¿La Comisión de Fiscalización intenta acelerar el juicio político a la Fiscal?

La Comisión de Fiscalización se enreda al momento de tramitar los juicios políticos que tiene pendientes. Este lunes 11 de diciembre de 2023, la mesa legislativa, presidida por la asambleísta del correísmo, Pamela Aguirre, intentó dar paso a los juicios políticos que se han presentado en este nuevo periodo, sin considerar los que quedaron pendientes de la Asamblea cesada.

La Ley de la Función Legislativa establece que el trámite de las solicitudes de juicio político deben despacharse conforme se entregan. Es decir, lo regular era que se debatan los procesos que no llegaron a resolverse en la mesa legislativa de 2021-2023 y luego se continúe con los otros tres que ya se presentaron en este periodo.

Aguirre informó alrededor del medio día de ayer que los expedientes de las solicitudes anteriores habían llegado a cuentagotas desde el fin de semana pasado. En declaraciones a la prensa dijo que sin la documentación formal y completa no había manera de socializar el estado de los juicios a los demás comisionados.

Sin embargo, ya al momento de que se instaló la sesión, se conoció que la Secretaría de la Asamblea ya había entregado los documentos correspondientes a los juicios anteriores. La asambleísta Aguirre dijo que pidió una revisión exhaustiva para garantizar que consten todos los archivos y que, por ello, no era viable que se tramite en esa cita.

Además, argumentó que los nuevos tres juicios ya habían sido calificados por el CAL, el pasado jueves 7 de diciembre, y que si la comisión no se pronunciaba, dentro del plazo de cinco días, como establece la ley, podían archivarse.

Esa interpretación de la presidenta de la Comisión de Fiscalización abrió un debate dentro de la mesa. Cinco asambleístas mostraron su preocupación de que no se respete el orden.

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"Hay juicios políticos que quedaron pendientes", enfatizó el asambleísta Ramiro Vela, de Centro Democrático, perteneciente a la bancada de ADN, y pidió que se elabore un informe para el procedimiento de los enjuiciamientos. Aseguró que las solicitudes del periodo actual podían resolverse hasta este 12 de diciembre, por lo que sugirió que se evalúe lo presentado y se proceda en el orden correspondiente.

En medio del debate sobre cuál era el procedimiento parlamentario adecuado, llegó a la mesa un criterio del Coordinador General Jurídico de la Asamblea Nacional en el que se expresa que para tratar los juicios políticos anteriores, al no haber solicitantes que ejerzan su rol de Asambleístas, la Comisión de Fiscalización debe informar del estado de dichos procesos al presidente de la Asamblea para que se ponga en consideración del Pleno.

"Sin embargo, mientras todo aquello sucede, no podemos quedarnos sin avocar conocimiento y calificar el juicio político al ministro Santos Alvite", aseguró la asambleísta Aguirre.

De inmediato, el secretario dio paso a la lectura de la moción en la que se planteaba la calificación del juicio político Santos Alvite. Los cuatro asambleístas correístas votaron a favor y los otros cinco integrantes en contra, la mayoría argumentó que aunque están de acuerdo con que se enjuicie al exfuncionario, lo correcto era primero tramitar lo del periodo pasado.

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De inmediato, se mocionó la reconsideración de la votación, que tras algunos minutos de suspendida la sesión, fue aprobada por todos los miembros. Sin embargo, para volver a votar la moción de calificar el juicio contra Santos, los consensos no alcanzaron y la mayoría se levantó de la mesa.

Lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización provoca un debate jurídico. Algunos asambleístas consideran que todavía no se ha despachado el juicio contra el exministro Santos, porque no debió tomarse en cuenta la votación en la que hubo cinco ausencias, ya que no había el cuórum reglamentario.

A otros, en cambio, les genera dudas que no se haya tramitado de manera oportuna los anteriores juicios. Por ejemplo, el asambleísta de Construye, Gabriel Bedón, que participó como oyente, insinuó que al no tomarlos en cuenta se puede interpretar que hay la intención de acelerar el proceso contra la fiscal Diana Salazar, impulsado por el correísmo.

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Aguirre le respondió que si ese fuera su interés, votarían a favor del archivo del juicio contra Santos y, por el contrario, lo respaldan.

Lo cierto es que el juicio político contra la Fiscal puede estar en noveno lugar o en segundo, de acuerdo a la interpretación de la presidenta de la Comisión.

En la conformación de esta Asamblea Nacional hubo un acuerdo entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y ADN. Con ello se logró la conformación del CAL y de las comisiones.

Ahora, con el enredo en el trámite de los juicios, ese acuerdo queda en entredicho.

Ya hay los primeros desplantes, pues los asambleístas de PSC y ADN no apoyaron al correísmo en el juicio contra Santos.

También se registró la primera contradicción pública, mientras Aguirre asegura que insistió que se le entregue la información de los expedientes y que esta llegó tarde, desde la Presidencia se precisa que se entregó a primera hora de este 11 de diciembre.

Esos malos entendidos se dan a puertas de que se tramite en primer debate la ley de urgencia económica presentada por el Ejecutivo.