Jueces de Esmeraldas reciben amenazas de sicarios a los que sentenciaron a 34 años de cárcel

Una audiencia de juzgamiento que se realizó en Esmeraldas el pasado 9 de septiembre no terminó de manera normal para los jueces de un tribunal que condenó a tres hombres a 34 años y ocho meses de cárcel por el delito de asesinato.

Darwin Q., alias “Margarito”; John B., alias “Batalla”; y, Washington C., alias “Yardel”, eran juzgados ese día por el asesinato de Jahir Simisterra Castillo, ocurrido en 2021.

Según el proceso, el día en que sucedieron los hechos, la víctima se encontraba en el sector de Puerto Limón, de la ciudad de Esmeraldas, cuando fue sorprendido por dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta: ellos le dispararon y luego huyeron.

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Labores de búsqueda e inteligencia de la Policía determinaron el paradero de ambos atacantes y del autor intelectual del hecho. Todos fueron encontrados en la misma casa.

Y las pericias a sus celulares determinaron que alias “Margarito” fue quien planificó el crimen, de acuerdo con la versión de la Fiscalía.

Al finalizar la diligencia, los magistrados sentenciaron a Darwin Q., alias “Margarito”, en calidad de autor intelectual; y, a John B., alias “Batalla”, y Washington C., alias “Yardel”, en calidad de autores materiales.

Al conocer esta resolución, los procesados –que se encontraban conectados vía telemática desde la cárcel de Esmeraldas– amenazaron a los jueces, policías y el fiscal que intervinieron en esta causa.

“Ratas, ya van a ver quiénes somos nosotros”, se escuchó en la audiencia, entre otros epítetos contra los funcionarios. Los ahora sentenciados serían parte de una banda dedicada al narcotráfico.

Ese día, además, uno de los jueces recibió amenazas mediante su teléfono celular mientras se estaba desarrollando la audiencia, según un parte policial que anotó también las amenazas registradas al finalizar la audiencia de juzgamiento.

No es la primera vez que jueces de Esmeraldas reciben amenazas.

Christian Quito, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, sostiene que esto constituye un mensaje del crimen organizado sobre las decisiones judiciales que el Estado no debería permitir. “Esto realmente afecta a la independencia judicial”.

Por eso el gremio pide al Estado mayor protección y garantía para el trabajo de los funcionarios judiciales, tomando en cuenta los recientes asesinatos de un fiscal en Los Ríos y de un juez en Sucumbíos.

En lo que va del año, 20 jueces ya reciben protección, doblando la cifra registrada en años anteriores.

“Pero hay jueces en Esmeraldas que han solicitado resguardo policial y aún no se les ha dado”, sostiene el vocero de la asociación de magistrados.