Dos jueces provinciales, que conocen causas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio, denuncian amenazas e intimidación

Dos jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que conocen causas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio, han sufrido intimidación y amenazas desde hace un año cuando sentenciaron por tenencia de armas a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, quien este viernes será vinculado al caso Magnificio FV.

Se trata de Maritza Romero y Marco Navarrete, de la sala penal. Este lunes enviaron oficios al ministro del Interior, John Reimberg y al presidente del Consejo de la Judicatura, informando sobre estos hechos, el último, ocurrido el pasado jueves.

Según el documento, recibieron amenazas provenientes de números internacionales por lo que solicitan refuerzo integral de su seguridad personal y laboral y que se realice un barrido electrónico especializado en sus oficinas y vehículos porque ha habido filtración de información de sus causas y sospechan que hay dispositivos de vigilancia, interceptación o geolocalización.

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El número desde el que les escribieron, advirtiendo que se cuiden, es de Estados Unidos. Los jueces aún no han recibido respuesta a su pedido.

Desde febrero tienen seguridad temporal, los acompaña un uniformado, pero advierten que su nivel de riesgo se ha incrementado y ellos y sus familias están en peligro inminente.

Además del caso de alias Gordo Luis, los jueces tienen en sus manos la causa de María Daniela Ayala. Se trata de la jueza que en inicio estuvo a cargo del proceso por la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, no dio paso a la prisión de los procesados Xavier Jordán y José Serrano, fue suspendida y enfrenta denuncias de las hijas de Fernando Villavicencio y del Ministro del Interior.

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Los jueces Maritza Romero y marco Navarrete deberán decidir si declaran la manifiesta negligencia o error inexcusable para que la jueza Ayala sea destituida, o la absuelven para que vuelva a sus funciones y al caso Magnicidio FV.