Las organizaciones sociales piden que el proyecto de Ley de Inteligencia sea archivado en la Asamblea Nacional

El Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia fue analizado hoy, martes 3 de junio de 2025, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tiene como objetivo normar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar y neutralizar amenazas que afecten la seguridad del Estado.

La legisladora Inés Alarcón preside la mesa de Seguridad Integral en la que se estudió la propuesta de norma. Explicó que con esta se creará el Sistema Nacional de Inteligencia, así como sus subsistemas especializados, policial, militar, tributario y penitenciario, así como los mecanismos de control en el uso de sus fondos.

La idea es priorizar estándares internacionales de protección ciudadana frente a posibles excesos.

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Durante el debate, Gerardo Machado y Jhajaira Urresta coincidieron en que se debe establecer garantías para que la ejecución de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia requieran de autorización judicial. “La concentración de poder sin contrapesos jurídicos puede derivar en un uso arbitrario de las facultades del Sistema”, dijo Machado.

Al final, Niels Olsen Peet, presidente de la Legislatura, dispuso que el proyecto retorne a la Comisión para la inclusión de las observaciones y la elaboración del texto final de votación.

De otro lado, diferentes organizaciones sociales publicaron un comunicado para rechazar al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, este 3 de junio. Enfatizaron que esta norma no responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el país, sino que pone las bases para un sistema opaco, autoritario y profundamente lesivo a los Derechos Humanos.

A su juicio, se trata de una propuesta que ha sido desarrollada entre el silencio mediático y las sombras. No ofrece soluciones reales a la inseguridad. Al contrario, institucionaliza la impunidad, concentra el poder en el Ejecutivo y reduce al mínimo los mecanismos de control y fiscalización ciudadana y judicial.

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Las organizaciones pidieron el archivo inmediato del Proyecto de Ley, la apertura de un debate público y participativo, con organismos de Derechos Humanos, periodistas, expertos en seguridad y sociedad civil. También la construcción de una política de inteligencia basada en controles democráticos, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.