El proyecto de Ley de Inteligencia da cabida a espionaje y entrega obligatoria de información

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional tiene cinco días para reestructurar el proyecto de Ley de Inteligencia luego de que, en segundo debate, el Pleno observara con preocupación algunos artículos de la propuesta.

Los cuestionamientos son varias, por ejemplo, genera dudas que no haya mayores restricciones para el perfil que debe tener la autoridad a cargo de la entidad rectora de Inteligencia, misma que nunca se especifica el nombre; también que las personas jurídicas y naturales están obligadas a entregar información, y que permite interceptaciones sin orden judicial.

Sin embargo, en las intervenciones del Pleno de la Asamblea, del pasado 3 de junio de 2025, todos los legisladores que intervinieron coincidieron en que es necesaria una normativa al respecto, por la situación de inseguridad que vive el país. ¿Hay manera de que en Ecuador haya sistemas de Inteligencia sin que eso implique abusos de poder?

Para ser ministro y dirigir lo que actualmente se conoce como el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), solo es necesario ser ecuatoriano, tener derechos políticos, no tener sentencia ejecutoriada, no pertenecer a las fuerzas del orden, pasar pruebas de confianza y no estar inmerso en prohibiciones propias del servicio público.

Es decir, conforme al proyecto de ley, no es necesario mostrar dominio o conocimiento en materia de seguridad, Inteligencia o afines.

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Fredy Rivera, experto en seguridad internacional, cree que debe escogerse un perfil de confianza para el Presidente pero con mucha experiencia en el servicio de Inteligencia.

En el texto de la propuesta consta que la entidad rectora tendrá un fondo permanente de gastos especiales para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, "cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el sistema nacional de contratación pública".

Aunque el monto constará en el Presupuesto General del Estado y será de conocimiento público, las asignaciones de los gastos serán información clasificada.

La vigilancia de esos recursos estará a cargo del Contralor General del Estado, de manera trimestral. "La información será incinerada por el Contralor". Además, luego del tiempo establecido para la revisión de la información, no se podrá fiscalizar.

Lorena Piedra, académica y experta en Inteligencia, cuenta que en una investigación sobre el rediseño institucional de la inteligencia en Ecuador, encontró que se utiliza los recursos reservados de manera preocupante, "sin controles", además dice que "han servido para operaciones que exceden la función legal de la inteligencia, incluyendo vigilancia política y pagos informales".

La experta explica que puede ser necesaria la utilización de recursos en operaciones especiales y reservadas, pero cree que el mecanismo de control de estos debe perfeccionarse, propone que sea una comisión interinstitucional.

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Según Rivera y Piedra, en la norma hace falta establecer los parámetros para la contratación de los servidores públicos que trabajarán en Inteligencia. Por ejemplo, Rivera explica que es indispensable que se escojan funcionarios sin trayectoria política ni con convicción religiosa.

Piedra cree que es correcto que se limiten las contrataciones ocasionales porque los funcionarios tienen que ser de carrera y tener una basta formación en Inteligencia. Sin embargo, Rivera cree que hay momentos específicos en los que se necesita la contratación de personas con perfiles particulares para atender amenazas que son coyunturales.

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"Para la correcta aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar, en forma segura, directa, gratuita y oportuna, la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (...)", consta en el proyecto de ley.

Es decir, que un periodista, por ejemplo, debería entregar la información de sus fuentes o una empresa los datos sobre sus clientes.

En entrevista para Contacto Directo, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, dijo que "no se trata de generar una vigilancia masiva", pero no explica cómo evitar abusos de poder.

En el proyecto de ley aparece que la entidad rectora puede pedir a las operadoras de telefonía móvil acceso a información de comunicaciones y conexiones entre sus clientes con una solicitud justificada, es decir, sin una orden judicial.

Alarcón dice que eso no autoriza la entrega del contenido de comunicaciones privadas, sino de información técnica de red de datos, que no está protegida por el derecho de la red de datos.

"El texto que se debate actualmente contiene vacíos que pueden permitir el espionaje político, como la ausencia de una prohibición explícita de usar la inteligencia para fines partidistas", dice Piedra, quien defiende que es posible promover un sistema de Inteligencia sin esos riesgos.