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La violencia del grupo criminal Comandos de la Frontera obligó al desplazamiento de cientos de personas de Alto Punino
Según Organizaciones de Derechos Humanos, aproximadamente 150 familias de colonos e indígenas, abandonaron sus propiedades.
150 familias han abandonado sus propiedades desde 2023 en el Alto Punino; en la zona donde el grupo Comandos de la Frontera asesinó a 11 militares hace ocho días. Lo tuvieron que hacer debido a la violencia criminal que impuso esa disidencia de las FARC para controlar la minería ilegal, el número de desplazados ha sido verificado por la Coordinadora de Colectivos Sociales por los Defensas de la Naturaleza de Napo.
Según su información, indígenas quechuas y colonos fueron desplazados y obligados a vender sus propiedades. A los que se resistieron les destruyeron sus casas para posesionarse en los predios.
El medio digital plan V publicó el 6 de mayo, tres días antes del asesinato de los 11 militares en Alto Punino, un informe con testimonios de los desplazados y fotografías de las casas destruidas.
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Según la Coordinadora por la Defensa de la Naturaleza, los habitantes de los caseríos Sardinas, Punino, Colinas, Viguno, Aconona, de la parroquia San José de Guayusa, que tiene 1 900 habitantes, son los que salieron de sus tierras.
José Moreno, presidente del Consejo de DD. HH. y Naturaleza de Napo, indicó:
“El 80% de las familias de ese sector han abandonado sus viviendas, los grupos vinculados a la minería están peleando los territorios y no se los van a devolver tan fácil como el gobierno pretende hacernos creer que se puede solucionar esta problemática”.
Los que se quedaron en Punino fueron cooptados por los Comandos de la Frontera para trabajar en las minas y abastecer con alimentos y otros servicios a cerca de tres mil personas que llegaron por la fiebre del oro, del país y de Colombia, Venezuela y Perú.
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Ingresaron maquinaria pesada por carreteras construidas cerca del Parque Nacional Sumaco - Galeras y El Chaco, sin permisos ambientales y, según la Organización de Defensa de la Naturaleza, con la complicidad de las autoridades de Orellana.
"Tiene que ver con los vínculos de las autoridades locales, con el desarrollo de la actividad ilegal".
Así se aceleró la expansión minera ilegal en Punino. Un informe del programa de Monitoreo Ambiental del Amazonas, revela que la deforestación por el impacto de la minería subió de 185 hectáreas en 2022 a 1 422 en 2024.
Esa información es conocida por las autoridades ambientales, seccionales y la fuerza pública.
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