La reforma tributaria se desmenuza en la Asamblea desde este 4 de diciembre

Esta semana la Asamblea Nacional tiene que agilizar el tratamiento de la reforma tributaria presentada por el presidente Daniel Noboa. Se trata de la ley económica urgente de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.

Es la primera propuesta que entrega el Ejecutivo al Legislativo, donde tiene relativo control, integrando una mayoría conformada por su bancada, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano.

Sin embargo, pese a que pinta un buen escenario para que se apruebe el proyecto, pasó casi una semana sin que se debata en el Consejo de Administración Legislativa. El detalle está en que la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse; es decir, le quedan solo 23.

La Unidad Técnica Legislativa elaboró un informe en el que se determinó que la propuesta está dentro del marco de la ley, es decir, que se ajusta al plan de desarrollo y que cumple con demás requisitos como el de unidad de materia.

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Con ese documento, el CAL calificó el proyecto. Los asambleístas miembros le asignaron a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para el tratamiento. En ese punto hubo expectativa, porque la unidad técnica recomendó que se entregue el proyecto a la comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

Ambas son integradas por nueve asambleístas, presididas por ADN y en las dos hay cuatro integrantes de esa bancada. Sin embargo, desde ADN se cabildeó para que llegue a la de Desarrollo Económico, donde la titular es la jefa de bancada, Valentina Centeno; a pesar de que la materia de la ley es tributaria.

Desde la asignación a la comisión, corre el plazo de 10 días para presentar al Presidente de la Asamblea las observaciones. Dentro de ese tiempo, debe considerarse cinco días para que se reciba a ciudadanos interesados en el proyecto y se recojan sus aportes.

La primera sesión para arrancar con el análisis es este 4 de diciembre, a las 10:00.

La comisión aprueba el informe para primer debate con la mayoría de sus miembros, el cual será incluido en el orden del día del Pleno de la Asamblea.

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Al término de cuatro días, a partir del cierre de la sesión, la comisión especializada deberá presentar a la Presidencia de la Asamblea Nacional, el informe para segundo debate.

En esa sesión se decidirá si se aprueba el proyecto íntegro, por capítulos o se archiva. Si no hay acuerdos y la Asamblea no emite pronunciamiento, al cabo de 30 días, la ley se aprobará como decreto.

Hasta el momento, ninguna bancada legislativa se ha opuesto a la propuesta.

ADN espera que la alianza que han conformado con el Partido Social Cristian y la Revolución Ciudadana se mantenga vigente hasta finales de este mes para conseguir los 70 votos que se necesitan para aprobar la ley.

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Esa alianza hasta el momento se ha mantenido firme en la conformación del Consejo de Administración Legislativa y en la conformación de las comisiones.

Sin embargo, cada bancada tiene su propia agenda, por lo que podría ponerse de por medio el respaldo a juicios políticos, como moneda de cambio. El correísmo, por ejemplo, ha planteado enjuiciar a la fiscal Diana Salazar, lo que tardará más tiempo que la aprobación de la ley.

Otro interés de la bancada más grande de la Asamblea está en la autorización que pidió el juez Luis Rivera para abrir un nuevo juicio penal contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, por presunto peculado en el caso de la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.

Entre otras propuestas, el objetivo es recaudar alrededor de USD 960 millones por la remisión de intereses, multas y recargos a deudores tributarios. Si los contribuyentes pagan el capital de la deuda, en un plazo determinado, se eliminará un porcentaje o la totalidad de los intereses.

La Asamblea tiene un rol determinante al momento de definir las condiciones para obtener el beneficio, porcentajes de remisión, o a qué tipo de deudas se aplicará.

Lo cierto es que la reforma tributaria plantea recaudar menos de lo que hoy por hoy representa el déficit fiscal, lo que supera los tres mil millones de dólares. Es decir, la medida por sí sola será insuficiente para atender las necesidades del Estado