Elecciones Ecuador 2023: El futuro del Yasuní en una papeleta, ¿votar Sí o No?

Cuando faltan menos de cinco días para las elecciones anticipadas y consulta popular, todavía parece ser confuso para los ecuatorianos que además de escoger un nuevo mandatario y nuevos asambleístas, tienen en sus manos, la que sería una de las decisiones más importantes del país de las últimas cuatro décadas.

Para muchos no está claro que es lo correcto. Y aunque la pregunta parece simple, los resultados en paralelo serían realmente impactantes para el triunfo de cualquiera de las alternativas.

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Por ello, en Ecuavisa.com te damos la claves para entender ¿por qué es importante votar Sí o votar No? para dejar de explotar el bloque petrolero ITT que está ubicado en la reserva megadiversa del Yasuní, provincia de Napo, en el norte de Ecuador.

Y empecemos por conocer qué dice la pregunta:

El contexto de esto no es tan simple, sobre todo porque ya hace casi siete años que se empezó con las operaciones para extraer crudo dentro del Yasuní.

En 2016, ninguna lucha previa de grupos y colectivos medioambientalistas evitó que se iniciaran las operaciones en la planta de explotación petrolera conocida como Bloque 43 ITT, en pleno corazón del Yasuní.

Sin embargo, la historia va más atrás, cuando en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa se puso fin a la iniciativa Yasuní-ITT que fue una de las primeras intenciones para evitar extraer los casi un millón de barriles de crudo pesado, ubicados en el ITT en referencia a Ishpingo, Tiputini y Tambococha, nombre con el que se identifican los campos en esa parte del bosque.

La innovadora propuesta de aquel gobierno consistía en pedir las compensaciones de algo así como 3 000 millones de dólares, mediante donaciones internacionales para que no se toque el suelo, de tal forma que no se perdiera el equivalente al 50% de las ganancias previstas en la proyección de esa nueva explotación petrolera.

Pero el proyecto fracasó tras cinco años de campañas y acercamientos con la sociedad mundial. Así que en una cadena de televisión y radio, Rafael Correa anunció su decisión de poner fin a la propuesta ambiental por no alcanzar el monto previsto, y alertó sobre el inicio de los trabajos de extracción.

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Ya en 2014, la campaña para evitar a toda costa que se cumpla la amenaza presidencial, puso a alrededor de 2 mil voluntarios en las calles para recolectar firmas que apoyen la causa ambientalista que solicitaba al Estado ecuatoriano una consulta popular para que se pregunte al pueblo si se debía o no extraerse el crudo del Yasuní.

Fueron 757 623 los firmantes que apoyaron el pedido para cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en este tipo de acciones ciudadanas, incluso, se sobrepasó el número de rúbricas requeridas. Pero, ese organismo anuló casi 500 mil firmas y no dio paso a la consulta.

Entre las excusas del organismo que respondía claramente a otros intereses, se dijo que la anulación pasaba por el uso de bolígrafos con tinta que no era la adecuada, ellos validaban solo la tinta azul. También se argumentó sobre el diseño de los formularios y hasta por el nombre de los firmantes.

Así, la propuesta de estos grupos, entre ellos del movimiento Yasunidos, un colectivo social y medioambientalista, no trascendió. La extracción inició y tres gobiernos después, este lugar le estaría generando ingresos al país por alrededor de 1 200 millones de dólares anuales, según Petroecuador. Además, en la actualidad sería el cuarto yacimiento más importante, y el más joven que administra el Estado.

Fuera de esos números, durante todo estos años se ha denunciado contaminación y derrames. También se han construido amplias vías que podrían poner en riesgo la conservación de este territorio por estar muy cerca de la zona de amortiguamiento, es decir, aproximadas a poblaciones indígenas Tagaeri y Taromenane, aislados por decisión propia.

Denuncias que fueron negadas en varias ocasiones por Petroecuador, quienes han respondido que se cumplen con todas las normas ambientales. Esto, a pesar de que los señalamientos estarían sustentados en informes de la misma institución e imágenes satelitales. Pero la estatal ha recibido la autorización de los ministerios involucrados para realizar las construcciones, accesos y demás operaciones.

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Todos esos antecedentes ocasionaron que finalmente en septiembre de 2022, tras conocerse por parte de la Corte Constitucional (CC) que se vulneraron los derechos de los firmantes, el CNE dio paso a la consulta. Y el 9 de mayo de 2023, en relación a las elecciones anticipadas, se aprobó la pregunta a la que se debe responder el próximo domingo 20 de agosto.

Esta en manos de los votantes estar de acuerdo o en desacuerdo con la pregunta. La campaña está por terminar, tras una década en la que Ecuador se debate entre aportar con el equilibrio climático en beneficio del planeta, o tapar con los ingresos petroleros parte de un gran déficit fiscal que aumenta considerablemente cada año y con el que debe cubrir, entre otros, los costos de seguridad, salud, educación e inversión social.

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