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Petroecuador seguirá al frente del Campo Sacha, mientras el Gobierno sigue con negociaciones para delegar su administración
La ministra de Energía, Inés Manzano, además del consorcio Sinopetrol, están interesadas empresas de Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes, además de la colombiana Ecopetrol.
Petroecuador seguirá administrando el Campo Sacha y las inversiones para sostener su producción crecerán. Esa es la primera decisión que tomó el Gobierno después de que fracasó el acuerdo con Sinopetrol para entregarle el campo por los próximos 20 años.
La administración de Petroecuador en el campo no será permanente. El Gobierno invitará nuevamente a empresas que muestren su interés en hacerse cargo del campo.
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El martes 11 de marzo, la ministra de Energía, Inés Manzano, y el gerente de Petroecuador, Roberto Concha, mantuvieron la primera reunión para planificar la intervención en Sacha y un plan de transición. El primer compromiso es aumentar las inversiones para producción que actualmente están en USD 65 millones por año, según informó el viceministro de hidrocarburos, Guillermo Ferreira
No se ha fijado el monto en que estas inversiones crecerán, ni el objetivo que se quiere alcanzar, tomando en cuenta que con la inversión actual la producción se mantiene en 75 000 barriles diarios.
Empresas de cuatro países mostraron interés por el Campo Sacha
En esta nueva etapa, el Gobierno deberá decidir qué figura usará para delegar la administración del campo.
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Si se inclina por invitar a empresas públicas extranjeras, la negociación será más corta y permitirá la entrega directa de Sacha. Si la decisión es abrir una licitación para empresas privadas extranjeras, los procesos pueden alargarse.
Según informó la ministra de Energía, Inés Manzano, además del consorcio Sinopetrol, están interesadas empresas de Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes, además de la colombiana Ecopetrol, aunque no dio más detalles sobre el avance de las negociaciones.
Sin importar la definición, en el Gobierno saben que cualquier negociación quedará para después de las elecciones presidenciales de abril y durarán al menos tres meses.
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