo benevolente con Ecuador, país situado en la mitad del planeta, en donde seguirá faltando tiempo y voluntad política para garantizar seguridad a sus habitante, a través de la correcta gestión de riesgos.

Aún así, para quienes viven en las zonas más vulnerables solo está, de parte de quienes han hablado en este reportaje, la recomendación y el llamado de seguir las acciones, que ante la falta de obras de mitigación, se puedan alcanzar mediante la prevención.

A ellos, por ahora solo les queda la esperanza que los pronósticos fallen, que el invierno de treguas y que los próximos gobernantes finalmente hagan, ahora sí, el intento de garantizar un futuro a los miles de ecuatorianos que con cada invierno, o cada nuevo cambio en el clima, deben poner sus ruegos en la clemencia de la naturaleza.