Lo bueno, lo malo y lo feo de la Ley de Solidaridad Nacional

Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, presentada por el Ejecutivo como económica urgente y bajo el nombre de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno en Ecuador.

La norma tuvo el apoyo del oficialismo, Partido Social Cristiano y Pachakutik. Incluso el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Raúl Chávez, se mostró interesado en dar paso a ciertos artículos, pero fue negada su petición de votar por bloques.

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Expertos consultados por Ecuavisa.com consideran que la ley no cumple con el objetivo de combatir la economía criminal, pero puede servir como un insumo en la lucha contra grupos armados organizados.

La ley establece, entre otros aspectos, los parámetros frente a una declaratoria de conflicto armado interno, es decir, delimita los alcances de las fuerzas del orden y del Presidente.

En enero de 2024, Daniel Noboa hizo esa declaratoria vía decreto ejecutivo, por primera vez en la historia de Ecuador, lo que implicó que no exista un marco legal que regule lo que está o no permitido en ese contexto.

También es positivo que se permitan donaciones de bienes inmuebles, equipamiento, suministro nuevo para las fuerzas del orden, provenientes de organizaciones internacionales o contribuyentes nacionales, en este último caso, significará una rebaja al impuesto a la renta.

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Además, se entregarán incentivos económicos para pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pesca artesanal y recolectores, así como para jóvenes y adultos, con el fin de fortalecer capacidades productivas y laborales, así como actores de la economía popular y solidaria.

Con esta ley, los bienes en posesión de grupos armados serán incautados y ocupados por la fuerza del orden y la titularidad pasarán a ser controlados por el Estado en un plazo de 15 días.

La Ley de Solidaridad incluye medidas de protección y atención a víctimas del conflicto armado interno. Por ejemplo, acceso preferente a servicios de salud física y mental. Las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores recibirán mecanismos específicos de protección.

Así mismo, es la primera norma que da paso a la prevención de la captación de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados, mediante la implementación de programas deportivos, culturales, educativos, comunitarios.

Finalmente, la ley establece el registro de víctimas del conflicto armado interno, una tarea a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, considera que la ley no cumple con el objetivo de combatir las economías criminales.

A su criterio, es necesario crear una unidad de inteligencia especializada en la rama, principalmente en análisis forense financiero, criptomonedas, empresas fachadas o estructuras offshore.

Ve con preocupación que en la ley no se haya incluido el congelamiento de cuentas de manera anticipada para bloquear la actividad financiera de esas organizaciones delictivas.

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Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, ve negativo que no se haya contemplado ningún esfuerzo para eliminar el abastecimiento de combustible a embarcaciones que transportan droga.

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Los allanamientos en medio del conflicto armado interno estarán sujetos a control posterior de un juez, la institución a cargo de ese procedimiento deberá remitir un informe en 24 horas.

Este planteamiento ha provocado cuestionamientos. Por ejemplo, el abogado penalista José Elías Cárdenas cree que es necesario el criterio de un juez para garantizar el respeto al debido proceso. Recuerda que en casos extraordinarios como en flagrancia estaba ya autorizado.

En la ley consta que el Presidente puede indultar a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con el conflicto armado interno, otorgado dentro de la fase de investigación previa o cualquier etapa previa a la sentencia. Aplica en tres casos: funcionarios en cumplimiento de operaciones de seguridad; una persona con enfermedades raras o catastróficas y cuando exista colaboración con la justicia.

Para Cárdenas, hay que tener procesos rigurosos para entregar esos indultos. Explica que un policía o militar debe tener suficiente preparación para evitar extralimitarse en sus funciones.

La Ley de Solidaridad establece como delito el pertenecer directa o indirectamente a un Grupo Armado Organizado, lo cual será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Y aquellos que dirijan una pena de 26 a 30 años.

En ese aspecto, los expertos cuestionan que no están claros los parámetros que determinen si una persona es miembro de una organización criminal. Consideran que puede ser estigmatizante y provocar detenciones arbitrarias si solo se toma en cuenta aspectos como tatuajes o el barrio de residencia.

También quedan dudas sobre la resolución que determinará el procedimiento para diferenciar a un traficante de un consumidor.

Finalmente, la prisión preventiva será la medida útil y eficaz en casos de personas procesadas en el contexto de conflicto armado interno. Para Cárdenas, eso solo podría incrementar el hacinamiento penitenciario.