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Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, deberá informar sobre presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y responsabilidades institucionales.
El interés por fiscalizar e investigar el escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, es mínimo. Así lo evidencian la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado.
La falta de acciones no es casual. Godoy es afín al Gobierno. El legislativo tiene mayoría oficialista, y el fiscal general, Carlos Alarcón, fue designado sin concurso por una Judicatura encabezada por el propio Godoy.
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El Parlamento decidió convocar a Mario Godoy recién para el 5 de enero, luego del feriado. La decisión se tomó el domingo, pese a que pudo escucharlo antes del receso legislativo o convocarlo a una sesión extraordinaria, lo que finalmente no ocurrió.
Correísmo anuncia juicio político
El movimiento correísta anunció que pedirá juicio político contra Mario Godoy. La bancada busca acelerar el proceso de fiscalización y también incluir en el pedido a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo designaron en un concurso cuestionado, con miras a un eventual juicio político.
La Fiscalía General del Estado se vio obligada a actuar tras las denuncias públicas y anunció la apertura de una investigación previa por tráfico de influencias. El proceso se sustenta en las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano.
Denuncias por presiones judiciales
El juez Carlos Serrano denunció presiones para favorecer a un narcotraficante serbio, cuya defensa estuvo a cargo de la esposa de Mario Godoy. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado los audios que, según el magistrado probarían dichas presiones. Ecuavisa conoció que el juez rendirá su versión este martes.
El caso ha desatado una crisis en el Consejo de la Judicatura, que también alcanza al Consejo de Participación Ciudadana y al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing. Este último incluyó a Godoy en la terna, pero ahora se limita a respaldar al juez, sin asumir responsabilidades.
Otra institución que no se ha pronunciado es el Ministerio del Interior, responsable de haber retirado la seguridad al juez Serrano, pese a las amenazas del narcotraficante al que sentenció.
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