Familias de los cuatro menores en el caso Las Malvinas: "Hoy se hizo justicia"

Los padres y madres de los cuatro menores del caso Las Malvinas que desaparecieron en diciembre de 2024 después de que 16 militares los detuvieron de forma irregular en el sur de Guayaquil, aseguraron a EFE que se "hizo justicia" con la condena de 34 años y ocho meses de cárcel que 11 de ellos recibieron este lunes 22 de diciembre por parte de un tribunal.

"Se hizo justicia por los cuatro niños de Las Malvinas", dijo Katty Bustos, madre de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, en referencia al barrio donde sus hijos, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, vivían antes de ser detenidos por dos patrullas militares la noche del 8 de diciembre de 2024, en los exteriores de un centro comercial cercano.

"Esto no me va a regresar a mis hijos, pero sí quiero saber la verdad, por qué lo hicieron", añadió.

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Durante el juicio, los militares alegaron que la detención se produjo después de que recibieron una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando, algo que fue descartado por el tribunal.

"Los jueces declararon la inocencia de nuestros hijos, que no eran delincuentes ni terroristas, como dijeron, que eran unos niños de bien; de barrio, sí, pero humildes", añadió Luis Arroyo, esposo de Bustos, quien recordó que los menores querían ser futbolistas.

Tras la detención, los militares los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, y sus padres no volvieron a saber de ellos hasta el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados encontrados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez.

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La autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

Cinco soldados que se acogieron a la cooperación eficaz (delación premiada) -y que recibieron 30 meses de prisión- revelaron que algunos de sus compañeros los vejaron, insultaron y golpearon brutalmente en varias ocasiones en el camino hacia Taura.

Antes de llegar a la base, ingresaron por un desvío rural que estaba cerrado por un árbol caído, sitio donde los obligaron a desnudarse y donde, aseguraron los colaboradores, el jefe de las patrullas disparó para intimidar a los menores antes de ordenar que los abandonaran.

"Estos militares tenían que proteger su vida, cuidar a nuestros niños, no desaparecerlos de la forma en la que lo hicieron", aseguró Arroyo.

El tribunal ordenó que se emitan disculpas públicas y que el Estado y la institución militar reconozcan su responsabilidad en la desaparición poniendo una placa con los nombres de las víctimas en la base de Taura, entre otras medidas.

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Los familiares afirmaron que este ha sido un año "doloroso" y "devastador" y que esperan que nadie tenga que vivir algo parecido.

"Es duro ver el teléfono o entrar al cuarto y ver una foto o video y tener claro que no lo voy a volver a ver. No es fácil convivir con semejante dolor", señaló Ronny Medina, padre de Steven, quien dijo que en varias ocasiones sintió que no iba "a poder más". "Como padre no se lo deseo a nadie", añadió.

Todos aseguraron que han podido mantenerse firmes gracias a la fe que tienen en Dios, lo que también, dijeron, les permitirá enfrentar apelaciones y otro caso en el que se investiga el asesinato de los menores.

Además, el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias, Abraham Aguirre, indicó que no descartan ir a instancias internacionales en búsqueda de la verdad.

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