05 sep 2023 , 15:03

La Corte Constitucional verificará el cumplimiento del dictamen que blindó las decisiones del Cpccs transitorio

El presidente del Cpccs, Alembert Vera, acogió la orden del juez de conformar una veeduría para evaluar la actuación del Consejo de Participación Transitorio.

El Consejo de Participación Ciudadana y el juez de Montecristi, Leiver Quimis, están en la mira de la Corte Constitucional.

El organismo evalúa si incumplieron el dictamen del 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas, el nombramiento de la propia Corte y de funcionarios actuales como la fiscal general Diana Salazar.

El juez dispuso la creación de una veeduría que revise lo hecho por el transitorio, y Alembert Vera, titular del Consejo de Participación, ya dispuso su conformación.

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Activación de fase de seguimiento

Para confirmar si incurrieron en la infracción, la Corte activó la fase de seguimiento y remitió 3 oficios: el primero disponiendo a Alembert Vera que en el plazo improrrogable de 24 horas remita un informe pormenorizado y debidamente documentado sobre la conformación de la veeduría.

Al juez de Montecristi da el mismo plazo para que envíe el expediente completo de su sentencia en la que ordena la creación de la veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional.

Lea: Un juez de Manabí ordena a Alembert Vera crear una veeduría para evaluar a la Corte Constitucional que surgió del Cpccs de Trujillo

Finalmente solicita a la fiscal Salazar que sustente el oficio que envió el pasado 5 de junio, cuando ya alertó a la Corte de las intenciones, no solo del Consejo de Participación sino también del Consejo de la Judicatura, de desobedecer el dictamen, cuando Wilman Terán convocó a sesión para tratar la posible suspensión de la funcionaria, que también fue nombrada en el régimen transitorio.

La Constitución da plenas facultades a la Corte Constitucional para que garantice que sus dictámenes y sentencias se cumplan, esto incluye la destitución de los funcionarios que interfieran en su ejecución.

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