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Si persistimos en el argumento de que al Presidente de la República le interesa mantener en buenos niveles su reputación de político moderno y hombre ajeno a esta cloaca nacional que ha supuesto las revelaciones de la fiscal Diana Salazar, el caso Purga debe tenerlo muy preocupado.
No es para menos; fue detenido Pablo Muentes, agencioso operador político del PSC, llegando a ser asambleísta durante el último tramo de la legislatura que Guillermo Lasso mandó a su casa. Este señor alcanzó fama por ser uno de los enemigos públicos de Fernando Villavicencio, a quien en una ocasión lo amenazó delante de las cámaras.
Prolijo a la hora de demandar a los periodistas que seguían sus pasos; para eso, Muentes tenía el pleno respaldo de la dirigencia del PSC: léase Alfredo Serrano y Jaime Nebot, firmada en sendos boletines partidistas.
Para colmo, este sujeto se proyectaba como una figura demasiado cercana a los dos centrodelanteros con los que el presidente Daniel Noboa cuenta para mantener su agenda de gobernabilidad, dentro del pacto de la impunidad. El titular de la legislatura, Henry Kronfle, y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres.
La maldita hemeroteca, que brota entre los tuiteros más suspicaces, no ha dejado de mostrar la reciente foto del pretil de Carondelet, donde Muentes, a pocos metros de distancia del flamante mandatario, hace gala de poder, cercanía e influencia.
Si a Noboa le preocupa el qué dirán, algo tendrá que alegar sobre la presencia de este señor, al que le presentarán cargos de delincuencia organizada, junto a un poco de jueces corruptos y mafiosos por los que las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, en buena medida, están sumidas en la violencia y el terrorismo.
No solo eso. El Mandatario, a más de las consabidas explicaciones, tendrá que recomponer el jarrón qué el mismo hizo trizas, la semana pasada, al entregarle sus votos en la Asamblea a las bancadas del PSC y la Revolución Ciudadana, para destituir a Fausto Murillo, el vocal de la Judicatura al que Nebot y Correa quisieron sacarse de en medio, desde mediados de 2022.
La brillante operación política con la que el viceministro Torres convenció a Noboa para dar sus votos a la aplanadora de impunidad, consistía en que ADN tenga la posibilidad de armar la terna para el reemplazo de Murillo. Claro, siempre contando con los votos de sus aliados
.El problema es que luego de que Diana Salazar ordenara los allanamientos del caso Purga y detuviera a Muentes, el PSC, al igual que lo que ocurrió con el correísmo tras el terremoto de Metástasis, ha quedado muy mal parado.
Por lo tanto, no se sabe con qué transparencia, liderazgo, idoneidad y sentido de patria, el Gobierno impulsará el relevo en la Judicatura cuando, a todas luces, se dejó ver la cara por los socialcristianos. Hasta el expresidente residente en Bélgica salió a cuestionar el operativo considerándolo como una venganza de la Fiscalía.
En tremendo lío se metió Noboa y ojalá la ministra Mónica Palencia le ayude a salir de él.
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