Tres décadas de paros, movilizaciones y cambios políticos que marcaron la historia del Ecuador

A lo largo de las últimas décadas, los paros y movilizaciones indígenas en Ecuador han desempeñado un papel central en la historia política y social del país, constituyéndose en un mecanismo de presión para presentar demandas históricas de las comunidades indígenas y otros sectores sociales.

Estas protestas han sido organizadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con otras organizaciones regionales y movimientos sociales, y han abordado temas como la defensa del territorio, los derechos colectivos, la protección del medio ambiente, la educación intercultural y las políticas económicas que afectan a las comunidades rurales y temas conflictivos como la eliminación de subsidios a los combustibles y del gas de uso doméstico.

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Los paros indígenas han tenido diversos desenlaces: en algunos casos, han dado lugar a la instalación de mesas de diálogo con representantes del Estado, la negociación de acuerdos concretos y la implementación de políticas sectoriales; en otros, las tensiones se han mantenido por periodos prolongados, generando procesos de seguimiento e incluso la revisión de normas y decretos gubernamentales. En situaciones extremas, ciertas movilizaciones han contribuido a cambios importantes en la escena política nacional, incluyendo la renuncia de autoridades o la modificación de decisiones de gobierno.

A pesar de estas diferencias en los resultados, las movilizaciones han reflejado consistentemente la capacidad de los movimientos indígenas de articular demandas colectivas, influir en la agenda pública y generar espacios de negociación con el Estado, consolidándose como un componente clave del diálogo social y político en Ecuador. Además, estos episodios muestran cómo la interacción entre protesta social y política institucional sigue siendo un factor determinante en la configuración de políticas públicas y en la búsqueda de equidad y justicia social.

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En junio de 1990, la CONAIE convocó un paro nacional en respuesta a políticas neoliberales del gobierno de Rodrigo Borja, afectaban a las comunidades indígenas. Las movilizaciones fueron masivas y lograron captar la atención del gobierno. Tras intensas protestas, se instalaron mesas de diálogo que resultaron en compromisos en temas como educación bilingüe y reconocimiento de territorios indígenas. Este paro marcó un hito en la historia del movimiento indígena ecuatoriano.

Algunos de los consensos a los que se llegaron fueron:

En 1994, la CONAIE nuevamente convocó un paro nacional, esta vez en respuesta a políticas económicas de Sixto Durán Ballen afectaban a las comunidades indígenas. Las movilizaciones fueron intensas y llevaron al gobierno a instalar mesas de diálogo y la iglesia actuó como mediadora en el conflicto. Sin embargo, las negociaciones fueron tensas y las demandas indígenas cerraron acuerdos sobre la reforma agraria y derechos colectivos.

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En 1997, la CONAIE lideró un paro nacional en rechazo a reformas constitucionales y la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico. Las movilizaciones fueron parte de una serie de protestas contra el gobierno de Abdalá Bucaram, que culminaron en su destitución. Aunque se instalaron mesas de diálogo, las demandas indígenas no fueron plenamente atendidas, y el gobierno fue finalmente derrocado, tras la caída de Bucaram, organizaciones sociales como la Conaie promovieron la convocatoria a una Asamblea Constituyente que promulgó una nueva Constitución en agosto de 1998.

En enero de 2000, Ecuador vivió un paro nacional masivo en medio de una grave crisis económica. El presidente Jamil Mahuad había decretado la dolarización el 9 de enero, reemplazando el sucre por el dólar para frenar la inflación y estabilizar el país. La medida provocó un fuerte rechazo social, liderado por la CONAIE y sectores militares. Las protestas derivaron en la caída de Mahuad el 21 de enero, marcando el inicio del gobierno de Gustavo Noboa y el comienzo de la era dolarizada en el Ecuador.

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En abril de 2005, Ecuador enfrentó un paro nacional y protestas masivas en contra del entonces presidente Lucio Gutiérrez, acusado de corrupción, autoritarismo y de manipular la Corte Suprema de Justicia para favorecer a sus aliados políticos. Las manifestaciones, conocidas como la “Rebelión de los Forajidos”, se concentraron en Quito, donde miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo su renuncia.

La presión popular creció rápidamente y, el 20 de abril de 2005, Gutiérrez fue destituido por el Congreso Nacional, que declaró abandono del cargo.

El vicepresidente Alfredo Palacio asumió la presidencia. Este hecho marcó uno de los movimientos ciudadanos más relevantes de la historia reciente del país.

