Cuenca: Contraloría identifica indicios penales y sugiere glosas por más de USD 5,5 millones en contrato del Municipio de radares

La Contraloría General del Estado identificó indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades civiles y administrativas, por más de USD 5,5 millones, en el contrato suscrito por la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) para la implementación de radares en Cuenca y en la autopista que conecta con Azogues.

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La entidad aprobó el informe general de auditoría correspondiente al contrato de alianza estratégica firmado entre la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador. El análisis comprendió el período entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025.

Como resultado del examen, la Contraloría identificó indicios de responsabilidad penal, y sugiere sanciones administrativas por USD 73 050 y responsabilidades civiles por USD 5 486 799.

En el informe consta que los dispositivos comenzaron a operar con un retraso de 143 días, debido a la falta de control de los administradores del contrato, quienes no realizaron inspecciones oportunas ni gestionaron el inicio de las pruebas preoperativas.

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También Contraloría mencionó que se detectaron irregularidades en la inspección de 32 dispositivos, instalados en 16 puntos urbanos, lo que impidió ejecutar el proceso sancionatorio. A esto se sumaron incumplimientos en la homologación de funcionalidades, sin que se comprobara que los equipos cumplieran con los parámetros establecidos en el contrato, a esto se suma que no se comunicó al consorcio el incumplimiento del monto de inversión correspondiente al segundo año.

La auditoría identificó que la terminación por mutuo acuerdo del contrato se realizó sin demostrar su conveniencia para los intereses institucionales. El reparto de la cartera pendiente de cobro no contó con sustento técnico, lo que generó un perjuicio económico de USD 4 887 856, por valores no recuperados a favor de la empresa pública.

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Asimismo, constan deficiencias en la transferencia de información tras la terminación del contrato e inconsistencias en los registros de infracciones de tránsito durante su operación.

La Contraloría señaló que la empresa no contó con políticas internas para regular el uso del equipamiento, lo que provocó un uso ineficiente de los recursos públicos y afectaciones a la seguridad vial, además de un perjuicio adicional de USD 154 169 por consumo de energía y conectividad de los equipos instalados.