Caso Gabela: 15 años de la compra de los Dhruv y 12 de la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

El tercer producto del caso Gabela fue entregado ayer a Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Ahora, ese documento se utilizará como insumo para las investigaciones de la Fiscalía General.

A continuación, una cronología alrededor de lo que ocurrió tras la compra de los helicópteros Dhruv y la muerte del oficial:

El general Jorge Gabela Bueno, en ese entonces de 54 años, fue designado comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), al inicio del Gobierno de Correa. Bajo su gestión, el alto oficial cuestionó la compra de siete helicópteros Dhruv a la empresa india Hindustan Aeronnautics Limited (HAL). Declaró al Comité de Contrataciones que esas aeronaves no contaban con las garantías técnicas.

Lo reemplazó en la Comandancia de la FAE el general Rodrigo Bohórquez, quien concretó la adquisición de los Dhruv, en 2008, junto al general Alonso Espinosa, excomandante de Operaciones y Defensa de esa Fuerza, encargado de la materialización del contrato. Mientras se desarrollaban las negociaciones, Gabela denunció, en reiteradas ocasiones, que los aparatos indios no contaban con los requerimientos técnicos y su adquisición iba en contra de los intereses nacionales e institucionales.

Le puede interesar: "Estamos frente a un crimen de Estado", dice abogado de Patricia Ochoa

Las autoridades gubernamentales no tomaron en cuenta las denuncias del general Jorge Gabela Bueno y suscribieron el contrato con la representación ecuatoriana de la compañía india, por un monto total de USD 45,2 millones.

Ocurrió el primer accidente un helicóptero Dhruv en la Base Aérea Mariscal Sucre, en el norte de Quito, durante una ceremonia militar por los 89 años de la FAE. Dos tripulantes resultaron heridos. Se trató de la aeronave, con matrícula FAE-603, que integraba el escuadrón 2211 Cobra. La Junta Investigadora que se creó para ese accidente estimó que la causa probable “fue una excesiva aplicación de los controles de vuelo durante el viraje a la izquierda, sobrepasando los límites establecidos en el manual de vuelo”.

También a la “no ejecución del procedimiento adecuado por parte de la tripulación para salir de esta condición que llevó al helicóptero a mantener un viraje y descenso hacia la izquierda hasta impactarse en tierra. Este accidente se atribuye al factor humano”.

Cuatro meses después del accidente, Bohorquez compareció en la Asamblea Nacional para informar sobre la contratación y situación técnica de los helicópteros. Al final, Gabela denunció que el entonces comandante de la FAE le dijo: “ya vas a ver lo que te pasa y no puedo decir la otra palabra por respeto a ustedes y a la audiencia”. Eso quedó captado en un video que se difundió en todo el país y se observa cómo Bohórquez increpa a Gabela.

Gabela fue víctima de un ataque armado en el vestíbulo de su vivienda ubicada en una urbanización cerrada de Samborondón, provincia del Guayas. Murió 10 días después en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. Lo sometieron a dos operaciones con las que se trató de salvarlo, pero murió por la gravedad de las heridas.

Un Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpables a cinco personas por la muerte de Gabela. Tres fueron sentenciados a 25 años de cárcel como autores materiales, uno fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión como cómplice y el último procesado fue sentenciado a dos años de cárcel. La justicia dictaminó que fue un caso de asalto común con muerte.

El gobierno de Correa creó una Comisión Interinstitucional. El objetivo era esclarecer el móvil y los autores intelectuales de la muerte del excomandante de la FAE. A la cabeza de la Comisión estuvo el Ministerio de Justicia, a cargo de Lenín Lara. También contrató a la empresa Consultora Pericial, con sede en Brasil, a cargo del perito argentino Roberto Meza Niella. En 2015, la ministra Ledy Zúñiga manifestó que no hubo ánimo de ocultar la verdad sobre la investigación de este caso.

La Comisión concluyó su trabajo. El perito firmó un contrato, por USD 78 mil, con el Ministerio de Justicia. Entregó el Producto I sobre el plan de trabajo y cronograma. El 26 de abril de ese año, hizo lo propio con el Producto II. Lo clave es que hubo el Producto III. Concluyó que el general no murió por delincuencia común, sino que su deceso estaría relacionado con la delincuencia organizada. Este informe se perdió.

El Gobierno informó que el helicóptero Dhruv presidencial se accidentó la tarde de ese día en Huigra, provincia del Chimborazo. Fallecieron tres uniformados: el teniente Jorge Luis Flores, el capitán Héctor Caicedo y el sargento segundo Cristian Unda. El capitán Fabián Pazos sobrevivió. El expresidente Rafael Correa anunció que se realizará una investigación exhaustiva sobre el siniestro y finalmente se concluyó que una falla humana fue la causa.