En marzo de 2012, la CONAIE y otras organizaciones indígenas convocaron la marcha “Por el Agua, la Vida y la Dignidad”, una protesta masiva contra los proyectos de minería a gran escala, en defensa del derecho al agua y la protección de territorios ancestrales, así como para exigir mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada ante proyectos extractivos.

La movilización, que congregó a miles de personas que caminaron hacia Quito, logró visibilizar las demandas indígenas y obligó a que el debate sobre minería y consulta previa llegara al ámbito público. Sin embargo, no se alcanzaron concesiones inmediatas que satisficieran todas las demandas, y la relación entre la CONAIE y el gobierno se mantuvo marcada por la desconfianza.
Aunque se registraron compromisos verbales y encuentros con autoridades para respetar procesos de consulta en casos específicos, no se constituyó una mesa negociadora nacional ni se lograron acuerdos integrales que transformaran la política extractiva; los avances fueron parciales y sectoriales, reconociendo en cierta medida el derecho a la consulta, pero sin resultados duraderos.

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En agosto de 2015, Ecuador vivió un intenso levantamiento indígena liderado por la CONAIE y respaldado por diversas organizaciones sociales, en protesta contra políticas gubernamentales que afectaban derechos territoriales, la minería y acciones consideradas agresivas contra dirigentes indígenas.

Las movilizaciones incluyeron marchas, bloqueos de carreteras y concentraciones en varias ciudades, destacándose la marcha desde Tundayme hasta Quito. Durante las protestas, se registraron enfrentamientos con la policía, con varios heridos y detenidos.

A pesar de la magnitud de las movilizaciones, el gobierno de Rafael Correa no cedió a las demandas de los manifestantes. La CONAIE suspendió el paro sin lograr acuerdos concretos ni concesiones del Ejecutivo. El levantamiento evidenció la creciente tensión entre el movimiento indígena y el gobierno y resaltó la necesidad de establecer un diálogo más efectivo y respetuoso de los derechos de las comunidades indígenas en Ecuador.

El paro nacional de octubre de 2019 en Ecuador, liderado principalmente por la CONAIE y otros movimientos sociales, surgió como respuesta al Decreto 883 emitido por el presidente Lenín Moreno, que eliminaba el subsidio a los combustibles y provocó un aumento generalizado de precios. Tras doce días de intensas protestas y enfrentamientos, el Gobierno accedió a derogar el decreto y a establecer mesas de diálogo con los distintos sectores sociales.

En total se instalaron 72 mesas con representantes indígenas, campesinos, sindicales, empresariales y académicos, con el fin de discutir medidas económicas y sociales alternativas. Si bien el proceso fue valorado como un paso hacia la reconciliación nacional, varios informes posteriores señalaron que muchos acuerdos no se concretaron y que las promesas de diálogo estructural quedaron en gran parte sin ejecución, evidenciando las dificultades del Estado para canalizar institucionalmente las demandas sociales tras una de las mayores crisis políticas de la década.

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En junio de 2022, la CONAIE lideró un paro nacional en respuesta a la eliminación del subsidio a los combustibles y otras demandas sociales. Las movilizaciones fueron intensas y llevaron al gobierno a instalar mesas de diálogo. Tras 18 días de protestas, se firmó un acta de paz mediada por la iglesia que estableció una mesa de diálogo para abordar temas como subsidios, minería y derechos indígenas. Aunque se lograron algunos acuerdos, la implementación de estos fue cuestionada por las organizaciones indígenas.

Los resultados de las mesas de diálogo en 2022 dejaron un total de 218 acuerdos en los cuales los más importantes fueron:

En octubre de 2025, la CONAIE convocó un paro nacional en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel y políticas extractivistas del gobierno de Daniel Noboa. Las protestas se centraron en la provincia de Imbabura, y se instalaron mesas de diálogo a nivel local, la CONAIE aclaró que no participó en ellas, pero los dirigentes de Imbabura no reconocieron posteriormente los acuerdos.

Tras 31 días de protestas, la CONAIE suspendió el paro sin lograr acuerdos concretos con el gobierno. Este desenlace marcó un precedente al suspenderse sin acuerdos nacionales ni mesas de diálogo con la CONAIE, reflejando una nueva dinámica en las relaciones entre el movimiento indígena y el gobierno ecuatoriano.

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