10 abr 2024 , 08:38

Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura: Correa me pidió apoyar a Wilman Terán

Dijo que el exmandatario Guillermo Lasso y Aparicio Caicedo, exconsejero presidencial, le pidieron que intervenga en algunas gestiones jurisdiccionales.Buscaban destituir al expresidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, y que Guadalupe Llori vuelva a la Asamblea.

   

A las 08:30 de este miércoles 10 de abril de 2024, comenzó la audiencia de testimonio anticipado del caso Independencia Judicial, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por presunta obstrucción de la justicia. Ante el juez Julio César Inga, comparecen el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, así como Marcela Vaca Villota, exsubdirectora Nacional de Control Disciplinario de la Judicatura, y Álex Palacios, exdirector Nacional de Asesoría Jurídica de la misma entidad.

En esta causa, la Fiscalía General procesa a 13 personas, entre ellas, Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, expresidente y exvocales del CJ, respectivamente.

A las 09:04, comenzó la intervención de Xavier Muñoz, de 48 años, quien contó con la presencia de su abogado Mauricio Garrido y es testigo protegido. Hizo un recuento de cómo llegó a ser vocal del CJ como parte de la terna que propuso el expresidente Lenín Moreno Garcés, a través de la exministra María Paula Romo, que le solicitó su hoja de vida. Sostuvo que llegó al cargo por sus méritos y hoja de vida, no por temas políticos. A Moreno lo conoció en una reunión social, en 2020, y tuvo una "bonita amistad" con él.

Afirmó que fue perseguido por el Partido Social Cristiano (PSC) y el exasambleísta Pablo Muentes, quien es procesado por el Caso Purga, y se encuentra detenido desde el 4 de marzo del presente año. También contó que el exmandatario Guillermo Lasso Mendoza, a través de Aparicio Caicedo, exconsejero presidencial, le pidieron que les ayude con algunas gestiones jurisdiccionales y, al parecer, también buscaban destituir al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, porque tuvo un roce con el exjefe de Estado.

También gestionar trámites favorables en casos judiciales que involucraban a ministerios. Además, querían que Guadalupe Llori Abarca recupere la presidencia de la Asamblea Nacional. Muñoz se negó a cumplir esos pedidos y lo persiguieron e incluso la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) lo investigó.

Al verse perseguido por el Gobierno de Lasso, Muñoz buscó apoyo político. Así, conoció al expresidente Rafael Correa por intermedio de los jueces Luis Rivera y Byron Guillén. Por eso, se reunió con el expresidente en el hotel Tivoli Mofarrej de Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2023. En el encuentro, Correa le pidió que apoye a Terán a cambio de respaldarlo ante un eventual juicio político en la Asamblea Nacional. Asimismo, dijo que el exmandatario tenía un plan de regreso al Ecuador si se daba paso a un recurso de revisión planteado por Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el Caso Sobornos. "Si le aceptaban, el caso se caía" porque se anulaba la sentencia.

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"(...) Byron Guillén me confirma que, con Luis Rivera, ya había la tesis de admitir este recurso (de revisión) del señor Ramiro Galarza (sentenciado en el caso Sobornos) y así que pueda regresar al país (el expresidente) Rafael Correa (...)"

De otro lado, uno de los temas de la agenda de Correa era la destitución de la fiscal Diana Salazar Méndez. Desconoce las causas y no acudió a la reunión en la que trataron ese tema porque no estaba de acuerdo. Cuestionó el rol de Terán al frente de la Judicatura porque se convirtió en un "dictador". "Le dimos mucho poder en el Pleno, porque la visión era transformar el sistema judicial, no que se apodere como lo hizo".

La abogada Bibian Hernández, afín al correísmo e investigada por supuesto lavado de activos el caso Amistad, gestionó el nombramiento de Wilman Terán. Además, tenía tres objetivos:

  • La destitución de Diana Salazar Méndez como fiscal general. Lo mismo para Wilson Toainga, fiscal subrogante.
  • Que los jueces Byron Guillen y Luis Rivera sigan en la CNJ.
  • Gestionar para que se acepte el recurso de revisión de Galarza. Con esto, se ayudaba a Correa y se anulaba la sentencia.
  • A las 11:27, la audiencia se suspendió por 10 minutos. Al retomarse, la ronda de preguntas continuó y Correa reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) y escribió: "Otro episodio más de "La culpa es de Correa". Libreto y dirección: Diana Salazar...".

    La mayor parte de las preguntas planteadas por los abogados de los procesados no fue calificada por el juez, debido a las recurrentes objeciones de la la defensa del exvocal, Fiscalía y Procuraduría. A las 12:27 se volvió a dar un receso. La audiencia se retomará pasadas las 13:00 en la CNJ.

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    ¿Cómo se dieron los hechos?

    La investigación comenzó en 2022, por presunto tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por quien se solicitó fecha para la formulación de cargos en la CNJ.

    Tras el sorteo, la competencia para tramitar la causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló, debido a que un día antes, Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.

    El 11 de mayo del mismo año, los integrantes del Pleno de la Judicatura suspendieron de sus funciones a Macías. Lo hicieron con base en en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, a pesar de que la demanda de recusación fue rechazada.

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    El 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra de Macías, dentro caso denominado Las Torres, por una supuesta infracción. La razón: no informó al presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra de Adrián Rojas, juez del Tribunal de dicha causa, y la emisión de la sentencia oral cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.

    El CJ calificó a esta denuncia administrativa como una infracción gravísima y destituyó a Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles –correspondientes a los cinco vocales que conformaban el Pleno– en una sesión marcada por irregularidades, explicó la Fiscalía.

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