¿Jueces corruptos? Las reformas legales no solucionarían la violencia en Ecuador

En Políticamente Correcto, los panelistas Mario Cuvi, Angélica Porras y Ramiro García Falconí debatieron sobre el papel de la justicia y los malos jueces en casos de impunidad del crimen organizado en Ecuador.

Más de 15 cabecillas de las más grandes bandas criminales se han visto ayudados de alguna forma por la justicia ecuatoriana en menos de cinco años. El mal proceder de los jueces de las Cortes pone en tela de duda si las nuevas leyes de seguridad impulsadas por el Gobierno y la Asamblea Nacional frenarán la violencia y los casos de impunidad. El viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, asegura que las leyes son una ayuda, pero el problema no acaba ahí.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 23 de abril, Mario Cuvi aseguró que el gran problema que sufre la justicia ecuatoriana está en la falta de control y evaluación en los jueces y fiscales. Lo que deja las puertas abiertas para que actos de corrupción y bandas criminales puedan filtrar con fuerza en las filas judiciales.

Tal situación golpea con fuerza el accionar de la fuerza pública. El último caso registrado fue en la operación policial de Yaguachi, donde se capturaron a once presuntos delincuentes relacionados con un tiroteo. Menos de 24 horas después, un juez liberó a cuatro implicados, entre ellos, el supuesto cabecilla del grupo delictivo Las Águilas.

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“El sistema debe cambiar el mecanismo de evaluación y designación de jueces, de lo contrario las nuevas leyes nos servirán de poco”, expresó el viceministro.

Angélica Porras, exvocal de la Judicatura transitoria, acudió al debate donde expresó que una gran falencia en la justicia data de antes de 2018. La Corte Constitucional de entonces eliminó el prevaricato en los jueces, para Porras, es el error que ahora está pagando el Ecuador.

El prevaricato se usa en la ley para impedir que los jueces de las Cortes Nacional y provinciales dicten una resolución de manera injusta, aun sabiendo que, aunque legal, su resolución no es la adecuada. Sin embargo, dicha medida quedó eliminada por la Corte Constitucional anterior.

Porras asegura que el aparato judicial debe devolver el prevaricato para que los jueces realicen sus dictámenes correctamente. Además, la exvocal de la Judicatura exige que la Fiscalía actúe con transparencia, “y no solo la Fiscal de Quito, sino de todo Ecuador en su trabajo conjunto con la Fuerza Pública”.

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El experto en derecho penal y docente de la Universidad Central, Ramiro García Falconí, expone que las bandas de crimen organizado no se ven en la necesidad de amenazar a los jueces para que fallen a su favor en algún caso judicial.

“Tenemos jueces que por un poco de dinero pueden tomar cualquier clase de decisión descabellada”, enfatizó Falconí.

Además, el jurista aseguró que existen casos de jueces que, a pesar de percibir sueldos de $3.000, tienen capacidad económica para comprar casas de $500.000.

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Este tipo de actos de corrupción no es reciente, Angélica Porras confesó que, en su paso por la Judicatura de transición en 2018, “ya había indicios de infiltración de bandas de crimen organizado en la justicia”.

Los tres panelistas consideran urgente que el sistema reformule un nuevo mecanismo de control para los jueces del Ecuador. El trabajo lo debería realizar el Consejo de la Judicatura, como entre rector. Sin embargo, Porras opina que es cuestionable que el titular de la institución, Wilman Terán, lleve a cabo una evaluación eficaz, ya que también es un juez en funciones que ha pasado por la Corte Nacional de Justicia.