María José Pinto cuestiona que reclutamiento de menores no sea delito en Ecuador

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, cuestionó en una entrevista con EFE que el reclutamiento de menores aún no esté tipificado como delito en Ecuador, un fenómeno que mantiene en alerta al Gobierno frente a las operaciones de grupos criminales, a los que el presidente Daniel Noboa ha declarado la "guerra".

Pinto aseveró que, con el Gobierno de Noboa, se va a trabajar "por primera vez en Ecuador" el tema del reclutamiento, mientras que "Colombia trabaja más de 50 años (para evitar) el reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes".

"Nosotros ni siquiera tenemos tipificado el delito. No hay un delito que te diga que te puedan juzgar por reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes", dijo en entrevista con EFE.

Comentó que, entre otras formas de sometimiento, las menores son captadas para explotación sexual y trabajo doméstico, mientras que los niños son incorporados a actividades delictivas en las calles.

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A mediados de año, el Gobierno creó un comité que trabaja sobre tres escenarios para erradicar el enrolamiento de menores en grupos delictivos.

El primero trata con menores que ya hayan sido detenidos o hayan estado involucrados en procesos penales, con una "estrategia puntual de rescate" y, después, vinculándolos a servicios del Estado.

En junio, Harold Burbano, entonces ministro de Inclusión Económica y Social, dijo que en el primer semestre de 2025 entre 1 200 y 1 300 menores fueron arrestados por su vinculación con el crimen organizado. En el año anterior, entre enero y octubre, la cifra fue de 3.086 niños detenidos.

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El segundo escenario se centra en niños que, si bien todavía no han tenido problemas con las fuerzas de seguridad, están "de alguna forma vinculados" con el conflicto armado.

El tercero, centrado en la prevención, se focaliza en menores residentes en zonas identificadas como "prioritarias por la intensidad del conflicto".

Los cálculos del Gobierno, según Burbano, era que existían 20 000 familias vulnerables y por ello consideró que la acción más importante era generar una política pública de prevención.

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María José Pinto aseveró que el Gobierno trabaja con organismos internacionales para apoyar a los menores involucrados y que, entre las acciones inmediatas, se incluyen servicios del Estado como las casas de acogida para adolescentes.

Pinto comentó que, para evitar el reclutamiento, ya se están registrando desplazamientos internos voluntarios, ya que los padres buscan alejar a los menores de zonas conflictivas, una situación que, por otra parte, genera dificultades en el acceso a servicios de salud y educación, ámbitos en los que —subrayó— se debe trabajar de forma articulada.

En asuntos de prevención, comentó que -entre otros- avanzan en temas deportivos y culturales para atraer a los menores cuando salen de clases y que no se involucren con bandas criminales.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, impulsada por el aumento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente Noboa a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra esas estructuras, a las que pasó a calificar de "terroristas".

Pese a esa declaratoria, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED) señaló que la ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y "es probable que siga aumentando en 2026".

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