Crisis en Nepal: Renuncia el Primer Ministro, 19 fallecidos, y el Parlamento Federal en llamas tras la censura de las redes sociales

Nepal está sumido en una profunda crisis política que culminó este martes con la renuncia de su primer ministro, K.P. Sharma Oli. La dimisión llega como consecuencia de una ola de protestas masivas, reprimidas con una violencia que dejó un saldo de al menos 19 muertos y más de 300 heridos, desatando el caos en la nación del Himalaya.

En su carta de renuncia, Oli manifestó que su decisión busca "adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país". Su salida marca el fin de su cuarto mandato, interrumpido por el clamor popular.

El detonante de la furia ciudadana fue la decisión del gobierno, la semana pasada, de bloquear el acceso a las principales plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, X y YouTube. La medida se justificó argumentando que las empresas no cumplieron con una nueva directiva que las obligaba a registrarse oficialmente en el país.

La respuesta no se hizo esperar. Liderados por la autodenominada Generación Z, miles de jóvenes salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades. Las protestas, que inicialmente denunciaban el nepotismo y la corrupción bajo etiquetas como #NepoKid, encontraron en la censura digital la chispa que encendió la pradera.

La situación escaló rápidamente el lunes, cuando las manifestaciones pacíficas fueron recibidas con una fuerza desmedida por parte de las autoridades. La policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y, finalmente, fuego real para dispersar a las multitudes que rodeaban el Parlamento.

El balance humano fue trágico. Hospitales como el Centro Nacional de Traumatología de Katmandú se vieron desbordados por la llegada de heridos, muchos de ellos en estado crítico. Médicos del centro confirmaron que la mayoría de las víctimas mortales presentaban heridas de bala en la cabeza y el pecho.

La noticia de las muertes transformó la protesta en un estallido de ira. Cientos de manifestantes lograron superar las barreras de seguridad, penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal, en una de las jornadas más violentas que se recuerdan en la historia reciente del país.

La furia no se detuvo ahí. Las residencias privadas de varios de los principales líderes políticos de Nepal, incluyendo la del propio primer ministro Oli y las de otros dirigentes del Congreso Nepalí y del Partido Comunista, fueron incendiadas por los manifestantes, que desafiaron el toque de queda impuesto en la capital.

La esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, murió tras ser incendiada dentro de su vivienda en Katmandú. También el ministro de Finanzas fue arrastrado y golpeado por manifestantes en la calle, y posteriormente fue lanzado a un río cercano.

Antes de la renuncia de Oli, el gobierno ya se desmoronaba por dentro. Al menos cinco ministros, entre ellos los titulares de Interior y Agricultura, dimitieron de sus cargos en protesta por la gestión de la crisis y la brutal represión policial.

Ramnath Adhikari, ministro de Agricultura, acusó al gobierno en su carta de renuncia de exhibir un "comportamiento dictatorial". Afirmó que no podía "soportar permanecer en el poder sin buscar respuestas sobre cómo una generación que debería haber colaborado para construir el país fue tratada como en una guerra".

En un intento desesperado por calmar la situación, el gabinete se reunió de urgencia en la madrugada del martes y decidió suspender la prohibición de las redes sociales. Sin embargo, la medida llegó demasiado tarde; la violencia ya se había cobrado un precio demasiado alto y la confianza en el gobierno estaba rota.

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Este episodio en Nepal, aunque extremo, no es un caso aislado. Según un reciente informe de la organización Freedom House, la libertad en internet a nivel mundial ha disminuido por decimocuarto año consecutivo en 2024, a medida que más gobiernos buscan controlar la expresión en línea.

Aditya Vashistha, profesor de la Universidad de Cornell, señaló que el gobierno nepalí parece estar siguiendo "un libro de jugadas ya muy establecido" en la región. Países vecinos como India y Pakistán han implementado leyes similares para someter a las plataformas digitales a un mayor control gubernamental, a menudo bajo el pretexto de combatir la desinformación.

Desde Freedom House, el analista Kian Vesteinsson reconoce que los gobiernos tienen un interés legítimo en regular las redes sociales, pero advierte que "los bloqueos generalizados, como forma de imponer una serie de normas, dan lugar a daños desproporcionados", coartando derechos fundamentales.

Como respuesta directa a la censura, los ciudadanos de Nepal recurrieron masivamente a la tecnología. La empresa Proton, proveedora de servicios cifrados, informó de un aumento del 8.000% en el uso de sus redes privadas virtuales (VPN) en el país, un método que permite a los usuarios enmascarar su ubicación para eludir las restricciones.

No obstante, los expertos advierten que las VPN no son una solución definitiva. Su costo, la posible lentitud y la falta de acceso para una gran parte de la población limitan su eficacia como herramienta para garantizar el acceso universal a la información.

La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. La Unión Europea condenó enérgicamente la muerte de manifestantes, exigiendo a las autoridades nepalíes "tomar todas las medidas necesarias para proteger vidas" y llevar a cabo una investigación independiente sobre los hechos.

Con la renuncia del primer ministro, Nepal entra en un período de profunda incertidumbre. Mientras se busca una solución política a la crisis, las calles permanecen bajo un toque de queda y la Generación Z ha dejado claro que no tolerará que se silencie su voz, ni en las calles ni en el mundo digital.

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