Caso Las Malvinas: aunque el juicio avanza, el Estado aún está en deuda con las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven

Un año después del caso Las Malvinas, la Fiscalía solicitó 34 años y ocho meses de prisión para la mayoría de militares de la FAE en calidad de autores directos por desaparición forzada. Una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 376 000) para el Consejo de la Judicatura, una indemnización simbólica de USD 10 000 para cada una de las familias de las víctimas y la implementación de un programa de capacitación obligatorio y permanente en derechos humanos.

Esto mientras la defensa de los menores pidió una indemnización de USD 100 000 a cada uno de los 17 militares procesados. Es decir, USD 1,7 millones para las familias de los chicos.

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La noche del 8 de diciembre de 2024, Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron aprehendidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Durante la investigación fiscal, se evidenciaron golpes, torturas y amenazas contra los menores de edad.

El fiscal del caso -en sus alegatos finales- repasó las pruebas recabadas, videos, informes forenses y versiones. Según Christian Farez, "el abandonar a las víctimas desnudas, el exponerlas a un riesgo, en un hecho planificado y deliberado, y el negar información, configura el delito de desaparición forzada".

Hasta las 17:20 del lunes 8 de diciembre de 2025, la Fiscalía reafirmó su pedido de 34 años y ocho meses para los cinco de los 17 uniformados señalados como autores directos. Aún debe continuar con la individualización de la sentencia contra el resto de los procesados, incluyendo los cooperadores eficaces, cuyos relatos evidenciaron la tortura a los menores de edad.

A la par, en el sur de Guayaquil, desde el barrio Las Malvinas donde crecieron los niños y jugaban fútbol, salió una marcha conmemorativa por el año de la desaparición. Familiares y amigos de las víctimas portaron carteles con sus fotografías e insistieron en su pedido colectivo de justicia.

El abogado Abraham Aguirre, del Comité de Derechos Humanos que integra la acusación particular, sostuvo que hubo un encubrimiento por parte de la fuerza pública sobre lo ocurrido hace un año. En el programa Contacto Directo, señaló que no hubo sanciones administrativas en la FAE contra los militares procesados.

Incluso, afirmó que seguirían como militares en servicio activo. Esto pese a que dentro del expediente, hay documentos sobre un sumario administrativo abierto.

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Según registros públicos, cuando ocurrió el caso de Las Malvinas, Celiano Cevallos era el comandante general de la FAE. Estuvo en el cargo hasta septiembre de 2025, cuando Daniel Noboa hizo cambios en la cúpula militar. Cevallos, en una sesión de la Comisión de la Niñez de la Asamblea, identificó a los uniformados de la patrulla Tango Charly.

Luego de la denuncia colocada por las familias de los cuatro menores de edad y la presión de medios de comunicación por un pronunciamiento, el 19 de diciembre de 2024, la Fuerza Aérea Ecuatoriana emitió un escrito sobre los hechos y las acciones realizadas. Las autoridades militares no se refirieron al operativo e indicaron que sobre el caso realizaron tres acciones. Entre ellas, apoyar a la Unase en la búsqueda y brindar las facilidades a la Fiscalía.

El 21 de diciembre, el Bloque de Seguridad responsabilizó a grupos criminales del hecho. Al día siguiente, el domingo 22, el presidente Daniel Noboa escribió en redes sociales acerca del caso. Aseguró que no se encubrirá a nadie y que la gente necesita respuestas.

Para el 23 de diciembre, el ministro Gian Carlo Loffredo confirmó que los militares aprehendieron a los menores en un supuesto robo. Infirió que los uniformados los dejaron libres al no haber ocurrido un delito grave.

Algo que repitió en entrevistas radiales posteriores. Noboa en un enlace radial, en cambio, indicó que sugirió a una comisión que "que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales". Un ofrecimiento del que nunca más hubo respuesta.

Para que el caso de Las Malvinas se investigue como desaparición forzada, las familias y el CDH interpusieron un habeas corpus que se resolvió el 24 de diciembre de 2024. La jueza de la causa dispuso que el Ministerio de Defensa se disculpe públicamente con las familias de los cuatro menores. En cadena nacional del 6 de enero de 2025, Loffredo y la cúpula militar cumplieron con lo dispuesto.

"Estoy aquí para decirles a la familia de Ismael, Josué, (Nehemías) Saúl y Steven: siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo, pero no solo ustedes, la sociedad entera que ha visto el horror, el terror y la máxima degradación posible en este caso. Hechos así no deben repetirse, lo lamento. Mis más sentidas disculpas", expresó Loffredo.

En el mismo enlace, calificó como absurdo e injusto la sentencia escrita por la magistrada, porque aseveró que no tenía las facultades de declarar la existencia de desaparición forzada.

El experto en seguridad, Jean Paul Pinto, dijo en Vistazo que el Gobierno se trató “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”. Agregó además que todos los militares han coincidido e insistido, en no conocer detalles de qué pasó con los menores después de dejarlos en el camino de segundo orden en Taura.

Pinto calificó la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos. “Hasta ahora no hay claridad sobre los correctivos que se han tomado, si es que se está trabajando en manuales o reforzando el entrenamiento. Un año después esa es la gran deuda”, expresó.

Algo que justamente siguen luchando las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, a un año de su desaparición. En medio de recuerdos, fotografías y objetos que los mantienen vivos en la memoria de sus padres.

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