Alto Punino: en el último año se registraron más de 30 asesinatos por minería ilegal

El asesinato de once militares de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Selva 19 Napo, en Alto Punino, el 9 de mayo, develó una realidad oculta por las autoridades. La pérdida de soberanía a 65 kilómetros de la frontera con Colombia y la ejecución de decenas de personas, de las que no hay registro.

Colonos y nativos fueron desplazados de sus tierras, en la parroquia San José de Guayusa, por la fiebre del oro.

El negocio mueve millones de dólares y el narcotráfico encontró en las actividades de la minería ilegal un nicho para lavar dinero, según informes oficiales de inteligencia del Bloque de Seguridad.

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El grupo disidente de las Farc, Comandos de la Frontera, tomó control con extrema violencia en Alto Punino desde 2022, según versiones de los habitantes desplazados a organizaciones de derechos humanos y de protección de la naturaleza. Más de 150 familias dejaron sus tierras y huyeron de esa zona de Orellana.

Atribuyen la violencia criminal a "los verdes" como les identifican a Los Comandos de la Frontera, por el uniforme de tipo militar que utilizan. Los desplazados han reportado constantes enfrentamientos y mascares, como la de octubre de 2024, cuando asesinaron a más de 20 personas, según sus versiones. Algunos cuerpos fueron trasladados en retroexcavadoras y de ese episodio existe un video que fue entregado por las organizaciones de derechos humanos a las autoridades.

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Esa realidad oculta trascendió la tarde del 9 de mayo, cuando una patrulla del Ejército fue emboscada y asesinada en la zona de conflicto. En ese enfrentamiento también murieron tres integrantes del grupo armado, entre ellos alias Compadre, cabecilla en Ecuador.

El extractivismo minero es una amenaza para el estado que la Fuerza Pública, las instituciones de control, no han logrado frenar su expansión.

En 2019 se realizó una masiva intervención en Buenos Aires, Imbabura con más de tres mil uniformados, para desalojar a aproximadamente ocho mil mineros que se posesionaron en la zona.

Ante la falta de control permanente, desde 2021 poco a poco los mineros han regresado a explotar las minas.

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En 2022 la Fuerza Pública, con la participación de 1 200 uniformados, desalojó a cerca de cuatro mil mineros en Yutzupino, Napo, que llegaron de Colombia, Venezuela y Perú. Se decomisaron 150 excavadoras.

Ahora el nuevo frente de minería ilegal a gran escala es Alto Punino que se ha militarizado con 1 800 soldados para controlar esas actividades.