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Mishel Mancheno y Nuria Butiñá presentan las pruebas de cargo y descargo sobre presuntos cobros de diezmos en la Asamblea Nacional
La denunciante, Mishel Mancheno, presentó como respaldo mensajes de texto en los que se habla de la creación de un fondo para gastos de comunicación política.
En la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional se presentan, el 18 de septiembre, las pruebas de cargo y descargo en la investigación que se realiza por presunto cobro de diezmos de por parte de la legisladora correísta, Nuria Butiñá.
La denuncia se realizó el 25 de agosto, por la primera vicepresidenta de la Asamblea y legisladora de ADN, Mishel Mancheno. A ella acudió un exasesor de Butiña, Iván Darío Castro, quien denunció la exigencia de aportes económicos y otros requerimientos de carácter personal y laboral.
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Una vez que concluya la sustanciación de la denuncia, y de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Comité de Ética elaborará un informe que será remitido al Pleno del Legislativo para su conocimiento, deliberación y resolución.
Exigencias de carácter económico, laboral y personal
Mishel Mancheno expuso ante la Comisión de Ética que el caso denunciado ocurrió entre mayo y agosto de 2025, cuando la legisladora Nuria Butiñá exigió a su exasesor, Iván Darío Castro, aportes económicos para crear un fondo para gastos de comunicación política.
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El 19 de agosto, en calidad de exfuncionario, Castro acudió al despacho de la Primera Vicepresidencia para presentar la denuncia. "En su escrito manifestó exigencias de carácter económico, laboral y personal", señaló Mancheno; a la par de sostener la denuncia en tres actos:
Como parte de las pruebas, la asambleísta denunciante presentó mensajes de WhatsApp en los que Butiñá disponía la creación del fondo, así como un comprobante de transferencia de Iván Castro, por USD 240 y otra por USD 50.
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Agregó un audio enviado en la misma plataforma, en el que se escucha a la legisladora correísta ordenar la modificación de fechas de documentos para acceder a un beneficio de residencia que otorga la Asamblea, y la amenaza de despido a sus colaboradores si no lo hacían.
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