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Sindicatos en Latinoamérica: entre la resistencia, la adaptación y la pérdida de poder
Gobiernos liberales, reformas restrictivas y el auge de la informalidad obligan al sindicalismo regional a reinventarse o enfrentar la irrelevancia, mientras crecen las tensiones sociales y laborales en varios países.
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Fotografía de archivo del 15 de abril de 2024 de una integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sosteniendo un cartel durante una manifestación en Ciudad de México (México). ( )
El sindicalismo latinoamericano atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. A la ofensiva de Gobiernos de corte liberal se suman reformas laborales restrictivas, el crecimiento del trabajo informal y una pérdida progresiva de poder que obliga a los sindicatos a optar entre la confrontación, la adaptación o la desaparición.
Mapa sindical latinoamericano
En Argentina, país de fuerte tradición obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) enfrentan las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, que han acelerado el deterioro social y el desempleo.
En menos de un año, la CGT ha convocado tres huelgas generales y se debate entre endurecer su postura o mantener canales de diálogo.
Según el analista Jorge Arias, "la precarización y el debilitamiento del respaldo político han restado fuerza al movimiento sindical".
El sindicalismo en México vive un auge de organizaciones independientes tras la ratificación del Convenio 98 de la OIT en 2018 y las reformas constitucionales de 2019, impulsadas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Desde entonces, el país ha legitimado más de 30 000 convenios y ha registrado cerca de 10 000 nuevos contratos colectivos. Pese a ello, las históricas CTM y FSTSE siguen siendo actores clave en la negociación colectiva.
En Brasil, la reforma laboral que eliminó el financiamiento obligatorio ha mermado el poder sindical, reduciendo su visibilidad incluso en fechas simbólicas como el 1º de Mayo. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exlíder sindical, promueve mejoras laborales, las movilizaciones siguen siendo limitadas y poco representativas.
De la confrontación al respaldo del Gobierno populista de derechas de Nayib Bukele en El Salvador. La fragmentación heredada de administraciones anteriores ha contribuido al debilitamiento del sindicalismo independiente.
En Cuba, el control absoluto del movimiento sindical persiste. La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), única organización legal, responde directamente al Partido Comunista, y el Día del Trabajador se convierte en una celebración del sistema. Críticos y periodistas independientes suelen ser retenidos en sus domicilios para evitar manifestaciones.
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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Chile, ha adoptado una postura de diálogo con el Gobierno de Gabriel Boric. Participa activamente en reformas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, aunque su capacidad de movilización ha disminuido.
En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una relación estrecha con el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Su líder, Juan Carlos Huarachi, ha pedido incrementos salariales superiores a la inflación, lo que ha provocado críticas empresariales por el posible impacto económico.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela, por su parte, se ha debilitado en medio de la crisis nacional y la proliferación de sindicatos afines al Gobierno. La Red Sindical Venezolana exige unidad y aumentos salariales, en un contexto donde el salario mínimo ronda los dos dólares mensuales.
Las centrales sindicales de Colombia, como la CUT, respaldan las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. No obstante, han advertido que podrían convocar nuevas protestas si el Congreso bloquea proyectos clave en materia laboral, de salud y pensiones.
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En Perú, donde el 70 % del empleo es informal, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denuncia las políticas de desregulación que profundizan la precariedad laboral, dificultando aún más la organización sindical.
El Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, ha desmantelado el sindicalismo independiente, instaurando un férreo control estatal sin espacio para la crítica o la oposición organizada.
El Suntracs, uno de los sindicatos más influyentes en Panamá, ha perdido fuerza tras su oposición a la minería a cielo abierto. En Uruguay, el PIT-CNT sufrió un revés tras el rechazo ciudadano a su propuesta de reforma jubilatoria, aunque mantiene espacios de diálogo con el presidente Yamandú Orsi.
En Paraguay, con apenas un 6,7 % de trabajadores sindicalizados, el movimiento enfrenta una profunda debilidad organizativa alimentada por la informalidad, la baja industrialización y la desconfianza ciudadana.
La fragmentación sindical y la migración masiva en Honduras han restado protagonismo al movimiento obrero. En Costa Rica, la relación del presidente Rodrigo Chaves con los sindicatos está marcada por la tensión y denuncias de corrupción.
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En Puerto Rico, la Ley de Cumplimiento Fiscal y el fallo Janus de la Corte Suprema de EE. UU. han limitado severamente la acción sindical, al eliminar derechos de negociación y permitir la desafiliación sin consecuencia y en República Dominicana, aunque hay cerca de 4 000 sindicatos registrados, más del 60 % está inactivo. Las principales centrales han sido cuestionadas por su cercanía con los Gobiernos de turno, lo que debilita su credibilidad y capacidad de movilización.
El mapa sindical latinoamericano refleja un escenario cambiante, en el que los sindicatos enfrentan una encrucijada, reinventarse y adaptarse a los nuevos contextos sociales, económicos y políticos, o correr el riesgo de volverse irrelevantes.
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