Un fondo para la jubilación patronal, administrado por el IESS genera dudas: ¿hay otras alternativas?

El debate alrededor de la jubilación patronal vuelve a confrontar a trabajadores y empleadores, con la diferencia de que ahora hay una coincidencia: es necesaria una reforma.

En el Código de la Democracia, el artículo relacionado con ese beneficio es letra muerta, pues solo el 4 % de trabajadores acceden a esa pensión luego de pasar 25 años trabajando para un mismo empleador, la mayoría de ellos son del sector público.

Lo que ocurre en las empresas privadas es que despiden a los colaboradores, antes de que cumplan el tiempo, dejando a personas de más de 50 años sin trabajo.

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Sin embargo, los gremios sindicalistas y empresariales discrepan en las formas para reformar ese artículo en la ley.

La propuesta del Ministerio de Trabajo es que tanto trabajadores como empleadores aporten a un fondo administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

Ese planteamiento se discutirá en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en 120 días. Corre primero un plazo de 30 días para la designación de los integrantes de las mesas técnicas y luego, en 90 días, se elaborará el proyecto de ley que será emitido a la Asamblea Nacional.

El IESS está en una constante crisis. De hecho, las autoridades que han pasado por la institución alertan que, sin una reforma profunda, será imposible que se sostenga en 40 años.

La deuda del estado con el IESS supera USD 24 mil millones, aunque no está claro cuál es el monto real. Eso compromete la liquidez, así como los servicios de salud que ofrece y el fondo para pensiones.

Este último rubro representa USD 6 785 millones anuales para 700 mil jubilados. Lo que contrasta con los USD 3 mil millones que recauda por aportes de empleadores y trabajadores.

La propuesta de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, es que exista una aportación de ambas partes de la relación laboral, que se calcule con base en un estudio actuarial y que sean desde el primer mes de contrato. Ese dinero pasaría a un fideicomiso administrado por el BIESS, la institución financiera que administra los fondos de la seguridad social y que tiene cierta solidez, pero es propensa a decisiones poco técnicas, lo que pone en riesgo su estabilidad.

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Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), dice que es la única alternativa porque es un organismo tripartito, es decir, integrado por representantes de los afiliados, empleadores y Gobierno.

Dice que es imposible pensar en un fondo administrado por manos privadas o gremios empresariales, así como tampoco se podría encargar de esa tarea al Gobierno o a los sindicatos.

Reconoce que no es una institución sólida, pero cree que los esfuerzos deben centrarse en fortalecer la institucionalidad y rescatar el servicio.

La idea es que se invierta ese dinero y genere intereses, pero, también hay riesgo de que los fondos sean mal administrados.

Ya ha pasado que el BIESS en lugar de incrementar las inversiones, cubre las obligaciones actuales, generando un prejuicio para la institución financiera.

El exministro de Trabajo, Francisco Vacas, dice que la diferencia radica en que no hay un servicio de atención en salud o fondos de cesantía.

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Sin embargo, sí se eliminaría la obligatoriedad de trabajar 25 años para una misma empresa y los aportes serían de ambas partes e incluso de varios empleadores.

El experto laboral considera que los trabajadores sí tienen que aportar a ese fondo porque servirá para su retiro e incluso se podría dar la posibilidad de que el trabajador pueda retirar ese dinero al ser despedido.

Arellano contrapone ese argumento indicando que sería un retroceso en los derechos de los trabajadores.

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Con base en su experiencia, Vacas dice que la propuesta actual del Ministerio de Trabajo es la más sostenible. Sin embargo, cree que todavía puede mejorarse y que, para ello, será clave que puedan participar todos los sectores involucrados, incluso las personas que no tienen empleo adecuado, por el riesgo que pueda existir de reducir las contrataciones por un incremento del costo.