Quito: rechazo ciudadano a la resolución que permite la instalación de alarmas en los barrios donde viven los concejales y el alcalde

Entre los dirigentes y moradores de los barrios, cooperativas y urbanizaciones del Distrito Metropolitano de Quito no cayó bien la resolución del Concejo Metropolitano con la que se autorizó la instalación de alarmas internas en los sectores donde viven los concejales y el alcalde. Hay malestar e inquietud porque hay vecindarios que llevan esperando años por ese servicio.

Patricio Camacho es coordinador de la Federación de Barrios del Norte de la capital y Calderón. Dice que, desde hace un año, se ha pedido la instalación de alarmas en 52 zonas y no han obtenido respuestas.

A su juicio, la medida que se adoptó en el Concejo no es coherente con los altos índices de inseguridad. "Solo se atiende a ciertos sectores y se abandona a otros". A Gladys Torres, secretaria de Coordinación del Cabildo El Panecillo, en el Centro Histórico de la capital, le parece injusto y reprochable lo que hizo el Concejo Metropolitano.

La razón: los directivos de su barrio se demoraron más de un año en conseguir la instalación de los equipos y es inverosímil que las autoridades se beneficien. "Ahora tenemos los aparatos, pero no todos funcionan. Algunos están obsoletos, a otros les ha caído agua y este problema viene desde hace tiempo atrás".

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Williams Basantes es presidente de la Federación de Barrios de Quito. En una entrevista con Ecuavisa.com, dijo que mañana (lunes 27 de mayo de 2024) habrá una reunión entre los dirigentes de los vecindarios para analizar la medida que van a tomar. Una alternativa es presentar una acción de protección o emitir un comunicado para pedir al Municipio que derogue la resolución.

"Me parece inadecuado que el alcalde y los concejales se beneficien. Rechazo la situación de privilegio para ellos. Llevamos años organizando la actualización de los usuarios, así como capacitaciones e inspecciones de los técnicos y no nos instalan", enfatizó el dirigente. Otro problema es que se ha solicitado los sistemas de seguridad para otros sectores y les dicen que se acabaron los dispositivos y están en proceso de contratación pública. "Cualquier pretexto es bueno para no acceder a las alarmas comunitarias en barrios".

A su juicio, los aparatos deben implementarse en las zonas más peligrosas como La Marín, San Roque, La Libertad, la Roldós, Pisulí, Guamaní, Chillogallo, La Bota o el Comité del Pueblo. "Los concejales no viven en esos sitios, por lo que la resolución es innecesaria". Si la medida ya entró en vigencia -dijo Basantes- se presentará una acción de protección a nombre de la Federación de Barrios. Considera que el rechazo ciudadano es generalizado, entre dirigentes y habitantes de los vecindarios.

Para Manuel Moya, titular de la Confederación de Barrios del Ecuador, lo único que hay es desigualdad entre los que tienen poder político y la gran mayoría de gente que no lo tiene. Ante la falta de atención, los vecinos y dirigentes han optado por colocar de forma particular y con dineros propios los sistemas de seguridad.

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Guillermo Salvador, de la Coordinación de Barrios de Quito, cuenta que hay decenas de barrios desatendidos. Por ejemplo, en San Juan de Turubamba (sur), se hizo gestiones por las alarmas, pero no hay respuestas. Lo mismo en varios sectores del sur que llevan esperando por años desde la época de Mauricio Rodas. "Me encuentro muy descontento por lo que han hecho".

El concejal Wilson Merino Rivadeneira tampoco está de acuerdo. Dice que los sectores en donde viven los concejales, en su mayoría el Distrito Eugenio Espejo (norte de la urbe), se reportan los índices más bajos de inseguridad, por lo que no necesitan las alarmas. "Estamos en el continente, país y ciudad más desiguales. Por eso, el Municipio no puede tomar decisiones para generar más desigualdad".

Lamentó que la resolución haya sido ratificada en la última sesión del Concejo cuando se planteó eliminar el literal F (ver arriba) y se produjo la polémica. Considera que hay un cuestionamiento legítimo de la ciudadanía. Espera que, a futuro, haya sensatez entre las autoridades y se la deje sin efecto.

Lo mismo señala el edil Andrés Campaña Remache. Está a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado porque el año pasado denunció problemas en contrato de las alarmas comunitarias, que corresponde a diciembre de 2022 y tenía un plazo de ejecución de 122 días para la instalación y puesta en marcha de los 557 equipos. En medio del camino, hubo dos suspensiones de ese contrato y finalmente en octubre se lo terminó unilateralmente.

No aceptará la alarma en su barrio y pidió celeridad para los 14 pedidos de instalación de esos equipos que ha recibido desde el 26 de junio del año pasado.

La edil Analía Ledesma dijo que el ejercicio de la autoridad pública es para la sociedad y se ha vuelto peligroso en un entorno de absoluta desinstitucionalización del Estado. Sin embargo, "nuestra tarea es precisamente que existan condiciones de seguridad para la gente en la ciudad". En ese contexto, si un Concejal o cualquier autoridad requiere seguridad extra, distinta de la de cualquier ciudadano, habría que pensar si esa autoridad está ejerciendo su cargo con probidad o es botín de las mafias. El análisis de riesgos es personal y más acciones para mitigarlos no deben endosarse a los contribuyentes.

A su juicio, la inseguridad no mira cargos, ni posición social. "Todos merecemos seguridad y es competencia directa del Gobierno Central trabajar en conjunto con los Gobiernos Autónomos".

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Carolina Andrade, secretaria general de Seguridad Ciudadana del Municipio, aclaró que la resolución no implica que existirá una inversión adicional, ni tendrá impacto presupuestario. Tampoco representa un sistema exclusivo para concejales o un cambio de planificación.

El pasado 21 de mayo, ella entregó la información, de manera formal, a concejales. La documentación dice que integrará a los miembros del Concejo Metropolitano a un sistema de alarmas ya existente.

No se retirará ni una sola alarma comunitaria de un sector para colocarla en otro. Quito cuenta actualmente con 1 355 aparatos de ese tipo. Desde 2011, estaban instalados 850 y el año pasado se incrementaron 502.

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El año pasado, inició la auditoría de la compra de alarmas de la anterior administración. El 4 de enero de 2024, se presentaron los resultados. 1 360 barrios existen en la capital y la idea es colocar una alarma por cada sector, capacitar y conformar comités de seguridad.

En el Concejo anterior se presentaron dos informes técnicos de análisis de riesgos del Palacio Municipal y los protocolos de evacuación, en caso de que se produzca un atentado por explosivos, porque alberga a 12 mil personas. Así surgió la resolución para extender las alarmas comunitarias a los barrios en donde residen los ediles por la violencia política y delincuencia que existe en el país y la ciudad.

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