Zaida Rovira, ministra del Gobierno, calificó que la Marcha por el Agua en Cuenca tuvo fines políticos

En la multitudinaria marcha que duró más de cinco horas en Cuenca, colectivos ciudadanos, gremios ambientalistas, estudiantes, Iglesia Católica, comunidades indígenas, ciudadanía en general y autoridades locales, le dijeron no al proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, para, según sus consignas, proteger el agua.

Un día después de esa movilización, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira tiene una lectura diferente, dice que hubo fines políticos porque el presidente Daniel Noboa ya había anunciado la semana pasada que desistió del proyecto minero.

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"Habiendo quedado claro este tema, hicieron la movilización, hicieron la marcha y las consignas fueron en contra del gobierno. No fueron ni siquiera a favor de la defensa, de la supuesta defensa del agua. No, ha quedado clarísimo aquí que son los mismos actores de siempre, que ahora utilizan al pueblo ecuatoriano".

El presidente Daniel Noboa tuvo una entrevista radial la mañana de este miércoles, pero no se pronunció directamente sobre este tema.

Los dirigentes indígenas dieron un plazo para que el gobierno suspenda defintivamente la minería en Quimsacocha.

"Nos toca, hermanos y hermanas de Tarqui, Victoria del Portete, de Girón, iniciar con el levantamiento del agua. En ocho días este gobierno debe pronunciarse", dijo Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organización Indígenas y Campesinas.

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Lo mismo ha dicho Yaku Pérez: anunció movilizaciones para el 23 de septiembre. Además, presentó documentos a la Corte Provincial de Justicia de Azuay, para demostrar que las medidas de reparación ordenadas por un juez en este caso, no se cumplieron.

"Si no hay respuesta en los próximos días, este pueblo de Cuenca irá a un levantamiento con el carácter de indefinido", aseveró.

Por su parte, Rovira aseveró que ninguna autoridad de Azuay ha protestado por la minería ilegal. "Lo hacen cuando llega la legalidad, preguntémos proqué no hablan de la ilegalidad", dijo.

El alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay aseguraron que presentarán más documentos, de ser necesario, para demostrar la afectación que tendría la minería en Quimsacocha.