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La crisis del sistema penitenciario ecuatoriano persiste: más presos que cupos, menos guías y una justicia que aún no resuelve las causas del colapso.
El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una crisis estructural que no se resuelve con la apertura de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Los problemas de fondo siguen casi intactos: hacinamiento, falta de clasificación de los reclusos y un alto número de presos sin sentencia.
Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), hasta finales de octubre el país registraba 36 800 reclusos distribuidos en 36 centros penitenciarios. El hacinamiento alcanza el 37,53 %, lo que equivale a más de 13 600 personas adicionales sobre la capacidad instalada.
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La situación más crítica se presenta en la cárcel de Machala, que tiene una sobrepoblación del 138 %. Ese centro fue diseñado para 620 internos, pero actualmente acoge a unos 1 500. Le siguen los penales de Esmeraldas, Imbabura, Loja, Guayas y Pichincha, que también superan su límite de capacidad.
A ello se suma la falta de clasificación entre los reclusos —es decir, la ausencia de separación por tipo de delito o nivel de peligrosidad— y la escasez de personal penitenciario.
Ecuador es, además, el único país de la región donde un guía penitenciario custodia en promedio a 43 presos, cuando el estándar internacional recomienda uno por cada 12.
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Actualmente, 22 652 personas privadas de la libertad ya tienen sentencia, mientras que 13 674 permanecen en prisión preventiva. Este último grupo refleja también un problema judicial que contribuye al colapso del sistema carcelario.
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