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Minería ilegal y violencia sin freno en Alto Punino que está bajo el dominio de un grupo armado
Los Comandos de la Frontera consolidaron su poder en Orellana desde 2022. A pesar de las alertas, no hay control permanente del Estado.
El grupo criminal Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, consolidó su dominio en esta zona amazónica desde 2022, mediante el uso de extrema violencia para controlar las actividades de minería ilegal.
Según testimonios de pobladores desplazados recopilados por la Coordinadora de Colectivos Sociales por la Defensa de la Naturaleza de Napo, las masacres y asesinatos han sido constantes, aunque silenciados por el miedo.
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En octubre de 2024 se reportó una matanza en Alto Punino. Un video, grabado ese mismo día pero divulgado meses después por temor a represalias, muestra varios cuerpos siendo trasladados en una canasta metálica de las que se usan para proteger bidones de combustible en las zonas mineras. No se distingue el número exacto de víctimas, pero habitantes de la zona aseguran que hubo decenas de muertos.
"Viene la información de que se ha producido una masacre masiva en el sector de los Puninos, donde se cree -ellos dicen- que hay un promedio de 20 o 25 personas muertas y que muchas de estas personas han sido enterradas en los cráteres donde se hace la minería. Sin embargo, esta alerta también se la pasó a la Fiscalía y a la misma Policía y la Policía llegó al sector para hacer la investigación correspondiente de los cuales solo lograron rescatar dos cuerpos", mencionó José Moreno, Consejo de DDHH y Naturaleza de Napo
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El video fue difundido en mayo de 2025, tras el asesinato de once militares de la Brigada de Selva 19 Napo, lo que evidenció el nivel de violencia que impone este grupo armado en su disputa por el territorio minero.
En Alto Punino, los Comandos de la Frontera asesinan a mineros, proveedores, comerciantes e incluso informantes que no se someten a sus reglas, según la Coordinadora.
"Personas que han sido asesinadas en la carretera, que trabajan en este sector de los Puninos y los comuneros, obviamente, relacionan que estas personas que han perdido la vida están vinculadas con la minería. O son abastecedores de combustible o, a su vez, son operadores mineros", explica José Moreno, Consejo de DDHH y Naturaleza de Napo
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La organización calcula que el grupo armado controlaba entre 2 000 y 3 000 personas que participan en la actividad minera bajo su control.
La Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas y gobiernos seccionales fueron alertadas de la presencia de este grupo armado en Orellana, a apenas 56 kilómetros de la frontera con Colombia.
En tres años, el Ejército ha realizado operativos específicos en Alto Punino. Uno de los más importantes ocurrió el 14 y 15 de febrero de 2024, cuando patrullas militares destruyeron un campamento y se enfrentaron con integrantes del grupo armado.
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En el lugar se incautaron fusiles, pistolas, uniformes, chalecos y distintivos de las FARC. Un presunto integrante murió en el cruce de fuego.
Sin embargo, no existe presencia permanente de la fuerza pública. La ausencia estatal ha permitido la expansión de la minería ilegal a lo largo de 1 400 hectáreas, según un informe del Programa de Monitoreo del Amazonas.
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