Tres vocales del Cpccs no respaldan la decisión de Alembert Vera de conformar una veeduría ciudadana

Tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitieron comunicados para desmarcarse de la convocatoria del presidente de esa entidad, Alembert Vera, para conformar un veeduría ciudadana que evalúe la destitución de jueces de la Corte Constitucional por parte del Cpccs transitorio de 2018.

Dichos consejeros son Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.

En la misiva, Nicole Bonifaz resalta que esta convocatoria fue realizada de forma unilateral y sin el conocimiento del Pleno del Cpccs. Agrega que el 31 de agosto solicitó un informe jurídico respecto a las implicaciones que tendría el proseguir con esta veeduría pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

Por su parte, Calvache y Fantoni dijeron que son respetuosos de la independencia judicial, "motivo por el cual nos deslindamos y apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir y/o decidir sobre otras instituciones, continuando con nuestras acciones dentro del ordenamiento constitucional y legal vigente".

Lea: Cpccs: la herencia de un problema y no de una solución a la democracia de poderes

Tres de los siete consejeros están ligados a la Revolución Ciudadana. Son Yadira Saltos y Augusto Verduga, junto a Alembert Vera. En cambio, a Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni los impulsó el socialcristianismo. Johanna Verdezoto, quien representa a los pueblos y nacionalidades y Mishelle Calvache son las únicas sin nexos políticos.

Asimismo, la secretaría técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional solicitó al Cpccs, a la Fiscalía y a un juez de Montecristi información respecto a esta veeduría.

Por ejemplo, a Alembert Vera le solicitaron en un plazo de 24 horas, entre otros documentos "un informe pormenorizado, y debidamente documentado, sobre todas las actuaciones de carácter administrativo (actas, resoluciones, etc.) adoptadas por el CPCCS para la conformación de la veeduría ciudadana ordenada por el juez de instancia".

Al juez se pidió "un informe del estado procesal actual en el que se encuentra la acción de protección 13U05202302325, en el que se incluya si ha sido planteado un recurso de apelación en la presente causa y en el caso de haberlo, si este ha sido elevado a la instancia superior".

Lea: Pablo Dávila: "Ahora se busca deslegitimar el trabajo que hizo el Consejo de Participación Transitorio"

El presidente del Cpccs, Alembert Vera, ya convocó a la conformación de esta veeduría. Las inscripciones se receptarán hasta las 17:00 del 11 de septiembre a través del correo [email protected].

Vera dijo que la decisión obedece a la resolución del juez de Montecristi, Leiver Quimis, quien aceptó una acción de protección interpuesta por la ciudadana manabita Betty Moreira para conformar la veeduría.

Esta no es la primera vez que Vera, exabogado del expresidente Rafael Correa, impulsa la revisión de autoridades nombradas por el Consejo Transitorio. Hace dos meses lo intentó con la fiscal Diana Salazar por el supuesto plagio de tesis que fue desestimado por la Universidad Central.

Un juez de Montecristi ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que conforme una veeduría para "diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional", por parte del Cpccs transitorio de 2018.

La decisión del juez nace de una acción de protección concedida a favor de Betty Marcillo Moreira, quien acudió a la justicia luego de que pidiera la conformación de esa veeduría al Cpccs presidido por Gina Aguilar y se le negara la solicitud.

Una analista del Cpccs de Manabí respondió a esa solicitud citando el dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se establece que la institución no tenía competencias extraordinarias que se le otorgó al transitorio.

La demandante argumentó que esa sentencia no limita la participación de los ciudadanos y, por lo tanto, considera que la vía adecuada es la veeduría.

Lea: Un juez de Manabí ordena a Alembert Vera crear una veeduría para evaluar a la Corte Constitucional que surgió del Cpccs de Trujillo