Asamblea Nacional: La Comisión de Transparencia decidirá este viernes sobre informe de Progen

Este viernes, la Comisión de Transparencia del Legislativo, controlada por el oficialismo, decidirá si aprueba el informe de fiscalización sobre los contratos de generación eléctrica suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y las empresas Progen Industries y Austral Technical Management.

La sesión, prevista para las 20:00 y de carácter virtual, fue convocada por la presidenta de la comisión, Diana Jácome.

El caso Progen continúa bajo investigación. La Fiscalía General del Estado indaga un presunto delito de peculado dentro del denominado caso Apagón. Mientras tanto, el Estado ecuatoriano demanda a la empresa en Estados Unidos, luego de que fuera contratada para proveer motores de generación eléctrica en Salitral y Quevedo durante la crisis energética de 2024, compromiso que la compañía estadounidense no cumplió.

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El borrador del informe tiene 80 páginas. En el texto se incorporan los testimonios de exautoridades de Celec, como Fabián Calero, exgerente subrogante, hoy investigado por la Fiscalía, y Byron Orozco, exgerente de la unidad de negocio Termopichincha.

Lo que llama la atención es que ni la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ni Roberto Luque, exministro de Energía encargado, quienes estuvieron al frente cuando se firmaron los contratos, fueron llamados a comparecer.

En sus conclusiones, la comisión señala que las contrataciones emergentes para los proyectos de Salitral, Quevedo y Esmeraldas ya fueron sometidas a un examen especial de la Contraloría, que determinó responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y que la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones sobre estos hechos.

Sostiene que, a partir de lo analizado, no se identifican acciones u omisiones de autoridades públicas que constituyan incumplimiento de funciones y que puedan derivar en responsabilidad política, según lo dispuesto en la Constitución.

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Para aprobar el documento en la comisión se requieren cinco votos y, si eso sucede, se cerrará la puerta en la Asamblea para posibles juicios políticos a los ministros que intervinieron en la contratación.