Estimados lectores, quizás ustedes coincidan conmigo en que estos dos personajes inician mal la semana. Rafael Correa, enredado en la defensa política de Ronny Aleaga, y el Presidente de la República acusando dos golpes severos: el agotamiento del estado de excepción y las acusaciones directas de Verónica Abad, a propósito de la detención de su hijo, en el caso Nene.
Vamos por partes. La cabeza más vulnerable de la Revolución Ciudadana decide pasar por alto la estrategia (en realidad, no sabemos que tan bien pensada estaba) de su agrupación política de tomar distancias de este Latin King y exlegislador, expuesto en cuerpo entero dentro de la trama de corrupción, narcopolítica y crimen organizado que sacude al país y, por la cual, la Fiscalía hasta presume que tenía interés por silenciar a Fernando Villavicencio.
Con timidez y a regañadientes, voces como Pamela Aguirre y la hermana Pierina Correa trazaron una línea de trabajo similar a la del PSC. Es decir, que Aleaga o Pablo Muentes respondan de manera personal, sin manchar a sus organizaciones que tanta protección les patrocinó.
Una estrategia cómoda e inconsecuente con el país, sí, pero estrategia al fin. Sin embargo, el expresidente Correa trastocó el plan el momento en que se hizo eco de un video de Aleaga mediante el cual, palabras más, palabras menos, trata de desfigurar el trabajo de la fiscal Diana Salazar al señalar, según una serie de chats, que ella era parte de los diálogos con narcos y mafiosos, con propósitos extorsivos. Y lo peor, no se da cuenta Aleaga que termina aceptando la hipótesis de Fiscalía de que él sería alias Ruso.
Su desprecio absoluto por Salazar hace que Correa cometa demasiados errores. Por ejemplo, con su serie de tuits, respaldó esos argumentos en un momento donde la credibilidad de Salazar es exponencialmente gigantesca en comparación con la de Aleaga. El exmandatario no se da cuenta de que al cerrar indirectamente filas por este exlegislador, vuelve a validar la famosa foto de la piscina en Miami que supuso la punta del ovillo a la hora de desenredar los nexos de la narcopolítica. En consecuencia, mete nuevamente a la Revolución Ciudadana en esta discusión delictiva.
Lo del presidente Daniel Noboa también es decidor. El asesinato a la alcaldesa manabita de San Vicente, Brigitte García, es la constatación de que once semanas después del estado de excepción, la inseguridad y la violencia han tenido un repunte dramático que la propaganda oficial no logró ocultar por mucho tiempo.
La crisis en Carondelet por este crimen también se manifiesta en la imposibilidad que tiene el Régimen por plantearle al país una lectura clara y actualizada del momento por el que atravesamos. Debieron pasar más de 24 horas del crimen para que Noboa hablara al respecto.
Lastimosamente, su declaración en lugar de ponerle un paso adelante, lo hace retroceder dos o tres años. Noboa dijo que el narcoterrorismo está incrustado en la función pública, como si nadie se hubiera enterado del caso Purga, Metástasis, Encuentro, las muertes de Villavicencio, Intriago o los delitos de Daniel Salcedo en los hospitales al inicio de la pandemia...
Noboa pierde tiempo precioso en su afán de empatar la sensación de optimismo que había inoculado en la población luego de la toma de TC el 9 de enero, con la consulta popular.
Aún se vienen menos de cuatro semanas intensas para el Régimen a fin de ganar la consulta y un bache importante se presenta en el camino. Se trata de la vicepresidenta Verónica Abad, quien por primera vez desde el fin de la primera vuelta electoral, mueve el piso a Noboa.
Los asesores de Carondelet deben mirar cada sílaba de la declaración de Abad a un medio de Costa Rica, cuando dice tres cosas muy delicadas.
La verdad es que el caso Nene golpea a Carondelet a pocas semanas del triunfo político que se espera cosechar el 21 de abril.
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