En un boletín de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se informó que un helicóptero Dhruv se accidentó en la represa de Chongón, al suroeste de Guayaquil. La nave cumplía una misión de entrenamiento. En la nave iban el coronel Frank Cevallos y el teniente Hernández, quienes resultaron ilesos.

Catorce días después, un helicóptero Dhruv, el 605, se accidentó, a las 11:45, a los pocos minutos de haber despegado desde el helipuerto en Tena, provincia del Napo. Llevaba cuatro ocupantes, los capitanes Hernán Alberto Soberón Villacrés y Andrés Ismael Dávalos Carrillo, el sargento segundo Henry Toapanta Oña y el sargento primero Humberto Moreno. Se encontraban estables de salud y recibieron atención médica en el hospital José María Velasco Ibarra, de esa ciudad.

Una jueza negó la solicitud de acceso a la información (hábeas data) presentada por Patricia Ochoa, esposa del excomandante de la FAE. Con esta diligencia judicial, la familia del militar buscaba conocer el contenido del informe extrajudicial que investigó la muerte de su esposo y que se mantuvo en secreto por el Gobierno. La mujer demandó conocer el informe elaborado por la firma Consultoría Pericial, dirigida por Roberto Meza.

El entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero Cueva, anunció que las tres naves Dhruv restantes (en total se adquirieron siete) dejaban de volar en Ecuador. El contrato fue terminado de forma unilateral y anticipada. Sobre el incidente registrado en Chongón, la Junta Investigadora de Accidentes Militares (JIAM) determinó que “la causa probable del accidente fue la presencia de oscilaciones (movimiento de un lado a otro de un cuerpo que está colgado) producto del mal funcionamiento de un componente del piloto automático”. En lo que respecta al siniestro en Tena, la JIAM determinó que “la probable causa del accidente fue la falla del segmento 4 del eje que transmite la potencia a los motores al rotor (parte giratoria) de cola. Esta falla provocó la pérdida de control en vuelo por parte de la tripulación”.

Le puede interesar: Caso helicópteros Dhruv: juez decide no llamar a juicio a 18 procesados por peculado

El Pleno de la Asamblea Nacional, conformó la comisión multipartidista, integrada por los asambleístas César Litardo, Noralma Zambrano, Jeannine Cruz, César Rohon, Marcela Aguiñaga, Ángel Gende y Sebastián Palacios, quienes se encargarán de recopilar y analizar la documentación relacionada con la muerte de Gabela.

Con una votación de seis de los siete asambleístas de la Comisión, fue aprobado del informe. Solamente se abstuvo Marcela Aguiñaga, afín a Rafael Correa. Se concluyó que existen suficientes evidencias para determinar que hubo un posible crimen de Estado. La viuda del general Gabela agradeció la apertura de la comisión, ya que le permitieron estar presente en las sesiones.

Los legisladores pidieron que se investigue el patrimonio y los movimientos financieros de los exfuncionarios que participaron en la compra de estas aeronaves, incluyendo también las de sus familiares. Se nombró en el informe a funcionarios como Rafael Correa, Fernando Cueva, María Fernanda Espinosa, Lady Zúñiga, Lenín Lara, José Serrano, Carlos Pólit, entre otros. Aguiñaga presentó su informe de minoría, el cual insistió que el asesinato de Gabela fue producto de delincuencia común, y que lo expuesto en el informe no contribuye a las investigaciones judiciales.

Se hizo publicó el fallo de la Corte Constitucional (CC) en torno a una acción de protección que busca esclarecer el asesinato de Gabela. La acción de protección fue presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de una sentencia que emitió la Corte de Justicia de Pichincha en 2018, la cual negó un recurso de apelación a un fallo de primera instancia.

El presidente Guillermo Lasso Mendoza, de manera telemática, presentó el Decreto Ejecutivo No. 690. Este dispone la creación de una Comisión de Coordinación con el perito Roberto Meza. Además, Ochoa recibió disculpas públicas del Estado ecuatoriano. La Comisión fue conformada por Jeannine del Cisne Cruz Vaca, Arturo René Moscoso Moreno y Juan Sebastián Palacios Muñoz. Esto, con el objetivo de precautelar el derecho a la verdad y justicia tras casi 13 años del asesinato.

Se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio contra 18 procesados por presunto peculado en el caso de los helicópteros Dhruv. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dictó sobreseimiento a favor de los procesados. Entre los procesados constaban los exministros de Defensa del correísmo Wellington Sandoval y Javier Ponce. Para Rivera, no hubo dolo ni perjuicio económico. La fiscal Diana Salazar anunció que apelará la decisión del magistrado.

El tercer producto fue entregado a Patricia Ochoa. Las conclusiones establecieron que los exgenerales de la FAE, Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez, serían los posibles autores intelectuales del asesinato. Al parecer, tendrían suficientes razones personales y económicas para cometer ese delito, explicó Meza.

Le puede interesa: Caso Gabela: el tercer producto, con los nombres de los presuntos responsables del asesinato, se presentará este 11 de julio