El juicio contra Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado comenzará el 4 de marzo

El juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022 comenzará el próximo 4 de marzo, según anunció el Poder Judicial de Perú. El exmandatario es acusado de ser coautor del delito de rebelión y autor de abuso de autoridad, delitos por los que la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión.

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Junto con Castillo, también enfrentan juicio la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino, el exasesor Aníbal Torres Vásquez, y otros tres funcionarios.

Las audiencias se realizarán de forma mixta (presencial y virtual) desde el penal Barbadillo, en Lima, donde Castillo se encuentra recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y gobernar mediante decreto.

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El proceso judicial incluye la presentación de documentos, pruebas, reportajes periodísticos y testimonios que serán fundamentales para el veredicto.

El Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado como coautor del delito de rebelión y autor de abuso de autoridad tras su intento fallido de autogolpe en diciembre de 2022.

Además, se le exige el pago de una reparación civil de 65 419 soles (equivalentes a USD 17 500 dólares) al Estado peruano, monto destinado a reparar los daños ocasionados por sus acciones durante la crisis política. Castillo también enfrentaría una inhabilitación de tres años y medio para ejercer cargos públicos, lo que le impediría ocupar nuevamente posiciones en el gobierno durante ese período.

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Los exministros y colaboradores de Castillo tampoco quedan exentos de graves sanciones penales. Para Betssy Chávez, ex primera ministra, Willy Huerta, exministro del Interior, y Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior, la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión como coautores del delito de rebelión en agravio del Estado.

Por su parte, Aníbal Torres, exasesor y ex primer ministro, enfrenta una solicitud de 15 años de prisión, acusado de haber colaborado en el intento de quiebre institucional liderado por Castillo.

El juicio se desarrolla en el marco del intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia con poderes excepcionales.

Su decisión, considerada ilegal y anticonstitucional, generó un inmediato rechazo tanto por parte de las instituciones como de la sociedad peruana. La respuesta fue rápida: el Congreso votó su destitución, y Castillo fue arrestado el mismo día cuando intentaba refugiarse en la Embajada de México.

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La destitución de Castillo desató una serie de protestas masivas en diversas regiones, especialmente en el sur del país, donde los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron muertos y heridos.