230 denuncias por ejecución extrajudicial y extralimitación se registran en Ecuador en 2025

Tres días después de la audiencia de formulación de cargos contra seis militares por presunta ejecución extrajudicial, su defensa apeló a la prisión preventiva. Los uniformados fueron acusados tras la muerte de un joven de 19 años luego de un operativo antidrogas en Santa Elena.

Hubo dos jóvenes y dos adolescentes detenidos. Ellos rindieron su versión el 10 de diciembre de 2025 y manifestaron que los uniformados supuestamente les pegaron con los cascos, los obligaron a tumbarse en el piso y les pusieron electricidad con un cable de luz en el inmueble donde estaban. Después de eso eso, según ellos, su amigo murió.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez sostuvo que hubo señales de tortura. Mientras la Fiscalía manifestó que las lesiones detallas en los informes médicos de los jóvenes coincidían con sus versiones.

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Este caso fue catalogado como ejecución extrajudicial. Solo entre enero y noviembre de 2025, se han reportado tres denuncias en Ecuador por ese delito en la Fiscalía. A eso se suman 227 denuncias por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que es el uso excesivo de la fuerza por parte de un agente de seguridad. (Ver cuadro).

Las cifras de ambos delitos suman 230 y muestran un aumento de denuncias en comparación con el mismo periodo de 2024. No obstante, en el caso de ejecución extrajudicial, hubo una reducción de las denuncias.

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Las acusaciones se dan mayormente contra los miembros de la fuerza pública. En agosto por ejemplo, dos policías fueron acusados tras la muerte de un hombre en Quito. Los agentes dispararon al aire tras un choque en Cotocollao, porque pensaron que iban a ser asaltados.

Según la información preliminar, el uso del arma de fuego se produjo mientras el hombre estaba por estacionarse para dialogar sobre el incidente, relataron sus amigos que ocupaban el otro vehículo.

Sin embargo, tras escuchar la detonación, corrió para escapar. Uno de los policías interpretó esto como un intento de atropellamiento, según el acta de la audiencia, por lo que salió del carro y disparó contra el otro auto.

Un caso similar se registró en Guayaquil, contra un conductor en el Guasmo Sur. El 20 de julio, Édison Díaz llegaba a su casa cuando fue abatido.

En videos de cámaras de vigilancia quedó grabado cuando varios policías rodean el vehículo e interceptan al hombre. Se escucharon detonaciones y luego se confirmó su muerte. La institución justificó el hecho como "uso progresivo de la fuerza", argumentando que Édison no cumplió la orden de detener la marcha del vehículo. Los uniformados lo acusaron de supuestamente atropellar a cuatro personas.

Héctor Gabriel Vanegas, abogado de la familia, rechazó esa versión y contó carro quedó con al menos 80 orificios de bala. Detalló que se ha identificado a 80 agentes que estuvieron de turno el día del hecho, y que 16 constataciones de código de armas de fuego y los uniformados a las que pertenecen.

La investigación de la muerte de Díaz estaba en investigación previa hasta septiembre. Lo mismo ocurre con el caso de Miguel Ángel Rodríguez, de apenas 14 años, quien murió durante un operativo policial y militar ejecutado en el sur de Guayaquil.

El adolescente estaba con otros amigos en un parque cercano a la vivienda. Al ver el operativo, se asustaron y salieron corriendo a casa. Según su padre, los uniformados los persiguieron a tiros y el menor gritó "me papi me dieron, me hirieron, ayúdame, me muero".

El menor murió tras ser llevado a un hospital. Uno de sus amigos recibió un disparo en la espalda y quedó cuadripléjico y está procesado en la cárcel por supuestamente ser miembro de una organización delictiva.

Según las denuncias de la Fiscalía, Guayas encabeza la lista de casos de ejecución extrajudicial y extralimitación en un acto de servicio, con 80 denuncias. Le sigue Pichincha con 25, Los Ríos con 24 denuncias y Manabí con 17.

Aunque las denuncias por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio superan las 200, apenas 24 casos superaron la etapa de indagación previa entre 2024 y 2025. Es decir, son procesos judiciales en curso. Entre esos casos, está el de Carlos Javier Vega Ipanaqué, un joven de 19 años que murió en febrero del año pasado tras ser baleado por un miembro de la Armada mientras estaba en un auto en el sur de Guayaquil.

Aún la justicia no determina culpables. Su familia tuvo que esperar más de seis meses para que la denuncia se convierta en un proceso penal. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, dos marinos presentes en el operativo fueron procesados.

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