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Dos organizaciones ciudadanas analizan demanda constitucional contra Ley de Inteligencia
Fundamedios y fundación ciudadana califican de inconstitucional a la ley de inteligencia.
La Ley de Inteligencia que está vigente desde el miércoles 11 de junio, despierta cuestionamientos por la inconstitucionalidad de su contenido, según dos organizaciones ciudadanas.
Todo empieza por la disposición general que señala que toda persona tiene la obligación de entregar al Sistema Nacional de Inteligencia, información que sea de interés para la seguridad del Estado, pero no especifica, qué se considerará información de interés para el Estado.
Para Fundamedios, que monitorea y analiza la situación de la libertad de prensa en Ecuador, la norma no excluye a los periodistas o medios de comunicación y eso contradice al artículo 20 de la Constitución que garantiza la cláusula de conciencia a toda persona, el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.
“Un periodista que está investigando los posibles actos de corrupción del poder político podría estar sometido a la intervención de sus comunicaciones", explica César Ricaurte, director de Fundamedios
Por eso analizan realizar una demanda ante la Corte Constitucional. A esa intención se suma la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que cuestiona la obligación de entregar información sin orden judicial pues, a su criterio, contraría el artículo 92 de la Constitución que señala que toda persona "tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal".
“Cuando sin intermediación de la autoridad judicial, los servicios de inteligencia pueden solicitar a las empresas telefónicas ciertos datos que se consideran muy personales de los ciudadanos y que deberían estar resguardados según la Constitución”, explica Mauricio Alarcón, Fundación Ciudadana y Desarrollo
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Por estas discrecionalidades el constitucionalista Salim Zaidán asegura que con el reglamento que está pendiente, no puede corregir lo que está mal. Lo más viable es que la Corte atienda una demanda y declare la inconstitucionalidad parcial de la ley.
"Creo que hay vicios de inconstitucionalidad de fondo en la ley aprobada por la Asamblea y la Corte Constitucional podría declarar inconstitucionales algunos de los artículos", dice Salim Zaidán, constitucionalista
Para ambas organizaciones el contenido de la Ley de Inteligencia abre la puerta al uso político del aparato de inteligencia del Estado y debilita los principios democráticos.
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