Gonzalo Albán, consejero del Cpccs, advierte que seguir con el juicio político puede derivar en un delito

Al consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, lo acusan de haber participado en el concurso para asumir el cargo estando afiliado a un partido político, pese a que eso está prohibido.

El legislador oficialista Keevin Gallardo lo enjuició políticamente y dijo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que resoluciones del CNE de 2022 señalaban que Albán era adherente del movimiento MOVER.

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Albán le recordó que hay una sentencia del TCE que determina que fue una afiliación fraudulenta. Junto a su defensa, advirtió a los asambleístas que destituirlo por un hecho que fue descartado judicialmente puede constituirse en una infracción grave para los legisladores.

"Así como también una conducta sancionada en el ámbito penal por el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente", expresó Albán.

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Gallardo dijo que se basa en el voto salvado de la sentencia. Los juristas llamados como testigos por Albán, como el abogado André Benavides, fueron categóricos en que el voto de un juez frente a otros cuatro no tiene valor.

Los legisladores de oposición insistieron en que la Constitución dispone que un juicio político se puede iniciar por incumplimiento de funciones.

Luego de este cruce de argumentos y presentación de pruebas, la Comisión deberá emitir su informe para el archivo del proceso o recomendando que el juicio pase al Pleno.

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