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La corrupción es uno de los principales problemas que deberá enfrentar Ecuador con la llegada de un nuevo Presidente
El país requiere quebrar el círculo vicioso que se nutre de dos realidades: no tener un sistema que garantice transparencia en la gestión pública y tener una mayoría de su población que solapa, cuando no participa o cierra los ojos ante prácticas corruptas.
La historia del país y la corrupción han ido de la mano. En el sector público y privado está normalizada por la sociedad que en índices latinoamericanos, como el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, figura como el cuarto de América Latina, donde sus ciudadanos afirmaron haber sido perjudicados por la corrupción, pero donde se declaran tolerantes frente a ella.
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En 2022 un estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, determinó que siete de cada 10 personas consideran que los contratos con el Estado solo se ganan con dinero y contactos. Y el Centro Estratégico de Geopolítica estima que solo en 2021, en Ecuador se lavaron USD 3 500 millones, tres veces más que los USD 1 200 millones que se blanquearon entre 2007 y 2016.
En los últimos años, la corrupción se agravó: la Fiscalía General del Estado abrió, desde 2016 hasta 2024, 34 casos de corrupción con repercusión nacional relacionados con instituciones públicas y el sistema judicial. Algunos de los casos involucran a la mafia.
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Las causas
No hay un Sistema Nacional de Contratación Pública que garantice la transparencia de los contratos, muchos de ellos asignados con sobreprecios. Tampoco la administración cuenta con sistemas de control cruzados para que la gestión pública sea desempeñada con eficiencia y ética.
Los organismos de control, en general, son susceptibles de adecuar su función a lógicas políticas. La evasión y elusión tributarias y el lavado de activos son ejemplos de esos vacíos institucionales.
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La impunidad es alta por la venalidad de muchos jueces y nutre actividades corruptas en los sectores públicos y privados. Algunas de ellas, denunciadas por la Fiscalía, se han hecho públicas y tuvieron un alto impacto social entre 2023 y 2024: los casos Metástasis, Purga y Plaga.
Los parches
Los gobiernos han creado Secretarías de Transparencia, Lucha Anticorrupción, de Integridad o de Política Pública. Lenín Moreno creó incluso una Comisión de Expertos Internacionales que nunca funcionó.
El cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en la Constitución de Montecristi, inició en 2009 y su objetivo era luchar contra la corrupción, fomentar la participación ciudadana y elegir a las autoridades de control, pero en la práctica se convirtió en un escenario más disputa política y algunos de sus integrantes, incluidos presidentes, estuvieron involucrados en casos de corrupción.
Desde 2022 funciona la Unidad Judicial para delitos de corrupción y crimen organizado, conformada por 21 jueces, pero desde inicios de este año, en el caso Fachada, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a tres de ellos.
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También existe la Comisión Nacional anticorrupción que es ciudadana y que ha destapado casos de corrupción. Por eso, fue perseguida durante el correísmo. Se trata de una iniciativa civil que carece de recursos, de mecanismos legales para investigar instituciones públicas y tiene dificultades para concretar un relevo generacional.
La salida
El país requiere quebrar el círculo vicioso que se nutre de dos realidades: no tener un sistema que garantice transparencia en la gestión pública y tener una mayoría de su población que solapa, cuando no participa o cierra los ojos ante prácticas corruptas. La ley no es un referente que se respete y la impunidad sigue siendo la madre de muchos delitos. El país necesita un remezón cultural en este campo.
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Establecer un sistema transparente de contratación pública, con controles cruzados, va de la mano con institucionalizar los organismos de control y auditar la designación de los funcionarios públicos y su labor. El control anticorrupción tiene que ser institucional.
La relación de jueces con la mafia y con políticos corruptos pone de relieve la necesidad de evaluarlos desde su elección, al igual que a fiscales y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía. Las instituciones encargadas deben vigilar la procedencia del dinero que circula en el país.
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La campaña
Entre las soluciones que sugieren los presidenciables están la independencia de la justicia, depurar las entidades del orden y control, fortalecer la rendición de cuentas, evaluar constantemente a los funcionarios públicos y aumentar las condenas para delitos contra el Estado.
Los 16 candidatos aseguran que la justicia y el combate de la corrupción serán prioridad en su gobierno. Aunque no todos dan detalles el modo, el sistema y el tiempo que tomará hacer esos cambios y cómo evaluarlos.
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