La corrupción se lleva la mitad de lo que se gestiona en contratación pública

La corrupción comienza cuando una persona se mete en una fila sin permiso o prefiere pagar un servicio sin factura para evadir el IVA. Este comportamiento, que muchos ecuatorianos han repetido alguna vez, ha escalado hasta lo más alto del Estado, sobre todo en los procesos de contratación pública.

Según el portal del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública), cada año, el país gestiona en promedio 6 mil millones de dólares en esta rama para obra pública, han sido más de 60 mil millones de dólares en una década.

Según un informe del Gobierno, que respalda la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, se asegura que el malgasto en las adquisiciones públicas por mala gestión y la corrupción, representa entre el 0,9% y el 2,6% del PIB. Es decir, algo que equivale hasta a 3 241 millones de dólares al año, más de la mitad de todo lo que se gestiona en contratación pública.

Durante el panel del programa dominical Políticamente Correcto, Valentina Zárate, excontralora subrogante señaló que es necesario actualizar todos los sistemas digitales de las instituciones públicas, así como aumentar funcionarios de control, pero que precisamente por esta gran fuga de recursos, el Estado no tiene fondos económicos para combatir la corrupción en todos los ámbitos.

"No es ser pesimista, pero es muy difícil que Ecuador limpie la corrupción sin los recursos económicos necesarios. Por ejemplo, si se quiere más control público, habría que aumentar los funcionarios de la Contraloría y eso necesita dinero, además de voluntad política", sostuvo la exfuncionaria.

Frente a este grave problema, el asambleísta Adrián Castro, del oficialismo, también invitado al panel, sostuvo que la nueva administración de la Asamblea trabaja en tres leyes urgentes que permitirán limpiar al país de la corrupción: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Contratación Pública y la Ley de Inteligencia.

Sobre esta última, que ha sido fuertemente criticada en la comunidad de juristas por presuntamente vulnerar derechos ciudadanos y constitucionales, el oficialista defendió que su uso estará limitado a investigaciones de corrupción y no a persecuciones políticas.

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"Quienes actuamos con transparencia y no tenemos rabo de paja no nos va a pasar nada, podemos estar tranquilos. (...) Además, incluye varios candados para evitar persecuciones a periodistas, opositores, etc. Por ejemplo, no permite que las investigaciones sean utilizadas como pruebas”, señaló Castro.

Fausto Vásquez, jurista experto en derecho penal y constitucional, y también catedrático universitario, cuestionó las declaraciones de Castro y advirtió que varios artículos de al menos dos leyes ya aprobadas podrían vulnerar derechos, por lo que primero deberían pasar por un análisis de la Corte Constitucional.

"Solo por citar algunos ejemplos, en la Ley de Inteligencia podría pasar un caso de espionaje y en la Ley de Solidaridad se permiten allanamientos sin orden judicial", explicó.

En ese sentido, Adrián Castro aseguró que, si la Corte Constitucional dictamina que hay que cambiar algún artículo de las leyes, el presidente tomará nota.

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En la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, el sistema AXIS 4.0 no funciona y como resultado hay más de 7 600 trámites estancados. Lo curioso es que, mientras la ANT dice que el sistema está caído, a unos metros de sus oficinas operan tramitadores ilegales que sí consiguen turnos, rápido, a cambio de pagos de hasta 350 dólares.

Algo similar ocurre en el Registro Civil. Aquí la excusa es que faltan especies para cédulas o pasaportes, que no hay suficientes funcionarios y que nunca hay turnos disponibles. Sin embargo, en redes sociales, usuarios anónimos ofrecen sacar documentos en dos días por 60 dólares, más del triple de lo que cuesta el trámite legal. Mientras, quienes insisten en hacerlo por la vía correcta pueden esperar hasta tres meses.

Un tercer ejemplo está en los hospitales. Desde la pandemia, el sistema de salud asegura cubrir el 80 % de insumos, pero en la práctica solo cubre entre el 59 % y el 61 %. Como no hay medicinas, los pacientes deben comprarlas en farmacias determinadas, cerrando el círculo vicioso de corrupción.

Para la excontralora Zárate, si bien estas son grandes deficiencias del sistema, los ciudadanos también alimentan la corrupción cuando acceden a estos servicios ilegales. Por ello, Zárate y Vásquez hicieron hincapié en que muchas empresas públicas necesitan auditorías y que el Estado debería apoyarse en nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para depurar procesos y personal involucrado en actos ilícitos. Este tipo de mecanismos ya se han usado con éxito en países como México y Chile.

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