La seguridad en 100 días del gobierno de Daniel Noboa marcada por la guerra

En los primeros días de Daniel Noboa, la incertidumbre reinaba en cuanto a las acciones que tomaría el nuevo Gobierno para contener la ola de violencia heredada de su antecesor. La demora en la designación de autoridades y la anunciada depuración generaban dudas.

Sin embargo, el punto de inflexión para el país y su Gobierno se materializó el 9 de enero de 2024 con el ataque armado a TC Televisión, alcanzando la cima de la violencia, como nunca antes en Ecuador.

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El acto terrorista provocó que, por primera vez, un presidente declarara el estado de conflicto armado interno, lo que llevó a la movilización de las Fuerzas Armadas con el objetivo de neutralizar a los 22 grupos identificados como terroristas.

Desde entonces, la gestión en materia de seguridad ha estado marcada por la guerra y una "tensa calma". Además, de acciones que, según expertos en el tema, solo se han centrado en la securitización. Mirando hacia el futuro, los analistas en la materia instan al Gobierno a realizar cambios más profundos y estructurales. Aquí los detalles.

Durante noviembre y diciembre, la política de seguridad de Noboa y su plan Fénix anunciado en la campaña electoral carecían de una dirección clara. "Se mantenían en gran medida en secreto, argumentando que era un tema de seguridad", recuerda la analista, Katherine Herrera, en una entrevista con este medio.

La depuración en las instituciones fue la justificación del Gobierno para explicar la demora. Por lo que, una medida que dejó una huella en los primeros meses, según Herrera, fueron los cambios en la cúpula militar y policial.

En ese momento, Noboa aceptó la renuncia de cuatro generales de la Policía, incluido Pablo Ramírez, quien resultó vinculado al caso Metástasis.

En retrospectiva esta acción no fue suficiente, resalta la analista, ya que la institución requería una reestructuración completa con cambios más profundos que no se limitaran solo a la remoción de las cabezas.

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Pero, retomando diciembre, mientras el Gobierno se establecía, Herrera recalca que también hubo cierta improvisación en las decisiones de Noboa en materia de designación de autoridades, como el SNAI y las gobernaciones. Seguía la tendencia de nombrar a expolicías y exmilitares para estos cargos.

"Se evidenció la falta de un liderazgo sólido en materia de seguridad para encabezar las acciones a nivel provincial", agrega.

Mientras el recién llegado presidente avanzaba, el ritmo de la violencia que asolaba al país crecía implacablemente. De hecho, el año 2023 concluyó con la tasa de homicidios más alta registrada en la historia de Ecuador.

Tendencia que continuó al inicio del nuevo año; solo en el primer día de 2024, se registraron 61 muertes violentas, de las cuales 22 ocurrieron en Durán.

La antesala del punto de quiebre ocurrió la madrugada del 7 de enero, cuando fuerzas militares y policiales ingresaron al centro penitenciario conocido como cárcel La Regional con el objetivo de trasladar al cabecilla de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a La Roca. Sin embargo, no lo ubicaron.

Al día siguiente de la confirmación de la fuga de Fito, Noboa decretó su primer estado de excepción con toque de queda desde las 23:00 hasta las 5:00 en todo el país, por 60 días.

Pero, la violencia no paró, más bien se incrementó. El 9 de enero, se produjo el secuestro de policías, la colocación de explosivos en las calles y la fuga de reos, además, del secuestro de 135 guías penitenciarios y la toma de TC Televisión.

Hechos que marcaron un antes y un después, dice Herrera, en la dinámica y manejo de la materia de seguridad en el Estado ecuatoriano, el Gobierno "demostró que hay otras alternativas para la solución de conflicto de inseguridad en una nación, sobre todo con las características que manejó el decreto".

Con la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles se ha ido revelando cómo durante años los cabecillas han ejercido el control en las prisiones, donde se han encontrado diversos lujos como villas VIP, armas y piscinas.

En marzo, según la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, iniciara la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad adoptando el modelo salvadoreño para lo que se ha destinado aproximadamente USD 116 millones.

Aunque los niveles de violencia han disminuido, la percepción de miedo entre la ciudadanía persiste, y no sin razón. El 17 de enero, el fiscal César Suárez, encargado de la investigación sobre la toma armada del canal, fue asesinado.

Las muertes, aunque han disminuido en un 18%, siguen siendo altas, representando 165 menos que en los mismos meses de 2023.

Por eso, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, señala que "es muy temprano para valorar si ha mejorado de forma significativa la seguridad; el balance aún es discreto".

La guerra, aunque ha brindado a Noboa un mayor respaldo a su gestión, también ha evidenciado graves falencias, ya que cada vez son más frecuentes las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los militares dentro de los penales y en las calles.

La analista Herrera señala que, si bien se ha comparado a Noboa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en cuanto a su política de mano dura, existen diferencias significativas.

Según Herrera, El Salvador comenzó con un enfoque simultáneo en la intervención de grupos delincuenciales y pandillas, mientras trabajaba en la reforma del sistema de justicia para abordar los casos de detenidos.

En contraste, en Ecuador "ya vamos con más de 10 000 detenidos en este conflicto armado interno y muy pocos de ellos tienen una sentencia".

Además, destaca la importancia de un plan de inversión y recuperación que se centre en la prevención, incluyendo inversiones en infraestructura, educación y empleo, entre otros aspectos.

Ambos analistas coinciden en que el Gobierno debe desarrollar un plan multidisciplinario para mejorar la seguridad, ya que la estrategia centrada únicamente en militares y policías tiene fecha de caducidad, dado que el crimen organizado se adapta constantemente a las circunstancias.

Se plantean la pregunta sobre cómo operará el gobierno de Daniel Noboa ante la evolución del crimen organizado después de este conflicto.