Daniel Noboa cuenta con una docena de herramientas jurídicas para combatir al crimen organizado

El presidente Daniel Noboa asumió el cargo por primera vez en noviembre de 2023, en medio de una profunda crisis de violencia e inseguridad, y bajo la promesa de devolver la paz a Ecuador. Ahora, casi 19 meses después, la situación no ha mejorado del todo, aunque ahora el Ejecutivo cuenta con 12 herramientas legales para el combate de grupos armados.

Esas reformas vinieron de leyes aprobadas en el periodo anterior y el vigente por la Asamblea Nacional, en la consulta popular, o por decretos ejecutivos.

¿Con qué cuenta el Gobierno, en la lucha contra el crimen organizado?

En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó conflicto armado interno en Ecuador, luego de la irrupción armada en TC Televisión y atentados a escala nacional.

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Con esa medida, el Gobierno enlistó las organizaciones de delincuencia organizada y las categorizó como terroristas. Además, ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos, así como la intervención de la Policía Nacional para "garantizar la soberanía e integridad territorial".

Esa declaratoria todavía está en vigencia y con la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el pasado sábado 7 de junio, se reguló el marco jurídico para delimitar los alcances del Presidente, fuerzas del orden y jueces, en un contexto de conflicto armado interno.

A propósito de esa declaratoria, el Gobierno dispuso el aumento del IVA en dos puntos, para solventar los gastos que implica la guerra.

En abril de 2024, los ecuatorianos votaron a favor de tres preguntas de referéndum y seis de consulta popular relacionadas con la seguridad. En una de ellas, la ciudadanía aprobó que las Fuerzas Armadas den apoyo a las funciones de la Policía Nacional, en casos excepcionales, por decreto ejecutivo y con base en un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado.

El Legislativo debía definir los límites de ese apoyo complementario hasta diciembre de 2024, por mandato popular, sin embargo, hasta la fecha, tales regulaciones no se han comunicado por los canales oficiales de la Asamblea.

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Luego, vía decreto ejecutivo, Noboa reformó el reglamento de la Ley de Defensa Nacional en el que estableció, entre otras cosas, que la Policía puede subordinarse a las Fuerzas Armadas.

Vía enmienda constitucional, los ciudadanos aceptaron el permitir la extradición de ecuatorianos, bajó los límites del derecho internacional, aunque hasta la fecha no ha registrado ningún caso.

En esa consulta popular, los ecuatorianos también decidieron aumentar las penas a delitos como terrorismo, producción y tráfico de drogas, asesinato, sicariato, trata de personas, entre otros.

En la Ley de Solidaridad Nacional, que todavía debe pasar el veto presidencial, también incluye otros delitos como el pertenecer a un grupo de delincuencia organizada o dirigirlo.

Según la Ley de Solidaridad Nacional, se entregarán incentivos económicos para pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pesca artesanal y recolectores, así como para jóvenes y adultos, con el fin de fortalecer capacidades productivas y laborales, así como actores de la economía popular y solidaria.

Con esta ley, los bienes en posesión de grupos armados serán incautados y ocupados por la fuerza del orden y la titularidad pasarán a ser controlados por el Estado en un plazo de 15 días.

Además, en la consulta popular se contempló que los bienes de origen ilícito pasen a titularidad del Estado, con un trámite simplificado.

En la Ley de Solidaridad Nacional se aprobó que los allanamientos, en medio del conflicto armado interno, estarán sujetos a control posterior de un juez, eso significa que los miembros de la fuerza pública podrá intervenir espacios sin una autorización previa de un magistrado. La institución a cargo de ese procedimiento, deberá remitir un informe en 24 horas.

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El planteamiento ha provocado cuestionamientos. Por ejemplo, el abogado penalista José Elías Cárdenas cree que es necesario el criterio de un juez para garantizar el respeto al debido proceso. Recuerda que en casos extraordinarios como en flagrancia estaba ya autorizado.

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En la Ley de Solidaridad, aprobada por la Asamblea, está que el Presidente de la República podrá indultar con efecto diferido, por razones humanitarias o de interés público excepcional, a personas procesadas penalmente por hechos relacionados directamente con dicho conflicto. Este indulto podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal posterior previo a la sentencia y entrará en vigencia una vez que exista sentencia ejecutoriada.

También, en la Ley de Solidaridad consta que la medida cautelar "útil y eficaz" para las personas procesadas por delitos conexos al conflicto armado interno será la prisión preventiva.

Cuando Daniel Noboa llegó al poder, una de las primeras decisiones que tomó fue eliminar la tabla de consumo de drogas del correísmo. Sin embargo, ahora, en la Ley de Solidaridad, se otorga la responsabilidad de determinar los parámetros para diferenciar entre consumidor y traficante al Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

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Entre ellos, deberá considerarse si hay almacenamiento de drogas o exámenes toxicológicos.

En la Ley de Inteligencia, aprobada ayer por la Asamblea Nacional, consta que los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar "información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización".

En la Ley de Inteligencia también consta que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar, "en forma segura, directa, gratuita y oportuna, la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia", consta en la nueva ley.