500 estructuras publicitarias siguen en el deterioro en Quito y no hay fecha de solución

Las estructuras publicitarias que están distribuidas en distintos puntos de Quito siguen abandonadas y se han convertido en un problema visual y de seguridad.

El Cabildo asegura que la empresa propietaria, Sarmiento S.A., de las estructuras mantiene multas, intereses y valores pendientes. "Esa empresa es una sinvergüenza, esa empresa estafó a la ciudad y debería tener todo el peso de la ley", dijo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

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A pesar de la visible afectación, no existe una fecha definida para su retiro o reemplazo. La razón: un conflicto contractual que se arrastra desde hace años y que actualmente se encuentra en proceso de negociación, porque la empresa Sarmiento S.A. busca llegar a un acuerdo con el Cabildo para revisar y mediar los valores pendientes, las multas acumuladas y los intereses generados.

Según información municipal, la deuda de la empresa asciende a USD 10 millones por el contrato original, USD 70 millones en multas por incumplimientos y USD 4 millones adicionales en intereses. El monto total supera los USD 84 millones, una cifra que ha complicado cualquier salida rápida al problema.

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El origen del contrato se remonta a la administración del exalcalde Mauricio Rodas, en abril de 2018, cuando se firmó un acuerdo por 10 años con la empresa publicitaria. El compromiso incluía el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de las paradas de transporte público y sus mupis. Sin embargo, con el paso del tiempo, el deterioro de las estructuras se hizo evidente y los compromisos operativos no se habrían cumplido conforme lo establecido.

Televistazo intentó tomar contacto la empresa publicitaria responsable, pero no tuvimos respuesta.

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Mientras tanto, los ciudadanos conviven con paradas oxidadas, paneles rotos, bases expuestas y vidrios dañados. Los mupis, que deberían brindar información y seguridad, se han convertido en focos de vandalismo, basura y propaganda electoral.

El Municipio asegura que continúa en un proceso administrativo para resolver el conflicto, pero no define plazos para actuar, lo que prolonga el deterioro urbano y genera incertidumbre sobre el futuro de estas estructuras que ocupan el espacio público en distintos sectores de Quito.

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